Encrucijada: Venezuela entre Autoritarismo, Tutelaje y Resistencia
Venezuela atraviesa una crisis histórica que amenaza la existencia misma de la República, caracterizada por la implementación de decretos, medidas e instrumentos de legalidad cuestionable, que plantean serias interrogantes sobre la estabilidad de la República. El gobierno de Nicolás Maduro busca consolidar un modelo autoritario con tendencias hacia un régimen totalitario. Simultáneamente, sectores de la oposición, liderados por figuras como María Corina Machado y Edmundo González, han adoptado posturas que generan controversia en relación con la defensa integral de los Derechos Humanos y la Soberanía Nacional, al respaldar medidas externas que, según diversos análisis, exacerban la crisis. La deportación masiva de ciudadanos venezolanos desde Estados Unidos, junto con la imposición de sanciones económicas, como los aranceles secundarios del 25% a países que comercian con petróleo venezolano, representan ejemplos de políticas que buscan ejercer presión económica sobre el gobierno venezolano. No obstante, es innegable que dichas sanciones impactan directamente a los sectores más vulnerables de la población, al contribuir al incremento de la inflación y a la reducción de los ingresos petroleros, principal fuente de divisas del país.
Tanto las sanciones de Trump, como las acciones inconstitucionales desde Miraflores condenan a los venezolanos dentro y fuera del país a sufrir reiteradas violaciones a sus más elementales derechos humanos. Si bien estas acciones se justifican bajo el argumento de confrontar al gobierno de Maduro, sus efectos incluyen el agravamiento de la pobreza y el aumento de la desesperanza en la población.
Es inadmisible que la administración de Trump utilice la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, resucitada con recientes órdenes ejecutivas para criminalizar a los migrantes legales o ilegales, deportando y reduciendo a la cárcel (Cecot, una prisión de máxima seguridad para pandillas), adonde fueron a parar más de 200 migrantes, la mayoría venezolanos, todos, ahora víctimas del secuestro ilegal en El Salvador, bajo la responsabilidad de Nayib Bukele, lo cual constituye una grave violación al debido proceso y a los derechos humanos. Al recibir presos deportados por Estados Unidos sin un juicio previo ni garantías legales, el gobierno salvadoreño los convierte en rehenes políticos y pretende utilizarlos como moneda de cambio para ganar beneficios diplomáticos y económicos. Este tipo de prácticas vulneran los principios fundamentales del Derecho Internacional y coloca a ciudadanos venezolanos en una situación de indefensión total, ante los adefesios del sistema judicial estadounidense, salvadoreño y venezolano.
La Hipocresía campea desde Miraflores hasta la fiscalía general de Venezuela
Mientras la administración de Maduro y Tarek William Saab enfatizan discursivamente la situación de los derechos humanos de los venezolanos detenidos en El Salvador, diversas organizaciones han documentado la persistencia de miles de presos políticos en Venezuela que enfrentan condiciones de detención inhumanas. Entre las denuncias se incluyen la falta de acceso legal de su elección, la restricción al expediente judicial, el aislamiento familiar, la ausencia de respuestas por parte de las autoridades competentes y numerosos casos de desaparición forzada. Son miles las detenciones, secuestros y el aislamiento sistemático de opositores sin distingo político, sindicalistas, luchadores sociales, periodistas y ciudadanos comunes, significa que se utilizan métodos similares a los que señalan en el ámbito internacional. Adicionalmente, no se observa una disposición por parte de la administración a rectificar políticas o a asumir responsabilidades directas por el éxodo de más de 7 (siete) millones de ciudadanos venezolanos y las consecuencias derivadas de este fenómeno migratorio. En síntesis, la defensa de los derechos humanos no puede ser selectiva. Tanto las violaciones cometidas en Venezuela en la gestión de Maduro como las perpetradas por políticas externas deben ser condenadas con igual firmeza.
La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución (PCDC) considera que, frente a la encrucijada, donde el totalitarismo/autoritarismo y el tutelaje/patrocinio se presentan como las dos únicas opciones posibles, es imprescindible promover y crear una gran fuerza amplia de oposición democrática, nacional, unitaria y plural, que logre sumar y representar en su diversidad las múltiples expresiones políticas, sociales y culturales de la sociedad venezolana en su conjunto y cohesionarnos en torno a cuestiones y principios fundamentales para que esta fuerza unitaria, logre atraer, organizar y representar los valores democráticos y la soberanía de Venezuela, como, por ejemplo:
- El Compromiso con los derechos humanos – Debe condenar cualquier forma de persecución, represión o violación de derechos fundamentales.
- Defensa de la soberanía – Rechazar tanto el autoritarismo interno como las injerencias externas que busquen debilitar la independencia del país.
- Pluralidad y unidad – Agrupar diferentes sectores de la sociedad en una fuerza inclusiva y representativa.
- Transparencia y ética – Promover políticas de trabajo con aliados y de construcción abierto hacia la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
- Convocar a la Comunidad Internacional (gobiernos democráticos incluidos) y en particular a los entes abanderados del debate, la denuncia, la investigación, la documentación, la promoción y la defensa de los DDHH en toda la América y más allá, para que acompañen el proceso de reparación y garantía de no repetición.
- Defender y resguardar la Constitución Nacional, como la única herramienta real, norma suprema, que ofrece las garantías y los principios fundamentales de la democracia, la soberanía, la libertad y justicia para todos los venezolanos. Nos corresponde resistir hermanados a cualquier intento de reforma, derogación u otra manipulación arbitraria (político-partidista-militar), contra el hilo conductor que puede asegurarnos la reconstrucción de nuestro país.
Por la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución:
- Gustavo Márquez Marín
- Carlos Mendoza Potellá
- Edgardo Lander
- Oly Millán
- Roberto López Sánchez
- Héctor Navarro
- Antonia Muñoz
- Mariano Crespo
- Juan García
- Santiago Arconada
- Luis Mogollón
- Ana Viloria
