A sesenta años de la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, el panorama jurídico y diplomático entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana parece haber retornado a un punto de tensión que muchos consideraban superado por la vía del entendimiento.
Sin embargo, tras las recientes declaraciones del gobierno de Georgetown, parece decidida a desmantelar el espíritu del único instrumento válido para resolver la controversia territorial por la Guayana Esequiba.
El reciente comunicado emitido por el Gobierno de Venezuela no es solo una respuesta retórica; es una denuncia necesaria ante la pretensión de Guyana de ignorar obligaciones jurídicamente vinculantes. Al observar el comportamiento de Georgetown, resulta evidente que su estrategia actual es la del "hecho consumado", apoyada en una interpretación selectiva del derecho internacional que busca sepultar la esencia misma del compromiso adquirido en 1966.
Para entender la gravedad del momento, debemos recordar qué es el Acuerdo de Ginebra. No es, como algunos pretenden sugerir, un simple registro de una queja venezolana. Es un tratado internacional, registrado ante las Naciones Unidas, que establece una obligación clara: las partes deben alcanzar un "arreglo práctico para una solución satisfactoria de la controversia".
El término "arreglo práctico" no fue una elección fortuita. En el lenguaje del Derecho Internacional Público, esto implica que:
El Laudo Arbitral de 1899 es nulo e írrito: El Acuerdo de Ginebra existe precisamente porque Venezuela demostró que aquel laudo fue producto de un fraude procesal. Si el laudo fuera válido, el Acuerdo de Ginebra no tendría razón de ser.
La solución debe ser negociada: Un "arreglo práctico" se diferencia de una "decisión judicial" en que busca la equidad y la viabilidad futura de la convivencia entre Estados, no simplemente un ganador y un perdedor basado en títulos viciados.
Guyana, en su reciente pronunciamiento por el 60º aniversario, intenta desvirtuar este mandato. Su insistencia en judicializar unilateralmente el proceso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) es, en la práctica, una confesión de que no desean un arreglo práctico. Prefieren el refugio de una instancia judicial que ellos consideran favorable, ignorando que el Acuerdo de Ginebra exige que la solución sea mutuamente aceptable.
¿Cómo puede ser aceptable una solución que ignora la base misma del tratado que le da origen? Al intentar validar el Laudo de 1899 a través de la CIJ, Guyana pretende retroceder el reloj 127 años, borrando de un plumazo el compromiso que asumió voluntariamente al independizarse del Reino Unido.
El Esequibo es venezolano.
