En medio de una escalada de amenazas abiertas, sanciones unilaterales y discursos insultantes, se ha vuelto urgente levantar una defensa ética, política y humana frente a los ataques dirigidos contra un líder soberano como es Nicolás Maduro y contra otros dirigentes venezolanos, que defienden celosamente la integridad de nuestra Patria Venezuela.

Desde enero, el presidente de Estados Unidos ha intensificado una campaña de hostigamiento que incluye amenazas de muerte, recompensas por su captura, acusaciones infundadas de narcotráfico y anuncios de acciones militares. Esta conducta no solo viola principios elementales del derecho internacional, sino que representa una forma de violencia imperial que busca someter a los pueblos por la fuerza, sin mediación ni respeto por su soberanía.

La amenaza de ajusticiamiento militar contra un jefe de Estado no puede ser aceptada. No es una diferencia política, no es una crítica diplomática: es una incitación al asesinato. Es una manifestación del mundo criminal en que ha vivido Donald Trump y por lo cual ha sido sentenciado en los tribunales de su país. Pero ahora lanza sus amenazas cuando dirige la mayor potencia militar del planeta, por lo que sus palabras se convierten en un acto de terrorismo de Estado. No está atacando a una mujer indefensa en una tienda, ataca a una nación y a la convivencia internacional.

La política exterior de Estados Unidos ha dejado de ser una herramienta política y se ha transformado en una maquinaria de coerción, de terror y asesinatos, donde la vida de los dirigentes de países no alineados se convierte en moneda de cambio, en blanco de cacería, en objetivo militar.

La retórica belicista y las amenazas directas emitidas por la administración del expresidente Donald Trump contra el presidente Nicolás Maduro y otros líderes venezolanos han escalado a un nivel de peligrosidad que exige la máxima atención de la comunidad global. Lo que comenzó como una política de sanciones económicas y desestabilización diplomática se ha transformado en un desvergonzado patrón de incitación al magnicidio y violación flagrante de los principios fundamentales del derecho internacional. Derecho que para Donald Trump y los Estados Unidos ya no existe.

La oferta de recompensas por la captura o "información" de un jefe de Estado en ejercicio, junto con las repetidas acusaciones infundadas de narcoterrorismo, no es mero pulseo diplomático; son, en esencia, una carta abierta a la impunidad y al asesinato político. Este tipo de acción sienta un precedente nefasto: el país más poderoso del mundo se arroga el derecho de declarar la ley marcial unilateralmente, actuando como juez, jurado y verdugo en territorio extranjero y en su propio país violando la constitución que los rige.  Esta es la doctrina de la fuerza pura, donde el poderío militar y económico se impone sobre cualquier marco legal. Con ello amenaza no solo a Nicolás Maduro como Presidente de Venezuela, sino a todos los países.

El patrón de Trump de desprecio por las normativas de cualquier tipo ya sean de conducta personal, política interna o tratados internacionales, no es una coincidencia, sino una característica central de su estrategia de “descalificar para atacar”. Al no respetar las reglas, busca desmantelar el orden internacional basado en normas y sustituirlo por un orden basado en la tiranía, la coerción y sus gustos personales. 

La amenaza de ajusticiar impunemente a líderes venezolanos por fuerzas militares estadounidenses o paramilitares no es solo una agresión contra Venezuela; es un asalto a la Carta de las Naciones Unidas y al principio de no injerencia que ha costado siglos consolidar. Un misil no se detiene con palabras, pero hay que luchar para detener la normalización de la barbarie. El silencio de la comunidad internacional ante este tipo de amenazas equivale a una complicidad peligrosa que valida el uso del terror como herramienta de política exterior. Haití en nuestra América, es un claro ejemplo de los resultados de esa política.

La defensa del presidente Maduro en este contexto no es solo la defensa de una persona o de un gobierno específico, sino la defensa de la soberanía nacional de Venezuela y el respeto al derecho internacional. Es un llamado urgente a las organizaciones multilaterales y a los gobiernos del mundo a condenar inequívocamente la práctica del terrorismo de Estado. Las acusaciones que se repiten desde Washington sobre supuestos vínculos con carteles de drogas carecen de cualquier prueba y se han convertido en un recurso propagandístico y mediático para justificar la agresión. Es necesario denunciar esta lógica. Es necesario escribir, hablar, resistir. Crear conciencia.

Es imperativo recordar a Washington que las disputas políticas, por profundas que sean, deben resolverse a través de los canales diplomáticos y legales, no a través de la recompensa por la vida de un adversario. La historia ha demostrado que la impunidad para el asesinato político y la agresión militar siempre conduce a un caos mayor. El mundo debe rechazar esta doctrina de la fuerza antes de que se convierta en la nueva normalidad. Estas acciones se le revertirán en violencia interna a los Estados Unidos.