La espantosa tragedia climática en el departamento de Cordoba (300 mil personas colocadas en el abandono absoluto) y los municipios localizados en la rivera de los rio Sinú, Canalete y San Jorge, está propiciando una muy profunda reflexión sobre el papel del Estado y de sus instituciones (UNGRD y Fondo de Adaptación) en el manejo de los problemas ligados al traumático cambio climático que ocurre en el planeta.

En Colombia, dada su compleja geografía y su estrecho vínculo con los océanos atlántico y pacífico, son altísimos los riesgos de desastres con graves daños sobre la población. Así que, el problema no es la presencia de eventos climáticos muy extremos. El asunto es de otro orden, es que las instituciones públicas (UNGR y Fondo de Adaptación), de muy reciente creación, aparecen de manera tardía luego de que el riesgo se ha hecho una realidad, cuando lo que se debió haber hecho fue minimizar la exposición y vulnerabilidad antes de presentarse el desastre como ocurre con frecuencia y lo está demostrando la inundación de un departamento como Cordoba.

Desde la ocurrencia del fenómeno de la Niña (2010-2011), en nuestro país son muchas las voces de funcionarios, de políticos, académicos y charlatanes de cafetín, que sugieren que el riesgo se gestiona bien por la maraña institucional dispuesta para el efecto; sin embargo, los hechos acumulados y las evidencias registradas nos indican otra realidad: el Estado "medio administra" desastres en condiciones de mucha deficiencia y burocratismo. La repetición de deslizamientos, inundaciones, sequias y perdidas económicas y productivas ligadas a las variaciones y a las alteraciones climáticas no reflejan eventos extraordinarios ni una fatalidad de la naturaleza, sino a un modo institucional persistente de decisiones institucionales que producen vulnerabilidad y migración de los costos al futuro de la sociedad, aplazándolos.

El punto es la debilidad para articularlos en el marco de una clara racionalidad de adaptación.

Hay que considerar que, a lo largo de décadas, el análisis del cambio climático domestico ha variado entre discursos sobredimensionados de mitigación y de soluciones reactivas a las emergencias. Pero insistir en un enfoque volcado en la emergencia y en la mitigación es poco eficiente y presupuestalmente inmanejable.

Las torrenciales lluvias –como las de febrero en el departamento de Cordoba y Montería- que desatan devastadoras inundaciones, al lado de prolongados periodos de sequía que propician desabastecimiento hídrico, hacen parte de un modelo que ya no se puede desconocer como "epifenómenos" de gran impacto.

Lo único cierto es que estamos delante de manifestaciones de un clima y de un régimen de lluvias que ha mutado radicalmente y cuya alteración se siente por todos los lugares del territorio.

Así, si el Estado y el gobierno no le da un viraje radical a la planificación del territorio en todos sus niveles, en sus servicios públicos e infraestructura, seguirá siendo afectado por su propio fenómeno de riesgos cuantas veces sea necesario.

El riesgo no es natural es social y se proyecta desde las teorías del desarrollo.

Tal como lo muestra Aníbal Pérez García (Ver https://razonpublica.com/sin-adaptacion-no-futuro-colombia-sigue-administrando-desastres/ ), reconocido experto en temas del cambio climático, el riesgo asociado al clima no surge exclusivamente de los fenómenos naturales. Se amplifica cuando el desarrollo ignora los límites del territorio, cuando la planeación no considera escenarios futuros y cuando las instituciones reaccionan, pero no anticipan. En Colombia, buena parte del riesgo actual es el resultado de decisiones acumuladas: ocupación de zonas inundables, infraestructura diseñada para unas condiciones climáticas que ya no existen y servicios públicos planificados sin incorporar la variabilidad climática, señala Pérez García.

El problema no es la ausencia de estudios de riesgo, sino que estos no tienen jerarquía suficiente para condicionar decisiones de uso del suelo ni de inversión.

Persistir en este modelo, agrega Pérez García, implica perpetuar un ciclo de pérdidas crecientes y reconstrucción permanente. Cada evento extremo se convierte en una nueva presión presupuestal, mientras las causas estructurales permanecen intactas. La atención de la emergencia es políticamente visible; reducir el riesgo exige decisiones menos populares, pero mucho más responsables.

El valor estratégico de los ecosistemas: lagunas, humedales, etc.

Mucho de lo que falla, plantea Pérez García, en la gestión del riesgo tiene raíz en la degradación de los ecosistemas. Los páramos que captan agua, los bosques que regulan caudales, los humedales que amortiguan inundaciones y los corredores biológicos que sostienen ciclos hídricos son piezas funcionales del sistema climático. Cuando esos sistemas se degradan —como ha sucedido con la deforestación en distintos frentes del país— se amplifica el riesgo y se erosiona la capacidad de adaptación.

La pérdida de humedales y bosques ribereños aumenta los picos de escorrentía y la velocidad de las crecientes, mientras la deforestación en cuencas altas incrementa la probabilidad de sequías y deslizamientos (Ver https://razonpublica.com/sin-adaptacion-no-futuro-colombia-sigue-administrando-desastres/ ).

Una de las omisiones más graves de la política de gestión del riesgo en Colombia es la subvaloración de la restauración de ecosistemas y la biodiversidad como medidas de adaptación. A pesar de la evidencia disponible, la restauración sigue tratándose como una agenda ambiental separada, cuando en realidad es una de las formas más costo-efectivas y estructurales de reducir riesgo climático.

