La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió este lunes una nueva licencia que posterga el proceso de ejecución sobre la refinería Citgo. La medida, formalizada bajo la Licencia General N° 5U, autoriza a los tenedores de bonos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) con vencimiento en 2020 a realizar operaciones comerciales solo a partir del próximo 20 de marzo de 2026.
Por consiguiente, el gobierno estadounidense mantiene bloqueada la subasta forzosa de las acciones de la filial venezolana, impidiendo temporalmente que los acreedores tomen control del activo más estratégico del país en el exterior. En la práctica, esta decisión del Departamento del Tesoro suspende el derecho de los acreedores a invocar el sistema judicial estadounidense para cobrar deudas pendientes mediante la liquidación de la empresa.
Cabe destacar que, apenas el pasado 28 de enero, el Gobierno venezolano denunció que la «venta ilegal» de su principal activo bajo el control de agentes vinculados a sectores de la ultraderecha ya se encontraba en su fase final con el visto bueno de Washington. No obstante, esta prórroga de última hora otorga un breve respiro jurídico mientras las autoridades de Caracas continúan señalando el procedimiento como un acto de piratería moderna.
Un proceso judicial cuestionado
Debido a la naturaleza del litigio, el Ejecutivo Nacional insiste en que el proceso judicial que derivó en la autorización de remate de la empresa Citgo fue completamente fraudulento. Según las denuncias oficiales, la justicia de Delaware excluyó deliberadamente a la nación venezolana, impidiéndole ejercer su legítimo derecho a la defensa y a la representación soberana. En consecuencia, el Estado venezolano rechaza cualquier transacción que resulte de este mecanismo, calificándolo como un despojo orquestado para favorecer intereses corporativos y grupos políticos de oposición que solicitaron las sanciones económicas.
Además, la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostiene que la infraestructura de la refinadora capaz de procesar 830.000 barriles diarios resulta vital para la estabilidad energética y económica del país. Por esta razón, el canciller Yván Gil subrayó recientemente que el embargo petrolero iniciado en 2019 solo buscaba asfixiar las finanzas públicas. Por otra parte, la nueva licencia 5U reemplaza a la anterior 5T, manteniendo la prohibición de transferir acciones o garantías relacionadas con los bonos PDVSA 2020 hasta que venza el nuevo plazo fijado para marzo.
Soberanía y defensa de activos
Mientras tanto, Caracas mantiene una vigilancia constante sobre los movimientos del Departamento del Tesoro, reafirmando que el pueblo venezolano no reconocerá ninguna venta que no cuente con el aval de las instituciones constitucionales. Al mismo tiempo, el gobierno trabaja en el fortalecimiento de la producción nacional para contrarrestar los efectos de las medidas coercitivas. De igual importancia es el hecho de que, pese a la presión de los acreedores, la diplomacia venezolana continúa sumando apoyos internacionales para denunciar la ilegalidad del remate y la violación de la inmunidad soberana de los activos estatales.
En conclusión, con esta nueva prórroga, se posterga momentáneamente el despojo definitivo de la refinadora, mientras el Estado venezolano reafirma que la justicia estadounidense actúa de espaldas a la legalidad internacional. En definitiva, la nación entera aguarda el desarrollo de este conflicto jurídico, reiterando su postura de que la única vía posible es el respeto a la propiedad venezolana sobre Citgo.