23-02-26.-Un grupo de presos políticos recluidos en la cárcel El Rodeo I, en Guatire, estado Miranda, inició una huelga de hambre para exigir su pronta liberación, en medio del proceso de aplicación de la recién promulgada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, de cuya cobertura temen quedar excluidos.
La activista Tamara Suju, directora del Instituto Casla, alertó sobre la situación a través de sus redes sociales. Indicó que la mayoría de los huelguistas son militares, aunque también hay civiles y extranjeros detenidos en el recinto.
Entre ellos se encuentra el policía argentino Nahuel Agustín Gallo, detenido desde hace más de un año en Caracas. Su esposa, la venezolana María Alexandra Gómez, confirmó la protesta y responsabilizó a las autoridades penitenciarias por cualquier consecuencia que pueda derivarse del ayuno.
«Hoy he recibido la información que Nahuel Agustín Gallo y más de 200 personas recluidas en El Rodeo 1 han iniciado una huelga de hambre. Lo que están haciendo cruzó el límite de lo inhumano», escribió este 22 de febrero en su cuenta en X. En su mensaje, responsabilizó al director del recinto, identificado como Martínez Rangel, por lo que pueda ocurrirle a su esposo y al resto de los detenidos.
Gómez también hizo un llamado a la presidenta encargada Delcy Rodríguez y al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, para que no jueguen “con la ilusión y expectativa” de los familiares. Asimismo, cuestionó el papel de instancias internacionales frente a lo que calificó como violaciones continuas de derechos humanos.
El caso del general Hernández Da Costa
Entre los huelguistas también figura el general Héctor Hernández Da Costa, detenido desde el 13 de agosto de 2018, cuando funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) irrumpieron en su residencia en Chacao.
Hernández Da Costa fue acusado de participar en el supuesto atentado con drones contra Nicolás Maduro en 2018. Aunque es militar, fue juzgado en un tribunal civil y condenado a 16 años de prisión. Sus familiares han denunciado irregularidades procesales, incluyendo la presentación de una orden de detención con fecha posterior a su arresto.
Su hija, Loredana Hernández, exigió fe de vida, atención médica urgente y su liberación inmediata, al tiempo que alertó sobre el deterioro de su salud y el incumplimiento de medidas internacionales que ordenan su excarcelación.
Exclusiones en la Ley de Amnistía
La Ley de Amnistía fue aprobada el 19 de febrero por unanimidad en la Asamblea Nacional y presentada por el oficialismo como un paso hacia la reconciliación política. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales han manifestado reservas sobre su alcance.
El artículo 9 del instrumento excluye delitos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas, corrupción y promoción de acciones militares contra el país.
La ONG Foro Penal estima que alrededor de 400 presos políticos quedarían fuera de la amnistía, debido a que la ley delimita su aplicación a 13 momentos políticos específicos entre 1999 y 2026.
El presidente de la organización, Alfredo Romero, explicó que buena parte de los excluidos están vinculados a supuestas operaciones militares, aunque también hay civiles dentro de ese grupo.
Por su parte, el vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, criticó que la ley deja “15 años completamente por fuera”, lo que —a su juicio— desconoce la continuidad de la persecución política en el país. Señaló además que el texto establece una selección “arbitraria” de años y coyunturas específicas, entre ellos 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019, 2023, 2024 y 2025.
