La historia republicana de Venezuela se encuentra en una encrucijada donde la arquitectura jurídica debe servir, más que nunca, como puente y no como muralla. El reciente anuncio de la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, sobre una consulta nacional para la transformación del sistema de justicia y la propuesta de una Ley de Amnistía General, no debe leerse como un simple trámite legislativo, sino como un imperativo categórico para la paz social.
Para entender la viabilidad de este camino, debemos acudir a la columna vertebral de nuestra Carta Magna. El artículo 187, numeral 5, otorga a la Asamblea Nacional la facultad exclusiva de "decretar amnistías". La amnistía, a diferencia del indulto, es un acto de olvido jurídico que extingue la responsabilidad penal; es la herramienta política por excelencia para cerrar heridas civiles.
Sin embargo, este ejercicio de "clemencia institucional" no es absoluto. Aquí entra en juego el artículo 29 de nuestra Constitución, el cual establece una frontera infranqueable: las violaciones de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad y los delitos de guerra quedan excluidos de cualquier beneficio que pueda conducir a la impunidad.
Desde la ciencia política, la estabilidad de las instituciones no se logra mediante la imposición de la fuerza, sino a través de la legitimidad y el consenso. Un sistema de justicia que se transforma para ser más humano y expedito busca reducir la "conflictividad de baja intensidad" que drena las energías de la nación.
La amnistía propuesta debe ser entendida como un mecanismo de descompresión. Al aplicar el numeral 5 del artículo 187, el Estado venezolano envía una señal de fortaleza, no de debilidad: la capacidad de reincorporar a actores políticos al juego democrático bajo un nuevo marco de respeto mutuo.
La convocatoria a una consulta nacional para un nuevo sistema de justicia es la oportunidad de corregir posibles distorsiones estructurales y garantizar que las reglas del juego sean claras para todos los sectores políticos, y fortalecer la autonomía de los órganos de justicia para que la amnistía no se convierta en "un evento aislado", sino el inicio de una era de transparencia, tolerancia y paz.
Venezuela no puede permitirse el lujo de perpetuar ciclos de revancha, con la propuesta de una amnistía general, enmarcada en los límites del artículo 29, permite honrar a las víctimas mientras se despeja el camino para el futuro.
Es importante recordar que toda amnistía tiene "sus pro y sus contra" y que debe caminar por el "filo de la navaja" que separa la reconciliación de la impunidad. El golpismo, las guarimbas y los comanditos deben convertirse en cosas del pasado.
