No son estudiantes, son delincuencia organizada que cobran salario asignado por dirigentes políticos de ultraderecha y ya tienen un mes sin trabajar. Sólo se dedican a quemar cauchos, el destapar alcantarillas que provocan la muerte y demás prácticas asesinas.
En protestas de calle han herido y asesinado a varios agentes de las fuerzas del orden público, han mostrado conocimientos avanzados en tácticas de combate. Han saltado dispositivos de contención de la guardia nacional, al igual que han empleado medios insidiosos que tienen capacidad de asesinar como guayas, vidrios rotos.
No son estudiantes, sino criminales entrenados para el paramilitarismo y la generación de graves daños a todo tipo de poblaciones, incluyendo civiles, en nombre de supuestos ideales políticos.
En ningún caso parece sensato hablar de reducir la inflación económica mientras de derrama aceite en autopistas con bajadas profundas para generar choques múltiples entre vehículos automotores. Ni es creíble discutir sobre la falta de alimentos en supermercados mientras se construyen barricadas con escombros en las puertas de urbanizaciones.
Crece la duda sobre cuánto tiempo podrá la clase media que habita en esos dieciocho municipios alzados en guarimbas, soportar la violación de su derecho al libre tránsito en concordancia con su restringido derecho al trabajo y demás valores previstos en la Constitución, en razón al secuestro colectivo que estos grupos delictivos vienen aplicando al pueblo desde el pasado 12 de febrero.
La polarización podría degenerar en locura pues la guarimba nacional ha destruido varias vidas con asesinados y heridos, pero también crea efectos colaterales como un mayor daño a la economía venezolana, la erosión de las normas de convivencia, la discordia masificada entre compatriotas, entre otros males.
