24 de Octubre de 1829. Decreto del Presidente de la República de Colombia, Simón Bolívar. Dado en la Provincia de Quito.

Artículo 1. "Conforme a las leyes, las minas de cualquiera clase, corresponden a la República, cuyo gobierno las concede en propiedad y posesión a los ciudadanos que las pidan, bajo las condiciones expresadas en las leyes y ordenanzas de minas, y con las demás que contiene este decreto."

1832. Resolución del Congreso de la República de Venezuela que reconoce la vigencia del Decreto de Simón Bolívar de 1829 sobre las minas de cualquier clase.

En esa fecha cesó la soberanía del Imperio español sobre los recursos del subsuelo venezolano, imperante desde el momento en que se constituyó la Capitanía General de Venezuela en 1777. Desde entonces, con avances y retrocesos se desarrolló un derecho minero nacional.

En 1855, el Congreso de la República de Venezuela estableció, en el Reglamento de la Ley de Minas. "…la propiedad de las sustancias… --metálicas, combustibles o piedras preciosas—corresponde al Estado y ninguno podrá beneficiarlas sin concesión del Poder Ejecutivo…"

En 1865 el Presidente del Estado Soberano del Zulia otorga la primera concesión para la búsqueda de hidrocarburos en Venezuela. Un año después lo hace el Presidente del Estado de la Nueva Andalucía.

A partir de estos hitos se desarrolla la conocida historia concesionaria del petróleo en Venezuela, con sus conflictos y contradicciones con las corporaciones estadounidenses e inglesas beneficiarias de las mismas, las cuales llegaron a la promoción de golpes de Estado y guerras civiles, pero sin intervención directa de sus gobiernos de origen.

Venezuela continuó desarrollando su legislación minera y, en 1920, con la primera Ley de Hidrocarburos, se ratificó la soberanía específica sobre esos recursos. Desde entonces, en el país se ha desarrollado una política petrolera contradictoria, con avances, mediatizaciones y retrocesos, abiertamente entreguistas.

En ese sentido, se han impulsado propuestas de modificaciones reglamentarias, legales y constitucionales, las cuales han sido debatidas, rechazadas o impuestas dentro del marco de nuestra imperfecta democracia, y a la sombra de las desviaciones totalitarias que se han impuesto en el país, desde hace ya un considerable lapso. Tal es el caso de las modificaciones hechas al calor de las penas que impone la Ley Antibloqueo, para quienes promuevan el debate público de esas medidas.

Sin embargo, esa historia terminó.

En enero de 2026 Donald Trump, en ejercicio del Corolario Trump de la Doctrina Monroe, "America First", fundamento de la más reciente versión de la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, ha transferido a su país la soberanía sobre el petróleo venezolano, incluyendo la designación de Marco Rubio como una especie de Capitán General, quien ejercerá directamente la disposición de esos recursos y del resultado de su comercialización.

Ciento noventa y siete años de ejercicio de esa soberanía por la Nación venezolana han sido cancelados de un plumazo imperial.

No es necesario abundar en calificativos sobre este despropósito. Se trata de una descarada pretensión colonial y una bofetada a la dignidad nacional venezolana.

La única respuesta posible es el llamado urgente y sin consideraciones secundarias, a la unión nacional para derrotar esos designios imperiales.

No es el momento de hacer una disección histórica de las anteriores agresiones imperiales contra Venezuela, ni de las posiciones tibias o entreguistas con las cuales se asumieron: éste es un ataque total y definitivo contra nuestra condición de Nación soberana.

Venezuela se encuentra hoy en el peor de los mundos posibles, con un gobierno zombie: descabezado, pero lo suficientemente vivo como para cumplir con los designios del degollador estadounidense, y también en pleno ejercicio de sus facultades represivas contra cualquier disidencia interna.

Así lo muestra de forma paradójica el proceso de excarcelación bajo medidas cautelares de los varios cientos de ciudadanos encarcelados, después de pagar prisión por el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, imputados sin ninguna prueba por delitos de traición a la Patria.

Sólo nos queda una opción: llamar urgentemente a la unidad nacional contra el enemigo extranjero que hoy nos aplasta.

PLATAFORMA CIUDADANA EN DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN

Santiago Arconada. Carlos Mendoza Pottella. Edgardo Lander. Gustavo Márquez Marín. Oly Millán. Antonia Muñoz. Héctor Navarro. Sofía Viloria. Roberto López Sánchez, Mariano Crespo. Luis Mogollón.