El Arco Minero tiene más de 75 años, pero si es el futuro

La explotación de nuestros arcaicos yacimientos minerales no es un incoherente invento del Presidente Maduro, ya que el Programa de Gobierno para la República Bolivariana de Venezuela presentado por el Presidente Hugo Chávez en 1998, contemplaba dentro del "Equilibrio Económico" al Sector de la Minería, sobre el cual propone lo siguiente: "Fortalecer el sistema de planificación del sector minero, estrechando sus vínculos con el Sistema Nacional de Planificación." "La minería es una actividad económica de gran potencial, en virtud de los enormes yacimientos existentes en el país". "El Estado debe continuar la reestructuración del sector y el fortalecimiento del Ministerio como ente rector."

La Geografía se ocupa del estudio del espacio terrestre y sus componentes, donde el humano es el más importante, por lo que la relación humano-territorio es el objetivo final. Existe una realidad sociocultural asociada a la actividad minera que debe ser estudiada para definir una planificación coherente y respetuosa de los derechos e intereses de toda la población, a fin de consolidar la ocupación y uso de los territorios en el Arco Minero de manera humana y ecológicamente armónica y conveniente.

La ordenación del territorio es el resultado de la planificación espacial, la cual precisamente consiste en promover las actividades que deben implementarse en cada espacio en función de sus potencialidades, sin obviar la realidad allí existente para el momento de la planificación. Es la expresión de lo que en Geografía se ha denominado la "especialización de los espacios", lo que quiere decir que cada espacio debe ser utilizado de acuerdo a sus cualidades particulares, las cuales vienen dadas por su localización geográfica, sus características físico-naturales y las condiciones particulares de su población. Estos factores deben ser la base para definir el uso específico que se le debe asignar a cada espacio.

Para llegar a la ordenación del territorio se requiere de la elaboración del correspondiente diagnóstico geográfico y la definición de la imagen tendencial de ese espacio. Estas investigaciones constituyen el fundamento para posteriormente definir la imagen objetivo, es decir la elaboración de la planificación de cada espacio geográfico, en función de lo real y lo ideal. Esto es lo que seguramente se ha realizado para definir el Motor Minero.

Para pesar de los arcaicos y estólidos de 75 años y sus afines del pre-cámbrico, por fin se asume que el problema de la minería en el Estado Bolívar, no se soluciona con planes de paralización de la actividad, sino más bien con la asignación de áreas bajo control del Estado, y con acato a la normativa ambiental, lo cual proporcionará la estabilidad y el asentamiento territorial del pequeño minero y su familia, permitiendo el fortalecimiento de los centros poblados y el establecimiento de nuevos desarrollos poblacionales con mejores niveles de vida, cuya base la constituye la actividad minera, por lo que deberán asumirse las directrices del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y del Plan Nacional de Ordenación del Territorio y otros conexos, considerando las potencialidades y restricciones de nuestro espacio geográfico.

 

La realidad de la población que ejerce la pequeña minería debe formar parte en la planificación y gestión de la ordenación del territorio nacional. Sin embargo, tradicionalmente ésta había sido ignorada y excluida de la planificación espacial, siendo una demostración de la fantasía que había rodeado a muchos planes de uso y ocupación del territorio, los cuales se han caracterizado por ignorar u obviar la presencia de esa población en nuestros espacios ricos en reservas minerales, decretándose otros usos que en vez de procurar asentarla e integrarla en esos territorios ya ocupados para aprovechar ese potencial, han planteado su expulsión y/o cambio de uso, y se le ha denominado "minería ilegal", aunque ésta constituye la principal actividad económica de muchos centros poblados del Estado Bolívar. Esta ignorancia ha traído como consecuencia la falta de control y el gran desorden que existe principalmente en la región Guayana, donde el uso permitido en algunas Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (en particular las Reservas Forestales), aunado al uso minero ocasionan gran deterioro del medio ambiente, de la población indígena y de la misma población minera, caracterizando a estos espacios.

