Soberanía y Unidad Nacional
La soberanía es una moneda de doble cara
La legitimidad es la cualidad moral y política que otorga a un líder o gobierno la autoridad moral o autoritas que hace posible, que su autoridad como gobernante sea aceptada y reconocida libremente por una parte significativa de la población, dependiendo de la percepción que exista de su desempeño en las mayorías. Si su comportamiento se corresponde con lo que de él o de ella se esperade su gestión, teniendo en cuenta los principios éticos y valores que predominan en la sociedad y la eficacia, transparencia, probidad y apego a la democracia. La legitimidad se puede ganar demostrando vocación de servicio, idoneidad, honestidad y responsabilidad en el ejercicio del liderazgo político y la gestión pública, pero también se podría perder por ejemplo cuando se actúa en contra de los intereses de la Nación violando la Constitución. Mientras la “legitimidad de origen” emana de la voluntad popular a través del voto y responde a “expectativas prometedoras” que se gestan en la opinión pública, la “legitimidad del desempeño” depende de la valoración que hace el colectivo social de la actuación del líder, en cualquier circunstancia, actuando como gobierno o como opositor.
Si un gobierno usurpa la soberanía popular y no tiene legitimidad de origen, no por ello el Estado y sus instituciones dejan de existir. Aún en esas condiciones precarias la soberanía popular no se pierde, aunque transitoriamente haya sido desconocida, tal como ocurrió en las elecciones presidenciales del 28/7/24, cuando el CNE violó el debido proceso pautado en la Constitución y la ley, en la gestión de dichos comicios. Pero siempre será posible recuperarla a través de la presión social y política generada desde la sociedad para restablecer la democracia y la Constitución. No obstante, la soberanía nacional si podría perderse en caso de que EEUU terminase por intervenir militarmente nuestro país, con el fin de controlar el territorio nacional para saquear nuestro petróleo y demás recursos naturales estratégicos como pretende e instalar un régimen neocolonial tutelado desde Washington. La soberanía es indivisible y podría semejarse a una moneda que tiene dos caras: una corresponde a la soberanía popular y la otra a la soberanía nacional. De tal manera que la soberanía popular es inherente solo al Estado democrático y la soberanía nacional, entendida como la facultad del Estado y la Nación de autodeterminarse, supone la independencia de ambos. Pero si el Estado pierde su independencia al subordinarse a una potencia extranjera, la soberanía popular también cesa al perder su cualidad esencial que es la autonomía para decidir. En síntesis, si se desconoce la soberanía popular o se pierde la soberanía nacional la democracia muere.
Dos liderazgos ilegítimos se disputan el poder
Así como es válido cuestionar la legitimidad de origen del gobierno de Nicolás Maduro por el fraude constitucional que se produjo en el proceso electoral del 28/7/24, por la violación sistemática y permanente de la Constitución y del debido proceso, de los derechos humanos y ciudadanos, de las conquistas históricas de los trabajadores: salario, contratación colectiva, autonomía del movimiento sindical. También, por mantener una persecución implacable de la disidencia política, la aplicación de la práctica perversa de las desapariciones forzadas que han llevado a la muerte en prisión de varios compatriotas, como la recientemente ocurrida del dirigente opositor, exgobernador del estado Nueva Esparta, Alfredo Días.
De igual forma hay que calificar de ilegítimos los liderazgos opositores de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia por ser promotores y acompañantes de la intervención militar que EEUU está adelantando contra el país. Un hipotético gobierno de los susodichos que resultare de la intervención militar de EEUU que ellos promueven, tendría el sello antinacional “made in USA” de la traición, el cipayismo, el tutelaje y subordinación al imperio Serían responsables directos de la entrega de la soberanía nacional y la humillación de la dignidad del pueblo de Bolívar. Nunca antes en la historia de Venezuela había ocurrido una situación similar. De hecho, cuando se produjo el golpe de Estado al presidente Rómulo Gallegos, ni él ni Rómulo Betancourt ni su partido Acción Democrática, se fueron corriendo a buscar a los gringos para que sacaran la Junta Militar que usurpó la soberanía popular. Por el contrario, lo que hicieron de inmediato fue organizar e impulsar internamente una larga y tortuosa resistencia de una década, que desembocó el 23 de enero de 1958 en la gesta heroica del bravo pueblo venezolano.
Ante la crisis de ambos liderazgos no hay otro camino que avanzar en un proceso de relegitimación de los poderes públicos, a través del restablecimiento de la Constitución y las instituciones democráticas garantizando la separación de poderes para que existan garantías electorales reales con un nuevo CNE y una nueva administración de justicia que actúe apagada a la Constitución y la Ley.
