El escenario geopolítico contemporáneo ha sido testigo de una mutación en las formas de guerra. Ya no se trata únicamente de despliegues de infantería o bombardeos tácticos; la nueva vanguardia del asedio imperial reside en el uso del sistema financiero y el control de los recursos energéticos como herramientas de disciplinamiento político.

En este contexto, Venezuela se erige como el caso de estudio más agudo sobre cómo las sanciones petroleras, mal llamadas "sanciones" y correctamente denominadas Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) funcionan como un mecanismo de extorsión contra la autodeterminación de los pueblos.

Desde una perspectiva del Derecho Internacional, el uso de sanciones para forzar un cambio de régimen es una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, específicamente del principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados. El sector hidrocarburo venezolano, columna vertebral de su economía, no fue atacado por ineficiencia técnica, sino por su valor estratégico en el mercado global.

El imperialismo estadounidense ha perfeccionado la "arquitectura del bloqueo". Al sancionar a PDVSA, no solo se limitó la capacidad de exportación, sino que se estranguló el acceso a repuestos, químicos de refinación y, lo que es más grave, a la banca internacional.

Las inhumanas y agresivas sanciones o sabotaje bancario han actuado como un muro invisible que impide al Estado venezolano adquirir medicinas y alimentos, configurando lo que muchos expertos califican como un crimen de lesa humanidad y la gran pregunta estratégica que implica la "liberación" de sanciones es : ¿Licencia o soberanía?

Resulta imperativo desmontar el lenguaje eufemístico del Departamento de Tesoro de los EE. UU. (OFAC). Cuando se habla de "licencias" o de "flexibilización" de sanciones, no estamos ante un gesto de buena voluntad ni de diplomacia real. Estamos ante la administración controlada de la asfixia.

La Licencia como Grillete: Una licencia (como la 41 o la 44) es un permiso temporal que el imperio otorga a sus propias empresas (Chevron, por ejemplo) o a terceros para operar en suelo venezolano. Esto no es libertad comercial; es una forma de tutelaje donde el país emisor decide cuánto puede respirar el sancionado.

La Extorsión Política: Cada vez que se asoma la posibilidad de renovar o revocar estas licencias, se utiliza como una palanca de presión para influir en procesos electorales o decisiones judiciales internas, lo cual es una afrenta directa a la soberanía nacional consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La verdadera liberación no vendrá de una oficina en Washington, sino de la capacidad de Venezuela y del Sur Global para construir una arquitectura financiera multipolar. La soberanía nacional hoy se defiende en tres frentes:

1.- La Desdolarización: El uso del dólar como arma de guerra obliga a las naciones soberanas a buscar alternativas de intercambio (como el BRICS+ o monedas regionales) para evitar que sus activos sean confiscados, como ocurrió con el oro venezolano en Londres o la empresa CITGO en suelo estadounidense.

2.- La Alianza Estratégica Transcontinental: La cooperación con potencias como China, Rusia e Irán no es una simple transacción comercial, sino un acto de resistencia geopolítica que rompe el cerco unipolar.

3.- El Derecho Internacional como Trinchera: Es vital denunciar sistemáticamente ante la Corte Penal Internacional y otros organismos el carácter ilegal de las MCU, las cuales contravienen la soberanía del pueblo venezolano para decidir su destino económico sin tutelajes externos.

Las sanciones petroleras son el fusil de la guerra económica del siglo XXI. Su objetivo no es la "democracia", sino el control del recurso y la sumisión del Estado-Nación que se atrevió a ser soberano.

La historia recordará este periodo no como el colapso de una industria, sino como la resistencia de una nación frente a un asedio imperial que utiliza el hambre y la parálisis industrial como herramientas de diplomacia oscura.

La liberación definitiva solo ocurrirá cuando el mundo reconozca que el petróleo de una nación es un activo de su pueblo, no un botín para el poder hegemónico.