La Venezuela de hoy no se entiende con manuales de política ni con los cuentos alegres de las consultoras económicas. Se entiende en la calle, donde todo va muy rápido pero el país parece estancado en el mismo sitio. Estamos en un túnel donde la luz al final no es una salida, sino el resplandor de una reconfiguración de las cúpulas del poder que ocurre a espaldas de la mayoría. Venezuela no está mejorando ni empeorando de forma uniforme; se está fragmentando.
En este escenario, la dirigencia política no busca resolver el conflicto y superar la crisis, sino administrar la incertidumbre, convirtiendo la falta de certezas en una herramienta de gobierno que mantiene a la sociedad en un estado de adaptación perpetua, más ocupada en sobrevivir al día que en proyectar el mañana.
Bajo esta superficie de soberanía retórica, subyace una realidad que el discurso público intenta ocultar con una política nacional profundamente condicionada por las ordenes desde Estados Unidos. Aunque se pretenda proyectar una autonomía y paz absoluta, el ritmo de nuestra economía y la estabilidad de las alianzas dependen hoy, más que nunca, de las licencias, las sanciones y el humor de Washington. Esta ambigüedad estratégica permite que el poder respire, pero a un costo tan elevado que termina entregando decisiones claves a factores extranjeros que desconocen el interés nacional, dejando el país en una posición de vulnerabilidad donde el rumbo se define más en los despachos del gobierno de EE.UU. que en el debate de los venezolanos
Esta dependencia externa tiene su correlato más dramático en la parálisis del bienestar social. Se celebran acuerdos y magnifica un supuesto progreso macroeconómico, mientras el trabajador sigue en una sala de espera infinita, aguardando un sueldo digno que no llega. El Memorándum 2792 sigue ahí, como una lápida que aplasta los contratos colectivos y le quita el valor social y humano al trabajo. Exigir que lo eliminen no es un capricho; es el grito de un pueblo trabajador que se niega a que la recuperación del país sea a punta de sueldos de hambre y la pulverización de sus derechos históricos.
La cacareada "burbuja macroeconómica" se revienta en el mostrador de cualquier bodega. Ahí, la debilidad del bolívar no es un dato técnico, es una herida en el bolsillo del pueblo trabajador. Vivimos en un país que marcha a dos velocidades. Por un lado, una minoría que vive en dólares y una mayoría que lucha contra un costo de la vida que no da tregua.
Ante esto, la expectativa popular no tolera más polarización, quiere un Consenso Social verdadero que no se confunda con un acuerdo de cúpulas. El venezolano anhela un modelo de desarrollo social y económico que no sea privilegio de unos pocos, sino el resultado de un país que recupera su dignidad laboral para fortalecer el compromiso de recuperación del aparato productivo.
Para que este cambio deje de ser un juego de las de élites políticas y se convierta en una realidad palpable, es imperativo definir una transición clara que nazca desde la calle y con la gente. La incertidumbre institucionalizada solo se rompe cuando los trabajadores y los sectores populares organizados recuperan su voz y exigen ser protagonistas del diseño de su destino.
No basta con esperar que el tablero se acomode al ritmo de las cúpulas; la construcción de un país donde todos podamos vivir con dignidad requiere de un empuje colectivo que obligue a convertir las decisiones políticas en soluciones sociales. En la participación ciudadana, en el reclamo justo y en el encuentro de los sectores productivos reside la fuerza capaz de transformar la incertidumbre en un camino con destino propio, devolviéndole a la nación el sentido de propósito que la polarización le arrebató.
