23 de febrero de 2026.- El presidente Donald Trump ha implementado su Doctrina Donroe de la Estrategia de Seguridad Nacional llevando a cabo un golpe de Estado en Venezuela. Su propósito es crear una esfera de influencia exclusiva en el hemisferio occidental, imponer la dominación imperial en estos países y expulsar a sus rivales, especialmente China. En un primer paso de esta estrategia, Trump urdió falsas acusaciones de tráfico de drogas contra el régimen de Nicolás Maduro, utilizándolas para justificar la ola de ataques terroristas contra lanchas que navegaban frente a la costa venezolana y el envío de fuerzas especiales para secuestrar a Maduro y a su mujer, Cilia Flores, que han ingresado en una cárcel de Nueva York en espera de juicio.
En su declaración a la prensa sobre el golpe, Trump y los miembros de su gobierno reconocieron abiertamente sus objetivos imperiales reales, a saber, el control del petróleo de Venezuela. Sin embargo, en vez de instalar un gobierno de la derecha encabezado por la líder de la oposición, María Corina Machado, Trump mantuvo intacto el régimen de Maduro, ahora dirigido por Delcy Rodríguez. A pesar de su retórica antiimperialista, la nueva presidenta colabora con el gobierno estadounidense. Mientras, Trump se plantea nuevas intervenciones y cambios de régimen, desde Colombia hasta Nicaragua, Cuba y Groenlandia, con el fin de someter el hemisferio occidental a los designios de Washington.
En esta entrevista, el redactor de Tempest Ashley Smith habla con el activista Federico Fuentes sobre el golpe, el régimen de Maduro y la urgencia de construir la resistencia antiimperialista frente al nuevo imperialismo agresivo de Trump.
El golpe de Estado de Trump en Venezuela conmocionó al mundo. Es claramente el primer paso de su Nueva Doctrina Monroe para declarar el hemisferio occidental como esfera de influencia exclusiva de Washington, lo que convierte en blanco de sus ataques a todos los gobiernos que se opongan a EE UU o se resistan a sus dictados. Pero también es sorprendente. Antes del golpe, Maduro estaba ofreciendo a EE UU todo tipo de concesiones y acuerdos, pero Trump optó por secuestrarlo de todos modos. ¿Por qué?
Las negociaciones entre los gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro se remontan al inicio del segundo mandato de Trump, cuando su enviado especial, Richard Grenell, se reunió con Maduro en Caracas. Parece que, al menos durante un tiempo, Trump estaba abierto a la idea de replantear las relaciones con la Venezuela de Maduro.
Esto se basaba en el reconocimiento de que los aliados tradicionales de Washington en la oposición de derecha eran demasiado débiles para desalojar a Maduro del poder o asegurar una gobernanza estable y de que el gobierno de Maduro podía satisfacer las necesidades de Trump, en particular en lo que respecta a las deportaciones y al acceso al petróleo. Y Trump tuvo razón: el gobierno de Maduro aceptó la repatriación de deportados, liberó a varios ciudadanos estadounidenses que tenía bajo su custodia y ofreció públicamente a EE UU acceso a su petróleo. Lo único que no estaba dispuesto a ofrecer era la cabeza de uno de los suyos.
Trump advirtió varias veces que si Maduro no dimitía y abandonaba el país, se emprendería algún tipo de acción militar. Maduro pensó que podía poner en evidencia el farol de Trump. Al final, se produjo el dramático asalto militar al territorio venezolano, que no solo condujo al secuestro de Maduro y de la expresidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, sino también a la muerte de un número aún desconocido de ciudadanos venezolanos y 32 cubanos. Una intervención imperialista que hay que denunciar.
La razón es que Trump se dio cuenta de que era insostenible lanzar su nuevo "corolario de Trump" a la Doctrina Monroe ‒que, como afirma su Estrategia de Seguridad Nacional, busca "restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental"‒ y permitir al mismo tiempo que Maduro permanezca en el poder y negocie con su gobierno. Así que se produjo la operación que derrocó a Maduro pero mantuvo su gobierno. El dramático asalto militar supuso el inicio oficial de la puesta en marcha del "corolario Trump".