Las condiciones de vida de la población en el Arco Minero de la región Guayanesa nos pone en evidencia la necesidad de prestar atención al sector de la pequeña minería o minería artesanal , más bien fortalecerla para que nuestras mujeres y hombres mineros (que no son "garimpeiros", ni delincuentes, ni extranjeros) y que viven en condiciones miserables padeciendo todo tipo de vicisitudes en este oficio, se conviertan más bien en garantes de nuestra soberanía nacional y de la economía local. Este oficio motorizador de la vida local, de desaparecer, ocurriría que los centros poblados como El Dorado, Tumeremo, Las Claritas, etc. morirían de pobreza, tristeza y desolación.

Así como existe la pesca industrial y la artesanal donde tambien se manifiesta la pesca ilegal incontrolada por practicarse en espacios inaccesibles, la minería en nuestros territorios remotos tambien puede existir de manera industrial y artesanal, si superamos el tradicional empeño en negar u obviar la existencia de esa población minera (venezolana en su mayoría e indígena tambien). Es necesario asumirlos bajo una óptica distinta a la actual, empezando por considerarlos como una fuerza de producción y de defensa de nuestra nación y no como una miserable y despreciable población, pretendiendo que van a cambiar sus actividades tradicionales sin resistencia, como por ejemplo precisamente se intentó con la "Reconversión Minera" en el pasado.

En Venezuela, las zonas limítrofes en una elevada superficie coinciden con los territorios menos estudiados y conocidos, ocupados ancestralmente por aborígenes que sobreviviendo los últimos 500 años, aún se encuentran ante un problema irresoluto de la propiedad de la tierra, por lo que es necesario que se impulse de una vez por todas el reconocimiento de las tierras indígenas, lo cual es un elemento que, de no tomarse en cuenta, continuará ejerciendo gran presión sobre la toma de decisiones, la planificación en el uso del espacio y el aprovechamiento de los recursos naturales, como es el caso del Arco Minero.

Ahora más que antes, es imperativa la elaboración de un catastro de los espacios ocupados por comunidades indígenas y comunidades mineras, para definir la propiedad de la tierra donde existen yacimientos minerales con potencial de aprovechamiento, con el propósito de determinar los espacios que podrían otorgarse en propiedad colectiva a estas comunidades, lo cual traerá por resultado el establecimiento del control minero, el orden territorial y el ejercicio de la soberanía nacional, contribuyendo a la vez con la elaboración del catastro nacional al obtenerse el inventario de los bienes inmuebles, su localización geográfica y legalidad de los terrenos en las zonas mineras del país.

El fortalecimiento de estos espacios es indispensable y es urgente. Para ello debe implementarse una política de poblamiento que implique la presencia del Estado Venezolano para contrarrestar el dominio que sobre esas zonas puedan ejercer los habitantes de origen foráneo, mientras la débil presencia Venezolana se somete a todo tipo de irregularidades e injusticias hoy día intolerables. Lo ideal es que la población se estabilice en el espacio y constituya nuevos centros poblados para el desarrollo, a través de la autogestión, utilizando el aprovechamiento de los recursos minerales como base de ese desarrollo, para posteriormente ir diversificando las actividades humanas en función de otras potencialidades de cada lugar (especialización espacial).

Insisto, es importante comenzar por dar acceso a la legalidad de los mineros venezolanos y a fortalecer a los indígenas, considerando que la población venezolana existente en estos territorios es la minera y la indígena, no se puede pretender fortalecer la presencia del Estado y garantizar soberanía nacional, sino a través de lo que hay: esa población, la cual además de cumplir la función de guardia territorial, aportará gran provecho al desarrollo del país, ya que la seguridad y defensa del territorio depende de la presencia humana y estos espacios remotos, inhóspitos y deshabitados están expuestos a la penetración foránea, en especial al considerar el límite con el Territorio Esequibo.

Por último es imperativo garantizar que las empresas mineras no se constituyan en un agente depredador de la naturaleza o de exterminio de la población local, y mucho menos de penetración foránea subrrepticia con intereses geopolíticos, como ha ocurrido en el pasado.

Geóg. 

C.G.V. 700



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