La restauración ecológica, en este contexto, no es un lujo ambiental, ni un asunto sectorial aislado. Es infraestructura natural de adaptación. Restaurar ecosistemas, proteger bosques y rehabilitar humedales actúa directamente sobre la exposición y la vulnerabilidad al clima. No sustituye completamente las obras físicas, pero las complementa, y reduce significativamente su costo y riesgo.

La experiencia de manejar el agua en Colombia ya muestra que cuando se degradan los ecosistemas, el país paga dos veces: primero con la pérdida del servicio natural que prestaban y luego con la factura de construir "soluciones de infraestructura" que la mayoría de las veces no son resilientes al cambio climático.

Colombia ha respondido históricamente al riesgo con obras duras, muchas veces aisladas, costosas y poco flexibles. La restauración ofrece una lógica distinta: actúa sobre las causas estructurales del riesgo, es adaptable en el tiempo y genera cobeneficios sociales y económicos, afirma Pérez García. Sin embargo, mientras la política de gestión del riesgo siga desconectada de la política de biodiversidad, la restauración seguirá siendo marginal, fragmentada y vulnerable a los ciclos políticos.

Instituciones públicas rezagadas.

La Ley 1523 de 2012 (Ver https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=47141 ) representó un avance importante al ordenar el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. La ley ordenó la respuesta a los desastres y fortaleció la coordinación institucional, pero más de una década después, ese marco muestra claros signos de agotamiento y obsolescencia. Aunque reconoce la importancia de la prevención, en la práctica la política pública ha gravitado hacia la atención de emergencias y la recuperación pos evento.

La UNGRD.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha demostrado capacidad para coordinar la respuesta a emergencias. Esa fortaleza es innegable y necesaria. Sin embargo, en los últimos años la entidad ha enfrentado dificultades para trascender la lógica reactiva y consolidarse como un actor estratégico de reducción del riesgo; además de haber sido afectada por gigantescos casos de corrupción con Olmedo Lopez.

Los problemas de ejecución, la improvisación en decisiones clave y la concentración del debate en explicaciones presupuestales han opacado lo fundamental: el riesgo estructural no está disminuyendo. Más allá de las particularidades del régimen financiero o de las herencias institucionales, la gestión del riesgo exige liderazgo técnico, planificación y una visión de largo plazo. Cuando la entidad encargada del riesgo queda atrapada en la emergencia permanente y en la corrupción de los políticos de turno, pierde capacidad para incidir en las decisiones que realmente importan.

Fondo de Adaptación.

Por otra parte, el Fondo Adaptación, creado tras la ola invernal de 2010-2011, acumuló una experiencia valiosa (aunque diezmada en meses recientes por el tráfico de influencias y su descarada patrimonializacion) en estructuración de proyectos complejos y gestión territorial. Esa capacidad es escasa en el Estado colombiano y particularmente relevante para una agenda de adaptación. Sin embargo, en los últimos años el Fondo ha carecido y carece de una dirección estratégica clara. La superposición de funciones, la indefinición de su papel y la falta de una apuesta decidida por fortalecerlo como instrumento de inversión adaptativa han limitado su impacto. La ocasional concentración de la dirección del Fondo y de la UNGRD en una misma cabeza no ha resuelto esta debilidad; por el contrario, ha reforzado una lógica de corto plazo centrada en la coyuntura.

El país no necesita desmantelar el Fondo Adaptación, sino potenciarlo y reorganizarlo para evitar que termine siendo patrimonializado por mafias urbanas emergentes como engendro del clientelismo político, con criterios técnicos claros, autonomía operativa y liderazgo especializado. Perder esa capacidad sería un error difícil de justificar.

En paralelo, la política de biodiversidad y restauración ecológica ha avanzado por una vía distinta, sin integrarse plenamente a la gestión del riesgo. El Fondo para la Vida y la Biodiversidad fue estructurado como patrimonio autónomo para canalizar recursos hacia conservación y restauración, pero hoy opera de manera desconectada de la lógica de adaptación y reducción del riesgo climático. Esta separación es conceptualmente equivocada. Integrar el Fondo para la Vida dentro de un sistema de inversión en reducción del riesgo —o articularlo funcionalmente con los instrumentos existentes— permitiría avanzar hacia portafolios territoriales donde la restauración actúe como infraestructura natural para disminuir vulnerabilidad y pérdidas futuras (Ver https://razonpublica.com/sin-adaptacion-no-futuro-colombia-sigue-administrando-desastres/ )

Dejar de administrar desastres.

Colombia no necesita más diagnósticos ni nuevas entidades para enfrentar el riesgo climático. Lo que necesita es reordenar prioridades, alinear instrumentos existentes y tomar decisiones incómodas pero necesarias. Salir del ciclo de administrar desastres exige, al menos, cinco acciones concretas.

Primera. Integrar la restauración ecológica al sistema de gestión del riesgo climático: Restaurar cuencas, humedales, manglares y bosques estratégicos no es solo compensación ambiental: es reducción efectiva del riesgo.

Segunda. Hacer del riesgo una restricción real al desarrollo.

Tercero. Incorporar la adaptación como criterio obligatorio de la inversión pública.

Cuarto. Tratar los servicios públicos como infraestructura crítica de adaptación

Quinto. Reformar la arquitectura institucional para la adaptación.