Una vez logrado esto, el Gobierno de Trump está ahora tratando con el nuevo gobierno, encabezado por la presidenta en funciones Delcy Rodríguez, en una situación fundamentalmente diferente: una en la que todas las cartas están en manos de Trump. Su intención es utilizar esto para humillar al gobierno y convertir esencialmente a Venezuela en un protectorado del siglo XXI.
El golpe de Trump no comportó un cambio de régimen. Mantuvo el régimen en su sitio, sin Maduro y su esposa. ¿Por qué? ¿Por qué no instaló a Machado y a la oposición de derecha?
Por dos razones. En primer lugar, porque entendía que Machado y la oposición de derecha no podrían gobernar el país de forma estable, principalmente porque no tienen influencia en el ejército y las fuerzas de seguridad. Además, aunque la gente que apoya al gobierno es minoría, representa un sector importante de la sociedad y se habría movilizado contra la imposición de un gobierno de ese tipo. Los escenarios más probables habrían sido la movilización callejera y tal vez incluso la guerra civil.
En segundo lugar, el gobierno de Trump consideró que cualquier nuevo gobierno sin Maduro mantendría la política de este de buscar un acuerdo con EE UU. Reconoció que el gobierno de Maduro ya estaba muy debilitado por la pérdida de apoyo y legitimidad, como se vio en las elecciones presidenciales de 2024, en las que el gobierno se negó a publicar resultados verificables, lo que indicaba claramente que se había cometido fraude.
Por lo tanto, cualquier nuevo gobierno dependería en gran medida de EE UU para mantenerse en el poder. Dado el control del gobierno de Maduro sobre el ejército y el papel que había desempeñado en el desmantelamiento del proceso radical de cambio liderado por Chávez ‒comúnmente conocido como la revolución bolivariana‒, los funcionarios de Trump consideraron que un nuevo gobierno dependiente, un madurismo sin Maduro, sería la mejor opción para garantizar la estabilidad y asegurar sus intereses.
Hay otros dos puntos que vale la pena señalar. En primer lugar, siempre he creído que las sucesivas administraciones estadounidenses preferían sustituir a los gobiernos de Chávez y luego de Maduro por una autoridad de transición antidemocrática. Durante mucho tiempo, esto fue esencialmente una necesidad, ya que la oposición era incapaz de ganarse el apoyo popular en las elecciones.
Y lo que es más importante, dicha autoridad estaría en óptimas condiciones para revertir por completo los logros que se mantienen de la revolución bolivariana. Una autoridad no elegida no se vería obstaculizada por preocupaciones sobre la popularidad o el mandato del electorado y, por lo tanto, estaría menos sujeta a la presión de las bases. En cambio, podría implementar rápidamente lo que EE UU buscaba (y aplicar la represión necesaria), de modo que, para cuando se celebraran las elecciones, todas las decisiones importantes ya se hubieran tomado.
Lo que no preví fue que, en última instancia, esa autoridad podría estar mejor gestionada por figuras que mantuvieran la retórica de la revolución bolivariana (aunque hubieran presidido su destrucción), y no por la oposición. Irónicamente, el gobierno de Rodríguez tiene una ventaja sobre Machado, ya que esta última estaría casi con toda seguridad sujeta a una mayor presión popular, dada la gran cantidad de votos que su candidato preferido, Edmundo González Urrutia, parece haber obtenido en las últimas elecciones presidenciales, según indican las hojas de recuento de votos recogidas por la oposición.
El otro punto es que debemos centrarnos en el contenido y no en la forma. Algunos en la derecha (y en la izquierda) han argumentado que, dado que el gobierno sigue prácticamente intacto, nada ha cambiado fundamentalmente. Pero eso pasa por alto un elemento crucial: el equilibrio de fuerzas en el que se sustenta este gobierno ha cambiado profundamente.
