Decir que Chile fue el primer país del mundo en implantar un modelo neoliberal —durante la dictadura militar y luego con el retorno a la democracia—, privatizando prácticamente todo lo existente (salud, educación, pensiones, vivienda, agua), es algo que se ha planteado y estudiado en reiteradas ocasiones. No representa ninguna novedad.

El problema radica en que esta extrema lógica neoliberal ha permeado muchos ámbitos, incluido el campo de la salud mental y, particularmente, la psicología clínica. Sorprendentemente, poco o nada se habla al respecto, sin una reflexión seria, sobre todo por parte de quienes hemos acudido a atención psicológica a lo largo de nuestras vidas, esperando de los profesionales de la salud mental un trabajo riguroso y responsable.

Por ello, resulta fundamental visibilizar la desregulación de la psicología clínica en Chile. Esta se evidencia no solo en la ausencia de obligación de colegiarse para los profesionales, sino también en la falta de una ley que regule de forma vinculante las especialidades clínicas y establezca requisitos, como posgrados estrictos para ejercer terapia privada. En la práctica, cualquier psicólogo titulado puede atender pacientes con total libertad.

A esto se suma la enorme cantidad de universidades —muchas de ellas con dudosa calidad académica— que imparten la carrera de psicología, siendo una de las más masivas del país. Al ser tan poco regulada, esta situación representa un peligro significativo para las personas que acuden a psicoterapia, ya que muchas veces se encuentran con profesionales sin formación ni experiencia clínica adecuada. Esto puede llevar a procesos terapéuticos mal llevados, que incluso empeoren la salud mental del usuario.

Lamentablemente, esta desregulación se ha naturalizado en todo el país, distando mucho de lo que ocurre en otras naciones. En países como España y Estados Unidos, el acceso a la práctica clínica está fuertemente custodiado por licencias, exámenes nacionales y colegios profesionales obligatorios; en Canadá, incluso se requiere un doctorado para ejercer clínicamente en muchos casos.

En Chile, en cambio, basta con el título de psicólogo para abrir una consulta y autodenominarse terapeuta de cualquier orientación. Esto constituye una grave irresponsabilidad, considerando lo prolongado y costoso que puede ser un proceso terapéutico. Además, desde la pandemia, muchos profesionales optan por atender exclusivamente online, descuidando a menudo las necesidades reales de los usuarios.

Al parecer, en Chile el mercado —con su lógica de oferta y demanda— termina siendo el principal regulador de la psicología clínica. Basta con que un psicólogo genere un perfil atractivo en redes sociales, acumule likes, solicite reseñas (a menudo a conocidos) en portales como Doctoralia o Encuadrado, y fije precios en función de ello, para captar usuarios rápidamente.

En consecuencia, todo esto refleja un modelo neoliberal que permea incluso el cuidado de lo subjetivo y el sufrimiento emocional, tratándolos como otra mercancía o producto individual más del mercado, sin mayores regulaciones estatales. Por un lado, genera una enorme oferta y acceso a distintos sectores (en precios, tipos de terapia y enfoques); por otro, expone a las personas a cualquier tipo de profesional, con los riesgos que ello implica.

¿Cómo distinguir, entonces, a un terapeuta con sólida formación y experiencia de otro que se disfraza de tal, aprovechando la ausencia de supervisión ni ética colegial vinculante? Es cierto que el Colegio de Psicólogos de Chile, como entidad gremial voluntaria, ha impulsado reformas (certificaciones de especialidades, código de ética obligatorio), pero choca contra un sistema que prioriza la libertad económica sobre la protección de los usuarios.

No se trata de pedir un control estatal autoritario que atente contra la diversidad de enfoques en psicología, sino de establecer mínimos que protejan la dignidad de las y los usuarios: colegiación obligatoria para el ejercicio clínico, registro público de especialidades acreditadas, supervisión ética efectiva y educación continua obligatoria. De lo contrario, seguiremos condenando a muchas personas a un mercado salvaje donde la salud mental se negocia como cualquier otro bien.

El ejercicio de la psicología clínica no se construye en un vacío regulatorio ni en la negación de los derechos de los usuarios. Requiere marcos que garanticen que el terapeuta no sea solo un proveedor de servicios, sino un acompañante ético y competente. Mientras el mercado siga siendo el juez supremo, la psicología chilena seguirá siendo un espejo distorsionado de nuestra sociedad: abierta y diversa, pero profundamente desigual y desprotegida..