El amanecer de 2026 trajo consigo una transformación sísmica en la arquitectura del poder global que pocos expertos habrían predicho con tal crudeza, manifestándose en la nieve de Davos como una fuerza disruptiva denominada la Junta de Paz. Esta iniciativa, que se presenta formalmente como el Consejo de Paz, no es simplemente un nuevo foro diplomático, sino la apuesta más ambiciosa y controvertida de la administración de Donald Trump, diseñada para operar bajo una lógica empresarial y transaccional que desafía ocho décadas de multilateralismo.
Para comprender cómo llegamos a este punto de ruptura, es imperativo retroceder al 17 de noviembre de 2025, cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 2803. Aunque aprobada con trece votos a favor y las abstenciones de China y Rusia, el texto legal fue en realidad una adopción directa de un plan de veinte puntos presentado por Washington, otorgando por primera vez en la historia personalidad jurídica internacional a un organismo externo. Este paso jurídico fue el caballo de Troya que permitió a la nueva administración estadounidense comenzar a vaciar de contenido a las Naciones Unidas, delegando funciones de seguridad y gobernanza a una entidad que opera fuera de la burocracia tradicional de Nueva York.
Al llegar a enero de 2026, la ratificación de la carta fundacional en el Foro Económico Mundial dejó claro que la Junta de Paz no buscaba la igualdad soberana de los estados, sino la eficacia basada en la inversión y el liderazgo personalista. En el centro de esta estructura se encuentra la figura de Donald Trump, quien ejerce como presidente inaugural con facultades que muchos analistas han calificado de imperiales, incluyendo un derecho de veto absoluto y la capacidad única de designar a su propio sucesor. Esta concentración de poder rompe con el esquema del Consejo de Seguridad de la ONU, donde cinco potencias comparten el veto; aquí, la autoridad suprema reside en un solo hombre, lo que convierte a la Junta en una herramienta de política exterior unilateral bajo una fachada de cooperación internacional. Los estatutos revelados en Davos establecen que el presidente posee el voto de calidad, asegurando que ninguna decisión pueda ser tomada sin su concordancia expresa, independientemente del peso económico o político de los otros miembros.
El modelo de pertenencia a este selecto club ha sido definido por los medios internacionales como una diplomacia de pago por acceso, estableciendo una cuota de mil millones de dólares para aquellos países que deseen asegurar un asiento permanente. Esta "privatización de la paz" sugiere que la voz en el nuevo orden mundial es una mercancía que se puede comprar, destinando teóricamente esos fondos a la reconstrucción de zonas en conflicto bajo una lógica de mercado. Mientras que para algunas naciones esto representa una forma expedita de obtener protección de Washington, para otros, como el Vaticano y varios estados nórdicos, constituye una degradación de la paz a una simple transacción comercial.
Este filtro financiero busca asegurar que solo los jugadores con capital tengan voz, eliminando la influencia de naciones más pequeñas o agencias humanitarias que han dominado el discurso diplomático durante años.
La respuesta inicial a este esquema dividió al mundo en bloques claramente definidos, con un Eje de los Patriotas emergiendo con entusiasmo desde diversas latitudes. Países como Israel, Argentina, Hungría y Marruecos fueron los primeros en confirmar su adhesión, atraídos por la promesa de acuerdos directos y rápidos que eluden las largas deliberaciones burocráticas de las instituciones tradicionales. En particular, líderes como Javier Milei y Benjamín Netanyahu han visto en la Junta una oportunidad para evitar las presiones de bloques regionales como la Unión Europea o el Mercosur, aunque aliados como Argentina enfrentan el desafío de cubrir los onerosos costos de entrada en medio de sus propias crisis económicas. Esta coalición de naciones prefiere la soberanía del estado-nación y el pragmatismo bilateral sobre las normas universales de derechos humanos, consolidando un bloque de líderes fuertes que respaldan la visión de Trump.
En marcado contraste, la resistencia europea encabezada por Francia, Noruega y Suecia ha sido tajante, rechazando unirse a lo que consideran una dictadura diplomática que desmantela el derecho internacional. El gobierno francés ha sido objeto de amenazas arancelarias directas por parte de Washington tras su negativa, lo cual ha generado una fractura visible en la OTAN y en la cohesión del continente. Para estos países, la paz no debe estar condicionada a la capacidad de pago ni a la sumisión a un liderazgo vitalicio, argumentando que el sistema de la ONU, aunque imperfecto, ofrece una legitimidad que la Junta de Paz sacrifica en nombre de la agilidad operativa.
Esta división plantea un escenario donde el acceso a la seguridad global podría convertirse en un privilegio exclusivo para aquellos dispuestos a aceptar las reglas del club privado de Mar-a-Lago.
La audacia de la administración Trump alcanzó su punto máximo con las invitaciones formales extendidas a Rusia y China a mediados de enero de 2026, un movimiento diseñado para neutralizar la capacidad de bloqueo de estos adversarios en el Consejo de Seguridad de la ONU. El caso ruso ha presentado un dilema legal y financiero fascinante, ya que Vladimir Putin, de manera brillante, sugirió que la cuota de mil millones de dólares podría pagarse utilizando los activos rusos que permanecen congelados en Estados Unidos. La respuesta de Trump en Davos, calificando la idea de magnífica, desató una tormenta en Washington, dado que implicaría desbloquear fondos que muchos consideran destinados a reparaciones de guerra para Ucrania. Para Moscú, la Junta representa una vía de reingreso al sistema financiero global y una salida digna de las sanciones, mientras que para Trump es la oportunidad de resolver el conflicto ucraniano de forma empresarial.
