El gobierno de coalición progresista (PSOE-Sumar), tras un pacto con Podemos, ha acordado vía decreto abrir un proceso "extraordinario" de regularización de personas en situación administrativa irregular. Por ese camino, más de 500 mil ciudadanos que ya se están aquí obtendrán un permiso de residencia y trabajo por un año que podrá prorrogarse o cambiarse por otras figuras legales.
La medida, hija directa de la movilización que llevó al Congreso 700 mil firmas recogidas a través de una iniciativa legislativa popular que exigía un proceso de regularización, debe sumarse a los cambios habidos en el Reglamento de Extranjería. La combinación de ambas cosas, sin ser la solución y no acabar ni de lejos con el racismo institucional que nos gobierna, favorece que esa parte del pueblo trabajador pueda aspirar a lograr empleos con derechos, cotizar, pagar impuestos y acceder a servicios básicos.
Regularizar también implica "poner orden" en una economía que crece en cifras de negocio (2,8%) a la vez que en desigualdad y que, por el camino de la irregularidad, avanza hacia el estancamiento.
Para seguir engordando las cuentas de resultados de las empresas, el capitalismo español necesita una media de entre 250 mil a 300 mil trabajadores al año. Es bueno recordar que los 2,9 millones de extranjeros afiliados a la SS fueron determinantes para que los bancos en 2024 ganaran 94 millones de euros al día.
Vox y el PP han hecho de este proceso, el noveno desde la década de los 80, un caballo de batalla a base de bulos reaccionarios y racistas que extienden el miedo al extranjero y el espantajo del colapso de nuestros servicios, por no hablar del temor al supuesto "gran remplazo poblacional".
La política neoliberal imperialista empobrece naciones enteras del mundo o despuebla no pocas zonas de Europa forzando la migración. A la par, en que la metrópoli, recorta de manera sistemática derechos, privatiza y jibariza los servicios fundamentales sobre los que introduce criterios de negocio y especulación. Es ese sometimiento de todo a la precondición del beneficio privado la razón última y central de nuestros problemas.
Con su acción, la política neoliberal da pie a una fragmentación de la clase trabajadora. De esa fragmentación, de las carencias que provoca la codicia de la clase burguesa y de los prejuicios que anidan en nuestra sociedad se alimentan Vox y el PP.
Hacerle frente exige avanzar en unidad y para ello, en derechos y libertad. Este proceso de regularización, ampliamente reclamado, ayuda a lograrlos.
El fin de semana pasado, 10 mil jóvenes respondieron a la convocatoria de GSK, manifestándose por las calles de Bilbo para reclamar un muro de contención contra el fascismo y el autoritarismo. Un muro que resulta imposible construir sin los 7 millones de trabajadores extranjeros que ya están aquí con permiso reconocido.
La nueva generación que forma parte de una actual clase trabajadora mestiza debe llegar a encontrar un lenguaje propio y común. La lucha será el medio para conseguirlo. Habrá espacios variados, pero no ajenos a los sindicatos, partidos, asociaciones o plataformas de apoyo mutuo ya existentes. Ese primer esqueleto que nació de la lucha contra la dictadura y que hoy es base de mucha de la resistencia contra la presión de la derecha en la calle, en las empresas o en las instituciones del régimen de la segunda restauración.