Sabino, a los 3 años y 8 meses de su asesinato

Pese a la promesa de la Fiscal General de la República, Dra. Luisa Ortega Díaz de hacer justicia, aún el Ministerio Público no ha iniciado la apertura del juicio contra los actores intelectuales de la muerte del Cacique Yukpa Sabino Romero Izarra, a saber los ganaderos de Machiques.

Pese a tal irregular circunstancia, los familiares y su pueblo guerrero, así como una parte del movimiento popular nacional e internacional tiene prohibido descansar hasta ver dicha justicia. Los ganaderos deben ir a la cárcel por asesinos. Pues el sicario Manguera y sus compinches policías de Machiques no prepararon la emboscada con premeditación y alevosía, y dispararon contra Sabino Romero Izarra, esposa e hijo si un grupo de los ganaderos de Gadema no les hubiese contratados y cancelado tal crimen.

Aún el problema de la tierra no está resuelto del todo, razón por la cual asesinaron al Cacique Yukpa Sabino y otros tantos habitantes indígenas del Yaza, para un total de nueve, entre ellos los hijos de Carmen Fernández: Alexander, José Luis y Cristóbal Fernández Fernández, este último menos de edad asesinado por un grupo de Guardias Nacionales Bolivarianos asentados en un puesto militar de la carretera que conduce al Tukuko.

La situación en la Sierra de Perijá está peor que antes

Dado el abandono de los gobiernos local, regional y nacional de toda la zona fronteriza, en especial de los pueblos indígenas; y la inexistencia de una adecuada política en esta zona física cultural del Zulia con la República con Colombia, hoy los indígenas viven la violación permanente de sus derechos humanos sociales y políticos, así como los derechos económicos, sociales y culturales contemplados en el derecho interno y en los pactos firmados a nivel regional e internacional, llamase Organización de los Estados Americanos (OEA) y de Naciones Unidas(ONU), así como el Convenio 169 con la OIT.

Hoy el pueblo Yukpa en general y en el sector donde nació y vivió Sabino en particular, el hambre y la miseria, las enfermedades y la delincuencia organizada colombiana marca su modo y calidad de vida; tal es el deterioro y el abandono gubernamental que podríamos afirmar sin temor a exagerar que los jóvenes Yukpa no tienen futuro hoy, en especial para los que no quieran vivir de la agricultura y la ganadería exclusivamente, así como para los que si quieren y desean vivir de la tierra, tal como es el dictado de su tradición e historia milenaria.

Sumado a la crisis ética, política y económica que vive el país, esta realidad fronteriza los obliga hoy a sumarse al circuito delincuencial organizado impuesto desde Colombia, a asumir tareas en un abanico delincuencial que le presenta y obliga los factores armados colombiano que hoy tienen tomado sus territorios con la mirada cómplice del Estado, llámese éste alcaldía, gobernación o tren ministerial.

No hay política indígena por parte del Estado Gobierno Venezolano

La única política permanente por parte del Estado a lo largo de la existencia de Venezuela como nación ha sido el asistencialismo precario y la integración compulsiva de los pueblos y comunidades indígenas a la sociedad nacional y mundial. Por ello la existencia de la estructura única de los consejos comunales como aparato opresor impuesto dinamizador del Estado burgués al interior de la cotidianidad de los pueblos y comunidades indígenas.

Todo líder indígena para estar enterado del porvenir de su familia o de su comunidad debe formar parte de una UBCH, o Sala de Batalla. De lo contrario quedará fuera del circuito político económico local, regional y nacional. Además debe estar sometido a las reuniones convocadas por los grupos armados afiliados muy discretamente a la alcaldía y a la gobernación en todo caso, o algún ministerio, o institución del Estado Nacional. Desde allí, desde estas reuniones se determina la dinámica de una UBCH, o Sala de Batalla como es el caso del municipio Mara, o las acciones a dinamizar la vida comunitaria como es el caso del municipio Machiques de Perijá. Estas reuniones son la bisagra del bien y el mal, de lo ilícito y de lo estatal; desde allí en nombre de la Paz si diseña la vida cotidiana como si cada comunidad fuese un campamento miliciano. De lo contrario es ahogado política y económicamente con su familia o comunidad, o se desplaza, o muere. El código de ética es el militar, no el de su grupo étnico amerindio.

Este asunto ideológicamente lo encaminará la ministra de los pueblos indígenas

Se sobreentiende que estamos hablando de las violaciones de todos los derechos humanos del Hombre, de una sistema colonial, de un circunstancia de guerra, no para la paz. De un sometimiento masivo, de un etnocidio.

El primer caso es discutir con la ministra Aloha Núñez, pues ella fue nombrada por el Presidente de la República además de Ministra de los Pueblos Indígenas, ministra de la Descolonialidad. Pero además se debería llevar estos casos fronterizos mientras esta discusión transcurra a los ministerios de la Defensa y de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.



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