Por otro lado, China ha reaccionado con una cautela defensiva, expresando serias reservas sobre un organismo que amenaza con debilitar su propia arquitectura de poder y la centralidad de las Naciones Unidas. Pekín teme que la Junta sea una trampa de legitimidad donde, al unirse, aceptarían implícitamente el liderazgo de Trump, pero al quedarse fuera, perderían influencia sobre las decisiones críticas del comercio global y la reconstrucción regional. El equipo diplomático liderado por Marco Rubio ha estado presionando a Pekín para que actúe como un socio inversor principal, especialmente en los proyectos de infraestructura masivos que la Junta planea ejecutar. El dilema para Xi Jinping es profundo: unirse a un club donde Trump tiene el veto absoluto o arriesgarse al aislamiento tecnológico y económico en un mundo que parece estar aceptando las nuevas reglas del juego transaccional.
El primer gran laboratorio de este modelo es la denominada Fase Dos en Gaza, donde la Junta ha comenzado a desplegar una estructura operativa que ignora las realidades políticas tradicionales en favor de una reconstrucción estilo la Riviera francesa . Bajo la supervisión de figuras como Jared Kushner y Steve Witkoff, el plan de veinte puntos busca transformar la franja en un centro turístico y económico, atrayendo inversión privada masiva mediante la creación de zonas de libre comercio y corredores logísticos. Para garantizar la seguridad de estas inversiones, la Resolución 2803 autorizó la creación de la Fuerza de Estabilización Internacional, un cuerpo militar que no responde a los cascos azules de la ONU, sino directamente a la Junta de Paz. Esta fuerza tiene el mandato de tomar todas las medidas necesarias para asegurar la desmilitarización, operando bajo un poder coercitivo que muchos críticos comparan con una ocupación privada financiada por los miembros del club.
La ejecución técnica en el terreno ha sido delegada a un comité de tecnócratas denominado Comité Nacional para la Administración de Gaza, liderado por figuras locales supervisadas estrechamente por el equipo de confianza de la Casa Blanca. Sin embargo, se advierte que este enfoque ignora las aspiraciones de autodeterminación de las poblaciones locales, operando desde búnkeres de lujo, sin el consentimiento de los actores políticos armados en la región. El éxito o fracaso de este experimento en Gaza determinará la legitimidad futura de la Junta de Paz; si el modelo logra estabilizar la zona y generar prosperidad económica, sus detractores tendrán dificultades para ignorar su eficacia, a pesar de las profundas objeciones éticas y legales que plantea.
La visión de la paz como un negocio inmobiliario y de seguridad privada está siendo puesta a prueba en una de las regiones más volátiles del planeta.
Desde una perspectiva de derecho internacional, expertos de instituciones como Chatham House han señalado que la Junta está operando fuera del mandato original de las Naciones Unidas en tres áreas críticas: el alcance territorial, el financiamiento y la soberanía. Mientras que la resolución inicial se limitaba estrictamente a Gaza, la Junta se ha expandido para intervenir en conflictos en África y el sudeste asiático, convirtiéndose en una Junta Global sin supervisión externa. Además, la imposición de una cuota de membresía contradice el espíritu de contribuciones voluntarias mencionado en los textos de la ONU, y la ausencia de cualquier mención a una solución de dos estados en los estatutos de Davos marca una ruptura definitiva con el consenso internacional previo. Esta erosión del sistema tradicional busca hacer irrelevantes a las agencias humanitarias y de desarrollo de la ONU, centralizando los recursos y la toma de decisiones en este nuevo ente paralelo.
La estrategia de Trump de dividir para reinar también busca debilitar el eje entre Moscú y Pekín que se fortaleció en años anteriores, ofreciendo a Rusia una vía de escape a cambio de su cooperación en la nueva estructura de seguridad regional. Al sentar a ambas potencias en una mesa donde no tienen poder de veto real, Washington intenta neutralizar la parálisis que a menudo afecta al Consejo de Seguridad de la ONU, convirtiendo a sus rivales en socios menores bajo reglas estadounidenses. La administración ha dado de plazo hasta finales de febrero de 2026 para que estas potencias den una respuesta definitiva, utilizando el acceso a mercados tecnológicos y el deshielo financiero como incentivos para forzar su integración en el sistema. Si aceptan, estaríamos presenciando el fin de la era iniciada en mil novecientos cuarenta y cinco, donde la diplomacia se basaba en principios universales, para entrar en un siglo donde la paz es un producto de alta gama reservado para los inversores.
En última instancia, la Junta de Paz representa una reescritura total de las reglas de la convivencia mundial bajo una lógica de mercado y poder personal. El mundo observa con una mezcla de estupefacción y temor cómo este club de invitados selectos intenta desplazar a los organismos multilaterales que han regido las relaciones internacionales durante décadas.
El éxito de este modelo transaccional depende no solo de su capacidad para generar resultados económicos en zonas de guerra, sino de su habilidad para cooptar a las potencias rivales en una estructura donde la autoridad suprema reside en una presidencia vitalicia. Si la Junta de Paz logra consolidarse antes de la primavera de 2026, la diplomacia tal como la conocíamos habrá sido reemplazada por un consejo de administración global, marcando el inicio de un nuevo orden donde la paz tiene un precio de mil millones de dólares y el veto es el privilegio exclusivo de un solo hombre.
El experimento está en marcha, y sus consecuencias resonarán mucho más allá de las montañas de Davos y las costas de Gaza.
FUENTES
Statement on President Trump's Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict
Trump's Board of Peace: International Organization or Sole Proprietorship?
Board of Peace explained: How it works and who is running it
