Un comisionado, es en principio un individuo al que se le ha conferido un encargo oficial específico dentro de una comisión o institución. En la práctica, este título puede referirse a una variedad de altos funcionarios públicos con autoridad delegada, como los comisionados de policía o aquellos que integran comisiones evaluadoras en procesos estatales. En el contexto de las funciones públicas y la contratación estatal, el rol del comisionado es particularmente definido y conlleva obligaciones estrictas. Por ejemplo, en procesos de licitación pública, los comisionados que forman parte de una comisión evaluadora tienen el deber de Actuar con estricto apego a la ley y a los criterios establecidos, evaluando objetivamente las propuesta, verificando el cumplimiento de requisitos. Declara y debe abstenerse de participar en cualquier conflicto de interés, real o aparente, y

es responsable de los dictámenes y decisiones que emita.

Hay una desviación de la Función pública del Comisionado al "Cobrar Comisiones por servicios prestados". La corrupción surge cuando un funcionario, como un comisionado, utiliza su posición de poder para su beneficio. Historicamente en Venezuela, esta desviación tomó una forma particular al normalizar el pago de "comisiones" ilegales para agilizar o garantizar trámites y contratos.

Una pregunta clave seria, ¿Cómo se institucionalizo esta práctica?. Esta respuesta combina factores estructurales, económicos y culturales, muchos de los cuales se arraigaron profundamente en el siglo XX y se exacerbaron en décadas recientes, cuando revisamos el funcionamiento de instituciones y empresas básicas, se nota una clara complicidad entre jefes, gerentes, supervisores, sindicalistas y trabajadores. Ante éste flagelo historio que hoy en dia es una cultura institucionalizada, Venezuela construyó un Estado paternalista y omnipresente, financiado por la renta petrolera, que distribuía enormes recursos con poca exigencia de transparencia o rendición de cuentas, de las y los funcionarios a la ciudadania. Venezuela se ha caracterizado por ser un "Estado Rico y Poco Transparente", con una concentración de poder en la rama ejecutiva, y la falta de separación de poderes reales crearon un entorno con alto nivel de discrecionalidad y bajo escrutinio, un caldo de cultivo ideal para la corrupción al ser un Estado bajo un Control Ejecutivo Discrecional, sus Mecanismos creados para administrar la abundancia se convirtieron en fuentes masivas de desfalco. Un caso muy emblemático fue la oficina de control de cambio CADIVI, la cúal, "fue una fuente de corrupción muy grande en nuestra historia contemporanea hecha legal". Allí, se asignaban dólares preferenciales a empresas de maletin. y en condiciones opacas, desviándose miles de millones. La ausencia de sanciones efectivas empujaron a las llamadas clase medias a corromper a funcionarios y a la sociedad, por tener acceso a divisas de forma fácil con un bajo riesgo a ser sancionados. Se institucionalizo la bicicleta cambiaria en las islas del caribe y panama, desangrando y haciendo ricos a delincuentes con el avar de funcionarios corruptos cobrando sus comisiones. Se estima que alrededor del 90% de las estafas con la adquisición de dolares viajeros a traves de tarjetas de credito quedaron impunes, patrón que se ha repetido en grandes casos de corrupción política y de empresarios privados que se hicieron ricos pagando comisiones. Se ha venido desarrollando una cultura donde "el sistema te impide hacer las cosas por el camino legal", incentivando el soborno ("pagar pa'l refresco"). Además, prevalece una moral personalista, donde se valora más "agruparse entre amigos y jugar al vivo" que actuar bajo principios éticos comunitarios y revolucionarios..

