10-02-26.-La ONG Acceso a la Justicia identificó este lunes diversas «contradicciones» y un marcado «conflicto de intereses» en el proyecto de Ley de Amnistía. La organización fijó su postura mediante una nota de prensa antes de que el Parlamento apruebe la norma esta misma semana.
La organización subrayó que el texto «incurre en contradicciones fundamentales al hablar de ‘extremismo’». A su juicio, esta terminología «descalifica de entrada a quienes podrían beneficiarse de la amnistía y presupone su responsabilidad penal».
El borrador introduce además el concepto de «clemencia soberana», un término que la ONG rechaza tajantemente. Para el grupo, dicha frase «implica la existencia previa de responsabilidad o culpa, lo que desnaturaliza a la amnistía, que por definición no prejuzga».
Acceso a la Justicia denunció «un claro conflicto de intereses» al entregar la ejecución de la medida a los tribunales y a la Fiscalía. Señaló que estas instituciones han participado en la «represión masiva e indiscriminada» denunciada por la ONU.
La propuesta legislativa tampoco habilita a los familiares, abogados u organizaciones no gubernamentales para actuar en representación de los beneficiarios. La ONG criticó esta limitación que deja a los potenciales amnistiados sin apoyo directo.
«A lo anterior hay que sumarle el hecho de que el borrador no establece qué debe ocurrir en el supuesto de que un juez determine que el caso sometido a su consideración no es susceptible de amnistía», añadió la organización en su análisis.
La ley excluye formalmente a responsables de violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y narcotráfico de alta escala. También deja fuera a quienes enfrenten cargos por homicidio intencional o delitos contra el patrimonio público.
La ONG aclaró que el magnicidio se ubica dentro del delito de homicidio, pero advirtió que muchos militares sufren esta imputación sin pruebas. «No puede hablarse de magnicidio cuando no se ha producido la muerte de la presunta víctima», explicó la institución.
Finalmente, la organización exhortó a que la aplicación de la normativa sea «justa, garantista y transparente». El objetivo debe ser alcanzar la libertad de las víctimas de persecución política desde 1999 hasta el 30 de enero de 2026.
