En el contexto de asedio, ataques y secuestros que atraviesa Venezuela, la transformación de la educación universitaria es una tarea estratégica para la soberanía nacional. La universidad no puede quedar al arbitrio de visiones subjetivas, sino que debe alinearse con un paradigma pedagógico y de soberanía que requiere, incluso, de acción legislativa. Una nueva universidad no es una reforma superficial, sino una ruptura revolucionaria cuyo fin no es solo enseñar ciencias o filosofía, sino formar ciudadanos y ciudadanas críticos capaces de construir una sociedad con igualdad, con propiedad colectiva y sin subordinación a poderes globales.
El propósito de la universidad es la formación masiva, científica e ideológica, rechazando la idea de la academia como una élite que certifica saberes para el capital. El vínculo con el pueblo debe ser real y orgánico; la investigación y la docencia deben orientarse a resolver problemas nacionales y superar el modelo de exportación de materias primas y llevarnos a la industrialización, que genera riqueza, priorizando las necesidades de obreros y comunidades sobre las de las transnacionales. Su nuevo éxito no se mide por rankings internacionales, sino por su incidencia en la riqueza material y espiritual del pueblo.
Bajo principios de igualdad y equidad, se garantiza el acceso universal, gratuito y laico, promoviendo una visión científica frente al fanatismo. Administrativamente, se propone superar la jerarquía tradicional mediante una planificación centralizada articulada con gestión colectiva y equipos interdisciplinarios. Lograr esta meta exige un esfuerzo inmenso para romper definitivamente con la vieja concepción académica subordinada a los intereses de las potencias industriales dominantes.
Análisis educativos e institucionales son necesarios para no confundir, por razones de política o coyuntura, la naturaleza de un ministerio con la de una universidad. Eso genera errores graves y rigidez burocrática, pues no se evita una crisis con estos criterios sino que se cae en situaciones de gestión igualmente graves.
Es que mientras el ministerio opera bajo una lógica de mando y control con jerarquías verticales donde el superior interviene para asegurar la coherencia política, la universidad requiere un liderazgo de pares. En la academia, la autoridad del rector no emana de la orden, sino del prestigio intelectual y la capacidad de persuasión ante un cuerpo de expertos. Necesitamos los dos, el buen ministro y el buen rector.
Esta diferencia estructural es crítica en la toma de decisiones. En la administración pública, los actos son revisables jerárquicamente; en cambio, las decisiones docentes, como calificaciones y métodos de enseñanza, son soberanas. Las autoridades administrativas no tienen potestad para alterarlas por simple desacuerdo. Solo protegiendo el juicio del profesor frente a la burocracia se obtiene el conocimiento. Un rector que impone la mentalidad ministerial centraliza el poder y marchita la moral académica. Son dos mundos que no se debe tratar de unir. Al sustituir el debate crítico por la gestión de oficina, se devalúan los títulos y se anula la función de la universidad como ente especifico en lo educativo. Quien dirija la universidad debe ser, ante todo, el guardián de su autonomía.
Otro peligro que acecha esta transformación universitaria y es la influencia del modelo educativo actual de los Estados Unidos, (fragmentación en materias y pérdida de la sección) con el cual nos enfrentamos, donde la formación se atomiza y se centra exclusivamente en el individuo. En este esquema, el estudiante "arma su propio programa" bajo una lógica de consumo, lo que desarticula la sección como espacio de debate colectivo y reduce al docente a un simple facilitador de contenidos.
Al eliminar la cohorte y la autoridad orientadora del profesor, se difumina la mística de la academia y se pulveriza la construcción de la conciencia social. Este modelo, lejos de ser emancipador, convierte la educación en un proceso individualista de acumulación de créditos, donde el estudiante es reemplazado por un cliente que busca una credencial. Si la universidad socialista asume estas formas administrativas de la "libertad" de mercado, terminará produciendo individuos funcionales al sistema global, perdiendo su capacidad de ser el faro crítico y soberano que la nación necesita. El sistema educativo en EEUU defiende el "empoderamiento del individuo", aquí defendemos el “empoderamiento del pueblo”. Sin una base común de respeto a la norma, el resultado es la arbitrariedad en la generación que se forma. Una contradicción completa que las universidades no aclaran ni el Ministerio tampoco. Allá triunfa el yo, sobre el nosotros.
Las universidades experimentales parecen que están calcando ese modelo de los Estados Unidos, sin ninguna crítica o explicación y con gran sorpresa de los docentes que se ven empujados por las autoridades administrativas de esas instituciones hacia prácticas educativas no cónsonas con nuestra idiosincrasia, nuestras necesidades de formación, de la personalidad de los egresados ni su perfil académico.
Es posible que ante la crisis propia de impulsar el desarrollo nacional y la perdida de mucho personal universitario capacitado por la guerra cognitiva a la que hemos estado sometidos, carezcamos del personal idóneo para ocupar el cargo de Rector en las Universidades , por lo que se hace necesario pasar a la dirección colectiva o el Rectorado Colectivo de esos centros docentes, por un grupo que con calificaciones académicas pueda constituirse en equipo de dirección rectoral, un cuerpo colegiado de docentes calificados y asumir así, sin demagogias inoportunas la vital dirección de las universidades experimentales. Superaríamos así la Rectoría individual que si bien no llegan a “oficinas del gobierno” si han sido “sus oficinas personales”. Serían un Co-gobierno Docente.
Un problema adicional que deben superar las universidades experimentales es la nueva modalidad de la tiranía estudiantil. El que va a aprender, el recipiente de la dinámica educativa, la materia prima, se considera que puede presionar según sus intereses a la dinámica institucional desvirtuando la labor docente y académica en las universidades experimentales, y a la ciencia de la pedagogía que desaparece. Se estaría confundiendo, sin que los niveles de dirección nacional se expresen, el rol del estudiante para presionar políticamente, que eso es revolución, o administrativamente para flexibilizar la exigencia, debilitando la autoridad institucional y sacrificando la calidad científica. Se confunde el derecho a la participación con el derecho a determinar la validez del conocimiento.
