La arquitectura estatal en Venezuela ha transitado de una estructura administrativa convencional a un fenómeno de hipertrofia burocrática sin precedentes en la región. Lo que en 1999 inició como una promesa de simplificación administrativa con apenas 14 carteras, ha derivado en un organigrama de 34 ministerios.

Esta expansión no responde a un crecimiento orgánico de la población o a una complejidad económica emergente, sino a una lógica de fragmentación institucional y diversificación del control político que desafía los principios elementales de la administración pública.

La base de este crecimiento reside en la flexibilidad de la Ley Orgánica de la Administración Pública, la cual otorga al Ejecutivo una facultad casi ilimitada para crear, fusionar o suprimir despachos. Esta ausencia de contrapesos institucionales ha permitido que el diseño del Estado se adapte a coyunturas políticas inmediatas en lugar de obedecer a una planificación técnica de largo plazo. La creación de carteras como Agricultura Urbana, Desarrollo Minero Ecológico o, más recientemente, el Ministerio para los Adultos Mayores, evidencia una tendencia a elevar problemas sectoriales o grupos demográficos al rango ministerial. Si bien esto proyecta una imagen de prioridad política, en la práctica genera una superposición de competencias donde las funciones de un nuevo ente colisionan con las de ministerios preexistentes, diluyendo la responsabilidad administrativa y multiplicando el gasto corriente, ninguno de estos ministerios deben existir, así como otros que no cumplen su Misión y razón de ser, como por ejemplo: 

El ministerio encargado de "salud" tiene como misión garantizar el acceso universal a servicios médicos de calidad. Sin embargo, Venezuela enfrenta el colapso de su sistema hospitalario: escasez crónica de medicamentos, equipos rotos, éxodo masivo de médicos y una mortalidad infantil que retrocedió décadas. "No cumple su misión."

El ministerio de "educación" debe asegurar educación gratuita y de calidad. La realidad: deserción escolar masiva, maestros con salarios de miseria que han emigrado por millones, y una infraestructura escolar deteriorada. "No cumple su misión."

El de "finanzas" debe velar por la estabilidad macroeconómica. Venezuela vivió la hiperinflación más prolongada del hemisferio occidental en el siglo XXI, acumulando una inflación de millones por ciento entre 2016 y 2021. "No cumple su misión."

El ministerio de "trabajo" debe proteger los derechos laborales. Los salarios reales se destruyeron: el salario mínimo llegó a equivaler a menos de 0.25 centavos de dólar mensuales y un bono de guerra que no incide en ninguna prestación, bono de guerra 50$. "No cumple su misión."

Al evaluar el aparato burocrático bajo el prisma de la gestión por resultados, se observa una desconexión crítica entre el mandato legal de los organismos y su capacidad de ejecución real. Se pueden identificar tres categorías de desempeño dentro de esta estructura:

Institucionalidad Inercial y Operativa Existen carteras, como Petróleo y Relaciones Exteriores, que conservan una estructura técnica mínima necesaria para la interacción con el sistema global. No obstante, su eficacia se ha visto mermada por factores sistémicos. El Ministerio de Petróleo, por ejemplo, ha gestionado una industria cuya producción colapsó de niveles históricos superiores a los 3 millones de barriles diarios a menos de un tercio de esa cifra. Aquí, la burocracia existe y opera, pero su capacidad de influencia sobre las variables macroeconómicas del sector es marginal.

El Déficit en Servicios y Derechos Fundamentales En áreas críticas como salud, educación, energía eléctrica y agua, el crecimiento de la estructura ministerial ha sido inversamente proporcional a la calidad del servicio prestado. La existencia de ministerios dedicados exclusivamente a la gestión del agua o la electricidad no ha logrado mitigar las fallas estructurales documentadas por organismos técnicos internacionales. Este fenómeno sugiere que el problema no es la falta de una jerarquía ministerial, sino una crisis de gestión de recursos y una desprofesionalización del funcionariado, donde el rango de "Ministro del Poder Popular" se convierte en una etiqueta simbólica frente a infraestructuras en franco deterioro. Para evaluar si esta estructura es funcional, es necesario aplicar criterios de nueva gestión pública, analizando la relación entre la existencia del ente y el cumplimiento de sus objetivos sustantivos.

Estructuras de Dudosa Autonomía Funcional Una parte significativa del gabinete se dedica a áreas que, en sistemas administrativos eficientes, suelen gestionarse como viceministerios o direcciones generales. Carteras como Juventud, Deporte o Turismo operan como entes autónomos con presupuestos propios para sedes, escoltas y personal administrativo, sin que existan indicadores que demuestran que este rango ministerial ha traducido su existencia en un desarrollo sectorial superior al que se obtendría bajo una estructura consolidada y menos costosa.

Un factor determinante en la configuración actual del Estado es la ocupación de cargos civiles por parte de cuadros militares, quienes para marzo de 2023 dirigían el 42% del gabinete. Desde una perspectiva de teoría organizacional, esto representa el desplazamiento de la meritocracia técnica por un modelo de jerarquía y lealtad. La gestión de carteras de alta complejidad técnica, como Finanzas, Vivienda o Salud, bajo una visión castrense, tiende a priorizar la disciplina y el control sobre la innovación y la eficiencia sanitaria o económica. Esta transición ha contribuido a la opacidad en la rendición de cuentas, transformando ministerios en parcelas de poder con escasa transparencia pública.

El crecimiento de la nómina estatal, que sumó más de un millón de empleados en una década (equivalente a cientos de incorporaciones diarias), transformó al Estado en el principal empleador del país, pero a costa de una productividad marginal decreciente y de la destrucción del salario real. Entre 2002 y 2012, los empleados estatales pasaron de 1,3 a 2,4 millones, un crecimiento del 83% en diez años, equivalente a 319 nuevos empleados por día

El balance final revela que Venezuela no padece únicamente un problema de tamaño, sino de calidad burocrática. La existencia de ministerios que no cumplen su misión básica, como Finanzas ante la hiperinflación o Trabajo ante la pulverización del poder adquisitivo,  demuestra que la estructura actual ha perdido su razón de ser técnica. Una reforma integral no consistiría simplemente en "recortar" el número de ministerios a la mitad, sino en una reingeniería profunda que priorice la idoneidad técnica sobre la militancia, la transparencia presupuestaria sobre la opacidad y la simplificación de trámites sobre la expansión de oficinas. Reducir la macrocefalia estatal es el primer paso para devolverle al ciudadano un Estado que sea, ante todo, funcional.

NO HAY NADA MÁS EXCLUYENTE QUE SER POBRE.