La Comisión Formal vs. La "Comisión" Corrupta

La siguiente tabla resume la transformación del concepto:

La figura del comisionado se desvirtúa cuando las garantías institucionales (ley, transparencia, controles) son reemplazadas por un sistema que opera en la opacidad y prioriza el trafico de influencias y las lealtades personales sobre el interés público. La llamada "comisión" dejó de ser un cargo para convertirse en la práctica misma de la corrupción, en un impuesto ilegal, que se paga sin escrupulos ni verguenza, para poder mantenerse en funciones en un Estado de conmoción y una crisis economica que justifica la corrupción de funcionarios que controlan casi todo con arbitrariedad, y sin tapujo han creado un estado paralelo administrado con favores, prevendas y privilegios. La institucionalización de este sistema no fue un evento, sino un proceso de degradación continuo, que ha alcanzado una gran escala en el siglo XXI, llegando a conformar una "súper red, conformada por nuevos ricos BOLIBURGUESES y ROBOLUCIONARIOS" corrupción con miles de complices que data desde la creación de la Segunda República (1813-1814), con registros de corrupción administrativa de gobernadores y comisionados que se enriquecieron con el cobro de impuestos, la evidencia documental sólida de estos mecanismos se consolida a finales de los siglos XIX y principios del XX.

El decreto de nuestro Libertador Simón Bolívar de 1824 en Perú, "Guerra a muerte contra los corruptos", es un testimonio temprano y radical de la lucha contra este mal, que lamentablemente demostró ser persistente y adaptable.

El Decreto del Libertador Simón Bolívar contra la Corrupción (1824)

El 12 de enero de 1824, mientras actuaba como Dictador Plenipotenciario del Perú y Presidente de la Gran Colombia. El Libertador emitió un severo decreto para combatir la corrupción.

Artículo 1°: Todo funcionario público convicto de malversar o tomar para sí fondos públicos por un monto de diez pesos o más, sería sujeto a la pena capital (muerte).

Artículo 2°: Los jueces que, teniendo competencia, no procedieran a aplicar este decreto, serían condenados a la misma pena.

Artículo 3°: Se concedía a todo individuo el derecho de acusar a funcionarios públicos por este delito.

Esta medida buscaba frenar el saqueo administrativo y la falta de probidad en la administración de la Hacienda Pública.

En el Decreto de marzo de 1824, El Libertador aplicó la pena de muerte a empleados de aduanas, resguardos y capitanías de puerto que actuaran con fraude.

Bolívar emitió un Reglamento de Hacienda Pública (1827) para organizar la administración y combatir el desorden financiero.

Nuestro Libertador Simón Bolívar impulsó la nacionalización de minas, la distribución justa de la riqueza y el castigo de la confiscación de bienes.

Nuestro Libertador Simón Bolívar justificó esta medida "extraordinaria y fuerte" señalando que la "escandalosa dilapidación" de los fondos públicos era una de las principales causas de los desastres que sufría la República, definiendo la corrupción como "la violación del interés público". Estas leyes y decretos se mantuvieron vigente durante 39 años, hasta su abolición en 1863.

¿Cuál será el lado oscuro de los políticos que dicen ser revolucionarios y traicionan al pueblo en reiteradas ocasiones cuando logran obtener altos cargos de dirección dentro del Gobierno?

La historia os demandará, pero seria mejor que blindemos nuestra administración pública con leyes contra malas constumbres que se han hecho parte de nuestra cultura republicana.

La Imperante necesidad de impulsar la creación del Consejo Nacional de Contraloria Social seria una herramienta que empodere de manera real al poder popular, como garante del sano funcionamiento de las instituciones del estado.

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS ES LA CLAVE PARA EL BUEN GOBIERNO EN LA TRANSFORMACIÓN DE UN ESTADO QUE GOBIERNE OBEDECIENDO AL PUEBLO

¡Viva la Patria de Bolívar y Chávez..!

Vacilar es claudicar - Patria o Muerte, Venceremos

REVOLUCIÓN ES HACER MÁS REVOLUCIÓN, SINO PERECEREMOS

AL FRAGOR DEL COMBATE SE MIDEN LAS LEARTADES Y LA CAMARADERIA

No podemos optar entre vencer o morir, necesario es vencer... Nosotros Venceremos.