Cuando Chávez fue elegido en 1998, llegó al poder con un programa progresista, pero le resultó difícil implementar muchas de las reformas que proponía. La antigua clase capitalista, encabezada por la principal cámara de comercio de las grandes empresas, Fedecámaras, seguía teniendo la ventaja en términos de equilibrio de fuerzas, en particular a través de su control del ejército y de la empresa petrolera estatal, PDVSA.
Estas palancas cruciales del poder se utilizaron para intentar derrocar a Chávez en 2002-2003. Sin embargo, la derrota del intento de golpe militar de abril de 2002 y del cierre patronal de los magnates petroleros de diciembre de 2002-enero de 2003 ‒ambos gracias a la movilización masiva de la mayoría pobre, la clase trabajadora (en particular los trabajadores del petróleo) y los sectores patrióticos del ejército‒ alteró fundamentalmente el equilibrio de poder. En la forma, el gobierno de Chávez era el mismo antes y después de estos acontecimientos, pero en el fondo era fundamentalmente diferente.
Lo mismo ocurre ahora, aunque de forma algo inversa. El equilibrio de fuerzas no se ha alejado de la clase trabajadora y los pobres, a quienes el gobierno de Maduro apartó y reprimió. En cambio, sí se ha alejado de la nueva base en la que se apoyaba el gobierno, a saber, las fuerzas militares y de seguridad, la nueva clase capitalista que alimentó mediante el acceso a los fondos estatales y, en los últimos años, la antigua clase capitalista (incluso Fedecámaras hizo las paces con el gobierno) .
Hoy en día, la principal base de apoyo del gobierno es el gobierno de EE UU. La dramática pérdida de apoyo popular, puesta de manifiesto en las elecciones presidenciales de 2024, reveló la fragilidad del régimen. El asalto militar estadounidense del 3 de enero dejó al gobierno completamente desprotegido. El resultado es una autoridad de transición sin mandato popular y cuyo control del poder depende en última instancia de Washington: una situación tremendamente peligrosa para el pueblo venezolano y su soberanía.
Muchos han señalado la evidente colaboración entre el régimen de Rodríguez y EE UU tras el golpe de Estado. Algunos han argumentado que ella llegó a un acuerdo con Trump para entregar a Maduro y ofrecer concesiones petroleras a cambio de preservar el régimen. ¿Es esto cierto? ¿Cómo encaja el acuerdo de Rodríguez con su postura antiimperialista? ¿Qué intentará hacer ahora?
Aunque no se puede descartar un acuerdo, no se han aportado pruebas definitivas. Además, hay dos argumentos sólidos en contra de que se haya llegado a tal acuerdo. En primer lugar, es más probable que los miembros del Gobierno pensaran que podían poner en evidencia el farol de Trump, creyendo que no iría tan lejos o que, en última instancia, aceptaría un acuerdo que mantuviera a Maduro en el poder. Esto ayuda a explicar por qué las fuerzas armadas venezolanas estaban tan mal preparadas ante el asalto del 3 de enero, a pesar de los meses de advertencias.
Más importante aún, un factor clave para que el gobierno de Maduro (y ahora Rodríguez) se mantuviera en el poder ha sido la capacidad de mantener unidas a las facciones bastante diversas que lo componen. Un acuerdo para entregar a un líder habría causado gran preocupación entre todas las facciones, inquietas por quién podría ser el siguiente, lo que podría fracturar esta unidad que ha sido tan vital para ellas hasta ahora y lo seguirá siendo en el futuro.
Dicho esto, independientemente de si se llegó o no a un acuerdo, esto no cambia mucho con respecto a las políticas o al discurso del gobierno de Rodríguez. Para empezar, el gobierno de Maduro, desde hace tiempo, pero especialmente desde la reelección de Trump, había estado restando importancia a su discurso antiimperialista. Puede que haya utilizado la retórica antiimperialista al dirigirse a los izquierdistas extranjeros en foros organizados por el gobierno en Caracas, o en mítines de su base de apoyo, para quienes esa retórica es un importante elemento de cohesión. Pero incluso cuando EE UU intensificó su despliegue militar en el Caribe, Maduro hizo todo lo posible por restar importancia a la situación y evitar pronunciarse directamente contra Trump y sus acciones.
