Por la Solucion Pacifica y Democrática de la Grave Crisis Venezolana
Venezuela atraviesa desde hace varios años una grave crisis política, acentuada al máximo cuando el régimen de Nicolás Maduro desconoció los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, ejecutó un monumental fraude y se autoproclamó ganador, con la complicidad del TSJ y del CNE, fraude que terminó de consumarse el pasado 10 de enero, al “juramentarse” por un nuevo período de gobierno.
La reacción espontánea del pueblo venezolano ante este fraude, fueron las manifestaciones de calle los días 29 y 30 de julio del 2024, exigiendo se publicaran las actas y se respetara la mayoritaria votación que obtuvo el candidato opositor Edmundo González Urrutia, según lo observado en las mesas y en miles de videos donde dan los resultados hasta los mismos militares del plan República. El régimen de Maduro respondió desatando una brutal represión contra las manifestaciones pacíficas, resultando más de 20 ciudadanos fallecidos, y más de 2.000 detenidos.
A partir de ese momento, Venezuela vive, de hecho, un estado de excepción. Aunque han sido liberados varios centenares de los manifestantes detenidos desde ese momento (contra quienes, no obstante, se mantiene en desarrollo el proceso judicial), también han sido detenidos otros centenares de activistas de oposición, incluyendo destacados líderes democráticos, como Enrique Márquez.
El resultado electoral forzado, con Nicolás Maduro como presidente “electo”, se ha impuesto con base en el terror, aplicando secuestros y desapariciones como norma de conducta policial, política represiva que recientemente ha denunciado, entre otros, el gobierno de Noruega. La supresión total del debido proceso judicial para los detenidos; la desaparición, el aislamiento, la negativa a tener abogados privados, la falta de acceso a los expedientes, todo ello ampliamente denunciado por familiares y demás allegados a los afectados, son la norma de conducta que aplica el gobierno contra los casi mil detenidos políticos que actualmente existen en las cárceles venezolanas.
En este contexto, se presentan recientemente las actuaciones del gobierno de los Estados Unidos, al declarar al llamado “Cartel de los Soles” como organización narcoterrorista, y movilizar en función de ello a una flota naval hacia el mar Caribe, con el supuesto objetivo de “combatir el tráfico de drogas” que dicen realiza el mencionado “Cartel” (que estaría, según ellos, dirigido por el gobierno de Nicolás Maduro). Un resultado inmediato de la presencia de las unidades de guerra norteamericanas, lo constituye el anuncio que acaba de hacer el gobierno norteamericano, teniendo como vocero al propio presidente Trump, de la voladura, con un misil, de una lancha que estaría supuestamente transportando drogas, aunque el gobierno de Maduro ha respondido diciendo que es un montaje basado en un video creado con inteligencia artificial. Estos hechos se empalman con los juicios que años anteriores abrió la fiscalía de Estados Unidos contra Maduro, Cabello y otros altos jefes del gobierno venezolano, acusados de narcotraficantes, y por los cuales se ofrece una recompensa, la cual recientemente aumentó, en el caso de Maduro, hasta los 50 millones de dólares.
Pensamos que esta movilización militar estadounidense, más que representar una lucha contra el narcotráfico, representa una presión injerencista inaceptable que busca provocar un cambio de gobierno en Venezuela. Las características de estas naves militares movilizadas hacia el Caribe, no corresponden con lo que se necesita para combatir el tráfico de drogas por vía marítima, pero sí responden a una capacidad militar de intervención que puede ejecutar ataques contra el territorio venezolano o de cualquier otro país latinoamericano.
Ante esta compleja realidad, exponemos nuevamente lo que por años hemos defendido como programa político para afrontar y superar la crisis venezolana:
1) Rechazamos todo tipo de injerencia extranjera como forma de supuestamente solucionar la crisis venezolana. Si bien defendemos que Venezuela mantenga cordiales relaciones políticas y económicas con todas las naciones del mundo, rechazamos que las grandes potencias, y cualquier otro país, intervengan de manera pública o encubierta, en los asuntos internos de nuestra nación.