Si la represión a la disidencia continua no habrá unidad para enfrentar la agresión imperialista
La unidad nacional a la que estamos llamados debe nacer de la conciencia histórica intergeneracional de que la “patria es de todos”. Esa unidad de conciencia y de acción tiene la urgencia que impone la amenaza de la intervención militar por el gobierno EEUU. Se trata de defender nuestro derecho histórico a existir como Estado independiente y como Nación soberana. Es verdad que nuestro país atraviesa por una situación muy compleja y difícil caracterizada por la existencia de fuertes y prolongadas confrontaciones interna y externas, condicionadas por un viraje geopolítico radical inusitado y una crisis política que tiene como epicentro la pérdida de legitimidad del liderazgo, pero esa realidad no debe hacernos perder la visibilidad del horizonte que está mucho más allá de la inmediatez del momento tormentoso en que nos ha tocado vivir.
Para que sea posible la unidad nacional, el gobierno-PSUV está obligado a transitar un camino de apertura, de restablecimiento de la Constitución y respeto al estado de derecho. De liberación de los presos políticos y luchadores sociales. De cese a la persecución de la disidencia y criminalización de la protesta social. De cese a las desapariciones forzadas y restitución de los derechos sociales y laborales, comenzando por el restablecimiento del salario y las conquistas históricas de los trabajadores, de la autonomía sindical y la contratación colectiva. Frente a la agresión imperialista la unidad nacional es fundamental y una aspiración legítima de quienes deseamos una salida pacífica, constitucional y soberana a la crisis. De quienes abogamos por evitar la violencia y la guerra, porque históricamente se ha demostrado que su desenlace siempre terminará en destrucción y muerte sin resolver el problema de fondo. Pero, además, la opción que maneja al día de hoy el “emperador Trump” es realizar ataques e incursiones en el territorio con consecuencias impredecibles. Más allá del juicio que podamos hacer, nos guste o no la estrategia que ha seguido el PSUV-Estado de instrumentalizar el ‘nacionalismo’ con el fin de intentar recuperar su legitimidad perdida, no podemos negar que la movilización y apresto operacional que ha exhibido la FANB es estos días, no es más que una reacción defensiva frente a la amenaza de la intervención militar en el territorio nacional por el Comando Sur de EEUU. Abogamos por la paz a través del diálogo y una negociación transparente para salir de este atolladero en que estamos, pero, sin hacer concesiones que afecten la soberanía nacional.
Una nueva oposición debe unificar la lucha pacífica del pueblo por la democracia y la soberanía
La polarización ha beneficiado al gobierno-PSUV porque su juego siempre ha sido contrapuntear con el extremismo opositor gestionado desde Washington, con el fin de presentarse en el escenario político nacional como el “único” actor que encarna y defiende la soberanía nacional, mientras su opuesto (María Corina Machado, Juan Guaidó y sus colegas) ha funcionado como intermediarios y agentes del “enemigo externo” (EEUU). Esa polarización inducida por ambos polos ha desangrado al país y ha sido muy conveniente para los intereses del imperio. Además, en lugar de debilitarlo ha fortalecido y cohesionado al gobierno-PSUV.
Con el pasar de los días ha quedado totalmente al descubierto que el verdadero propósito de la operación “Lanza de Sur”, emprendida en el Caribe por el Comando Sur de EEUU con la patraña del “Narco Estado” y la lucha contra el narcoterrorismo, promovida por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia con la esperanza inútil de que el presidente Trump les entregaría el poder una vez se lo “arrebate” a Maduro, sin importarle las consecuencias que ese zarpazo imperialista tendría para Venezuela y su pueblo, incluyendo la posibilidad de que se desencadene una guerra civil con participación internacional que terminaría de hundirnos en la miseria, la destrucción y la posible disolución de la República.
En el juego perverso de la polarización, el gobierno-PSUV actúa como el único que levante la bandera del nacionalismo y la oposición extremista liderada por MCM juega a ser la “ficha del enemigo externo” en la política interna con la pretensión de representar a toda la oposición y a todos los venezolanos. El resto de los factores opositores por estar altamente fragmentados se diluyen en un pantano de “espectadores” que rechazan la injerencia de EEUU, pero debido a su debilidad producto de su alta fragmentación y baja credibilidad, han sido incapaces de articular una política que combine la oposición al régimen autoritario de Maduro deslindándose del maricorinismo proyanqui. El juego debe cambiar hacia una nacionalización y repolarización de la política venezolana que permita expulsar los intereses y agentes geopolíticos externos, y replantear la lucha por la defensa de la Constitución y la democracia en el marco de la defensa de la soberanía del Estado y la Nación frente a cualquier amenaza externa.
El gran desafío de la sociedad democrática integrada por organizaciones y movimientos sociales, políticas, gremiales, culturales y religiosos, es impulsar su convergencia en un movimiento cívico opositor plural de defensa de la Constitución y las libertades democráticas, con capacidad de impulsar un proceso de cambio enfocado en el restablecimiento de la Constitución, la superación de la crisis política de legitimidad y la atención de la emergencia social compleja que aqueja a la sociedad venezolana
