Sobre la autopista regional del centro vía Valencia, en el estado Carabobo, se encuentra el peaje de Guacara, allí está ubicado un puesto de auxilio vial, un destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana y un módulo de Tránsito y Transporte Terrestre regentado por oficiales de la Policía Nacional Bolivariana. Dichos efectivos (P.N.B.) tienen a su cargo chequear que los automóviles particulares, transporte público y de carga tengan sus automóviles en regla y además cuenten con la documentación pertinente. Acción que me parece acertada por parte del gobierno, debido a que esto contribuye al orden y cumplimiento de la ley de tránsito. No obstante, para nadie es un secreto que allí también se vienen cometiendo diversos tipos de abusos, atropellos y violaciones de los derechos civiles de los conductores, por parte de los que aquí denomino los “polichulos” nacionales bolivarianos. Estos se dedican a revisar las condiciones de los automóviles, lo cual es su deber, pero con el agraviante que los consabidos esperan que cualquiera de nosotros no tenga en regla alguno de nuestros papeles o tengamos alguna falta de nuestros accesorios para alegar de forma injustificada, nada más y nada menos que la retención del automóvil.

Por un lado, es justo que cualquiera de los que transitamos por el territorio nacional tengamos nuestros automóviles en regla, por nuestra seguridad y la de terceros, es nuestro deber; y en el caso de que no sea así debemos recibir la multa o multas correspondientes a esta violación de las normas de tránsito; no obstante la decisión de retención de un vehículo, aludiendo a dispositivos de seguridad que no están en regla, no corresponde a una falla mayor, sobre todo cuando se trata, por ejemplo, de luces de stop o cruce. La retención de un vehículo por parte de las autoridades competentes en este asunto, sobre todo cuando el conductor se compromete a solventar la falta o en su defecto decide no circular más su vehículo, corresponde a “abuso de poder”, por parte de los mencionados oficiales.

En el caso específico de peaje de Guacara, lo que allí se comete es un sistemático y permanente abuso de poder de los “polichulos”, quienes tiene como objetivo hallar la más mínima falta para retener los vehículos que por allí transitan; éstos no sólo aplican las multas que corresponden a cada caso, sino que de ipso facto retienen los vehículos, los cuales son llevados de inmediato a un estacionamiento privado, denominado: “Campobasso S. R. L.”, ubicado en la vía principal de Guacara, Vigirima, sector el Toco de Guacara, en cual los carros corren el riesgo de ser desvalijados. Sin mediar, ni esperar el tiempo correspondiente que los conductores tenemos para pagar nuestra multa, e inclusive solventar la falla durante el día del siniestro, estos oficiales actúan como bandas de extorsión, exigiéndoles a los conductores que si no nos “bajamos de la mula” o los sobornamos, el vehículo queda retenido. Puedo mencionar al “Polichulo” Fidel Díaz C.I. 18.176611, quién es uno de los implicados en esta aberrante práctica diariamente. Los costos que acarrea una situación de este tipo, oscila entre los 5.000 y 6.000 Bs, no conforme con ello, estos imponen cualquier excusa para no permitir el retiro de los vehículos allí sancionados, haciendo que los dueños o conductores tengamos que presentar hasta el último documento que a los mismos se les ocurra, lo cual les permite tener más días el vehículo retenido, por ende cobrar más y en su defecto robarle a los autos lo que consideren pertinente.

Todo esto debido a que no existe control por parte del M.P.P.I.J. y del I.N.T.T. sobre las tarifas de los grüeros y los dueños de estacionamientos, como el mencionado anteriormente. Tal empresa privada de estacionamiento y servicio de grúas están “encompichados” con los “polichulos” para enviar la mayor cantidad posible de autos a estos estacionamientos, aplicando de manera arbitraria las normas de tránsitos y obligando a los conductores a utilizar el servicio de grúa de la misma empresa; actividad por la cual los bien llamados “polichulos”, reciben una onerosa ganancia mensual, es decir una “comisioncita”. Es desmesurado lo que allí está sucediendo, la gran cantidad de dinero que estos “malandros uniformados” obtienen diariamente debido a la extorsión que se perpetra, tomando en cuenta que esta es la autopista y vía más transitada del país. ¿No constituye esto además de una violación de los derechos civiles, una actividad abiertamente delictiva? ¿Cómo podemos sentirnos los ciudadanos cuando quienes están para protegernos y por quienes pagamos para que hagan cumplir el orden, sólo se diferencien de los malandrines por su uniforme? ¡Esto es aberrante!

No nos queda más escribir esta nota, luego de la impotencia y el abuso al que somos sometidos los ciudadanos, sobre todo aquellos quienes creemos que un mundo mejor es posible, que el socialismo es posible. Nuestro deber es denunciar, seguir luchando, esperamos que alguna luz en el camino alerte a quienes dirigen y todavía “representan” nuestro destino, como ciudadanos; que aquello que llamamos “ética socialista” algún día no muy lejano florezca. Sin embargo aún, estamos a merced de la voracidad y el atropello, en muchas ocasiones nos sentimos como en el viejo oeste. Y como dice el Chapulín Colorado ¿quién podrá defendernos? ¿Cómo es posible que ningún servidor público, ni el alcalde de Guacara, hagan nada por esta situación? Son miles de carros los que por allí transitan, son miles de extorsionados los que por allí quedan regados.

¿Cuándo será el día que verdaderamente haremos patria?