La crisis institucional en Minnesota ha escalado a niveles sin precedentes tras la difusión de un análisis técnico realizado por expertos independientes sobre el video del asesinato de Alex Pretti a manos de agentes federales. El informe, respaldado por organizaciones de derechos humanos, concluye que los disparos se efectuaron cuando la víctima ya estaba completamente inmovilizada en el suelo y no representaba una amenaza, lo que ha llevado al Gobernador Tim Walz a declarar un estado de "confrontación jurisdiccional". En una comparecencia de urgencia, Walz ha exigido el retiro inmediato de las unidades tácticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del ICE de las calles de Minneapolis, calificando sus tácticas como "propias de una fuerza de ocupación" y anunciando que la Guardia Nacional del estado protegerá a los ciudadanos ante lo que considera operativos ilegales de la administración federal.
El análisis del video, que ha sido minuciosamente revisado cuadro por cuadro, desmiente la versión oficial de "defensa propia" difundida por Washington. Según los peritos, Pretti mantenía las manos visibles y lejos de su arma reglamentaria —para la cual tenía permiso— en el momento en que un agente federal disparó al menos cuatro veces a quemarropa contra su pecho. La indignación se ha multiplicado al revelarse que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales encendidas, violando protocolos que el propio DHS aseguró haber reforzado. Esta "desconexión tecnológica" deliberada, sumada a la brutalidad captada por los teléfonos de los transeúntes, ha provocado que el fiscal del condado de Hennepin emita órdenes de arresto contra los agentes implicados, una medida que el Gobierno federal ha prometido ignorar bajo el amparo de la inmunidad soberana.
En respuesta a la "rebelión" de Minnesota, el comisionado interino del DHS ha defendido el uso de la fuerza, alegando que el video está "editado y fuera de contexto", mientras anuncia el despliegue de 1.500 efectivos adicionales de la Patrulla Fronteriza para "restaurar el orden" en las ciudades que se resistan a las operaciones federales. La ciudad de Minneapolis, que aún arrastra las cicatrices de disturbios civiles de años anteriores, se prepara para una noche de extrema violencia. Las autoridades locales han cerrado los accesos al centro de la ciudad y han instado a los residentes a documentar cada interacción con fuerzas federales, mientras la Casa Blanca ha calificado la actitud del gobierno estatal como una "insurrección política" que pone en riesgo la seguridad nacional y la ejecución del presupuesto de 1,2 billones de dólares recientemente aprobado por el Congreso.