2) En concordancia con ello, rechazamos las recompensas ofrecidas por el gobierno de Estados Unidos por la captura de funcionarios venezolanos, e igualmente rechazamos una posible intervención armada de esta superpotencia, que se proponga un cambio de gobierno en Venezuela. La movilización naval que ejecuta el gobierno de Trump es una amenaza inaceptable, y debe ser repudiada por todo el pueblo venezolano, pues su verdadero objetivo es aumentar los niveles de intervención estadounidense en América Latina. Rechazamos estas amenazas, que implican la continuidad de una política exterior supremasista estadounidense, basada en la doctrina Monroe, que nos considera como su “patio trasero”, de la cual ya hace doscientos años nos advertía el Libertador Simón Bolívar.
3) Consideramos que la salida del poder de Nicolás Maduro es una necesidad como paso imprescindible para dar solución a la crisis venezolana. Maduro perdió de manera aplastante las elecciones del 28 de julio de 2024. Su permanencia en el poder lo ha convertido en un gobierno autoritario de facto, violentando la soberanía popular y aniquilando la Constitución de 1999. Pero esta salida del poder de Maduro debe producirse de manera pacífica y soberana, mediante la presión popular y la resistencia civil pacífica en las calles, el diálogo y la negociación, retomando los mecanismos democráticos contemplados en la Constitución.
4) La gravísima situación que hemos descrito tiene un elemento en común: la vulneración de nuestra soberanía, por parte de dos diferentes actores. Por un lado, la amenaza, por parte del gobierno de EEUU, de violación a nuestra soberanía como Nación, establecida en el Artículo 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), que ya comienza a dejar de ser sólo una amenaza para convertirse en hechos cumplidos, con la destrucción de una lancha venezolana en aguas internacionales del Caribe y la muerte de once tripulantes, así como las amenazas contra aviones de nuestra Fuerza Aérea que sobrevolaron las naves de la armada de EEUU en aguas internacionales. Por otro lado, la violación descarada de la soberanía popular (Artículo 5 de la CRBV), cuando el gobierno Maduro-PSUV desconoció los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024, en las cuales la gran mayoría de los venezolanos se manifestó por la salida del poder del citado gobernante, y sin embargo fue proclamado ganador por el CNE y el TSJ, sin que hasta la fecha, a más de un año de dichas elecciones, este ente electoral haya publicado los resultados, violando la ley y la Constitución.
Como medidas que el pueblo trabajador debe exigir a la cúpula en el poder, en medio de esta profunda crisis, para lograr la Unidad Nacional en un Frente Común para enfrentar al imperio estadounidense agresor, reiteramos lo que consideramos son puntos básicos para avanzar en la restitución de la Constitución Nacional:
Publicación inmediata de las actas electorales con los resultados totalizados del 28/07/2024, con el desglose respectivo por estados, municipios, parroquias, centros y mesas de votación.
Libertad inmediata de todos los presos políticos, incluyendo los militares. Anulación de los 9.000 juicios que se mantienen contra los que han sido excarcelados.
Restitución de todos los derechos fundamentales y constitucionales que el gobierno viola descaradamente desde hace años, como es el salario (art. 91 CRBV). Conversión de los bonos de guerra y de alimentación (160 $) en salario mínimo, y restituir las tablas salariales de la administración pública partiendo de ese salario mínimo de 160 dólares mensuales. Equiparar las pensiones al salario mínimo indicado.
Para la ejecución de estas propuestas, llamamos a la mayor unidad de las fuerzas políticas democráticas, impulsando a la vez la organización pacífica del pueblo mediante los sindicatos, gremios profesionales, centros estudiantiles, ligas campesinas y cualquier otra forma de participación contemplada constitucionalmente, pues estamos convencidos que sólo con la más amplia participación de la ciudadanía venezolana, es que se podrá restituir la vigencia de la Constitución y se salvará la República.
Por la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución:
Antonia Muñoz, Oly Millán, Héctor Navarro, Juan García, Luis Mogollón, Gustavo Márquez, Edgardo Lander, Carlos Mendoza Potellá, Roberto López, Mariano Crespo, Santiago Arconada, Ana S. Viloria
Desde la República Bolivariana de Venezuela, septiembre de 2025
