20-01-26.-La Asamblea Nacional de Venezuela (AN) sancionó este jueves la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que busca liberar a personas procesadas o encarceladas por delitos políticos, con excepción de crímenes graves como homicidio o narcotráfico.
Entre las disposiciones, la normativa establece que quienes soliciten amnistía deberán presentarse ante tribunales para evaluar su elegibilidad, medida que generó debates entre la oposición y el oficialismo.
Asimismo, se excluye a quienes hayan «instigado, favorecido o participado en acciones armadas contra la soberanía e integridad territorial de Venezuela«, incluyendo intervenciones de Estados, empresas o personas extranjeras.
La ley también especifica los hechos objeto de amnistía desde abril de 2002 hasta los procesos electorales de 2025, incluyendo el golpe de Estado de abril de 2002, el paro y sabotaje empresarial y petrolero de 2002-2003, las manifestaciones durante el referendo revocatorio de 2004, los eventos de mayo de 2007, protestas posteriores a elecciones y procesos electorales de 2013, 2014, 2016-2020, así como los comicios internos de 2023, las elecciones presidenciales de 2024 y las regionales y parlamentarias de 2025.
Quedan excluidos de la amnistía los delitos graves, como violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y de guerra, homicidios intencionales, lesiones gravísimas, tráfico de drogas y delitos de corrupción. También se excluye a quienes promuevan, faciliten o financien acciones armadas contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de Venezuela por parte de estados, corporaciones o personas extranjeras.
En cuanto a los efectos legales, la norma establece que la amnistía extingue todas las acciones penales, disciplinarias o civiles vinculadas a los hechos contemplados, incluyendo solicitudes de extradición, y cesa cualquier medida de coerción o privación de libertad para los beneficiarios. La ley también prevé que quienes reincidan después de su entrada en vigor serán procesados conforme a la legislación ordinaria.
La diputada opositora Nora Bracho reconoció que la ley “no es perfecta”, pero la calificó como “un gran avance” para mitigar el sufrimiento de los venezolanos afectados por la persecución política. Por su parte, el chavista Jorge Arreaza, presidente de la comisión, destacó que los artículos fueron discutidos ampliamente y se lograron consensos significativos.
