El jefe de Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, el cubano/americano Marco Rubio, anunció que irá al Congreso de los Estados Unidos el próximo 28 de enero a introducir, proclamar y explicar su plan de gobierno sobre Venezuela, declarándola su "protectorado".
En una audiencia programada ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Rubio pretende exponer formalmente la nueva política de la administración Trump hacia nuestra patria, un esquema que ya ha sido delineado en fases públicas:
Estabilización bajo control estadounidense (incluyendo una "cuarentena" indefinida y la toma de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo bajo sanciones para venderlos y administrar los fondos "en beneficio del pueblo", (según sus palabras). Recuperación económica con apertura a inversiones occidentales (principalmente estadounidenses) y, finalmente, una supuesta "Transición" política que promete amnistías selectivas y elecciones, pero todo bajo la supervisión y el "leverage máximo" de Washington.
Este anuncio no es una mera declaración diplomática. Representa la culminación de la primera intervención militar en la que lograron secuestrar al presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, Cilia Flores, así como el control efectivo de activos estratégicos venezolanos por parte de fuerzas estadounidenses.
Rubio ha enfatizado que no se trata de "improvisar", sino de una estrategia calculada para evitar el "caos" —caos que surge precisamente de la intervención extranjera que él mismo promueve—. El resultado práctico es claro: Estados Unidos pretende asumir la administración directa de los recursos petroleros más importantes de Venezuela, decidir quién accede a ellos y cómo se distribuyen las ganancias, y moldear el futuro político del país según sus intereses geopolíticos y energéticos.
Esta pretensión choca frontalmente con la voluntad inquebrantable del pueblo venezolano de defender su soberanía e independencia, conquistadas a sangre y fuego a lo largo de nuestra historia.
Desde la gesta libertadora de Simón Bolívar, quien forjó con su espada y su visión la independencia de Venezuela y gran parte de América del Sur frente al imperio español, hasta la Revolución Bolivariana impulsada por el comandante Hugo Chávez, quien recuperó el control de nuestro petróleo, nacionalizó industrias clave y consagró en la Constitución de 1999 la soberanía nacional como principio irrenunciable (artículos 1, 5, 152 y 323, entre otros), el pueblo venezolano ha demostrado una determinación histórica: No aceptamos tutelas ni protectorados extranjeros.
La Carta Magna, aprobada por referéndum popular, establece que "la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo" y prohíbe explícitamente cualquier forma de cesión de soberanía o intervención que vulnere la independencia nacional. Chávez, en su vida y legado, encarnó esa resistencia: enfrentó sanciones, golpes de Estado y presiones imperiales para afirmar que el petróleo es venezolano y debe servir al pueblo, no a corporaciones transnacionales ni a gobiernos foráneos.
Hoy, ante el plan de Trump —que implica control indefinido sobre nuestras reservas petroleras, intervención en la estructura económica y supervisión política—, el mensaje del pueblo venezolano debe ser rotundo: No somos colonia, no somos protectorado, no seremos administrados desde Washington. La independencia no es negociable. Bolívar no luchó por cambiar un amo por otro; Chávez no entregó su vida para que ahora administren el país quienes lo condujeron al sepulcro.
El 28 de enero de 2026 no marcará el inicio de un "protectorado" estadounidense en Venezuela. Marcará, más bien, el momento en que el mundo vea una vez más la dignidad de un pueblo que, pese a las adversidades, no se doblega. La historia nos enseña que las intervenciones imperiales terminan en resistencia y derrota para el invasor. Venezuela, con su pueblo unido en la defensa de su soberanía, seguirá escribiendo su propio destino, no el que dicte un secretario de Estado extranjero ni siquiera un emperador.
¡Venezuela soberana y libre, hoy y siempre!