Primero afirmó que los vídeos de las embarcaciones bombardeadas en el Caribe estaban hechos simplemente con inteligencia artificial (IA). Luego trató de culpar al secretario de Estado Marco Rubio por embaucar a Trump. Después envió a Trump una carta privada en la que explicaba cómo había "reconocido públicamente los importantes esfuerzos que [Trump] está realizando para poner fin a la guerra [sic] que [él] heredó en otras regiones" y esperaba que "juntos podamos derrotar las falsedades que han mancillado nuestra relación". Y solo unos días antes de su secuestro, Maduro volvió a ofrecer públicamente a Estados Unidos acceso al petróleo de Venezuela.
Este discurso ha continuado esencialmente bajo Rodríguez, quien, menos de dos semanas después del secuestro de Maduro, se reunió con el director de la CIA y publicó en sus redes sociales una nota sobre una conversación telefónica "larga y cortés" con Trump en torno a "una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos". Ha justificado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la reapertura de las embajadas en ambos países como el medio por el cual el gobierno buscará la puesta en libertad de Maduro y Flores.
En cuanto a la última parte de su pregunta, no se trata tanto de lo que Rodríguez quiera hacer como de lo que se le permita hacer. Una vez más, todas las decisiones se toman en Washington. Veamos por ejemplo la industria petrolera: Trump ha confiscado grandes reservas de petróleo venezolano, las ha vendido a través de intermediarios extranjeros, ha depositado las ganancias en cuentas bancarias de Qatar y ha dicho a Venezuela cómo debe utilizar su parte, concretamente como fondos para que los bancos privados los vendan como si fueran divisas.
El gobierno de Rodríguez ha reaccionado tratando de presentar esto como una especie de victoria, en lugar de un acto de piratería internacional y una violación extrema de la soberanía. Al mismo tiempo, la Asamblea Nacional acaba de celebrar su primera votación para reformar parcialmente la ley de hidrocarburos de Chávez, legalizando así los planes de Trump para el sector, inclusive en particular la entrega del control de la extracción, la producción y la venta de petróleo a empresas extranjeras. En última instancia, Rodríguez tiene pocas opciones en este asunto, aunque se puede argumentar que ella (y Maduro) habrían estado encantados de proceder de esta manera, claro que no en estas condiciones de extrema coacción.
¿Cómo han respondido al golpe las distintas clases, grupos sociales y fuerzas políticas de Venezuela, tanto dentro del país como en la diáspora?
La respuesta general ha sido de conmoción, duelo y una mezcla de incertidumbre y expectación. Líderes de derecha, como Machado, se pronunciaron a favor del asalto militar y el secuestro, y entre la diáspora hubo manifestaciones para celebrar la intervención del 3 de enero. Sin embargo, estas manifestaciones deben ponerse en contexto: millones de venezolanos se han visto obligados, de una forma u otra, a abandonar el país; en contraste, las manifestaciones fueron bastante pequeñas.
Estas manifestaciones reflejan en gran medida a los elementos más derechistas de la diáspora, alejados de la realidad cotidiana de su país (en particular, los bombardeos). Al igual que sus líderes, habían depositado todas sus esperanzas en algún tipo de intervención estadounidense para derrocar al gobierno, creyendo que esto les permitiría regresar. No obstante, esas protestas fueron efímeras, sobre todo después de que se dieran cuenta de que el mismo gobierno seguía en el poder y que su líder preferida, Machado, estaba siendo marginada por Trump.
Dentro del país, el gobierno se ha asegurado de que no se produzcan movilizaciones similares. Los políticos moderados de derecha se han pronunciado en contra del ataque. Pero tampoco ha habido señales de movilizaciones espontáneas en contra.
El gobierno tardó varios días en recuperarse de la conmoción y empezar a organizar protestas. La participación en estas manifestaciones se ha limitado en gran medida a la base de apoyo del partido gobernante y ha sido relativamente pequeña, de miles o, como mucho, varias decenas de miles de personas. Esto se debe a que, desde hace muchos años, la mayoría de los venezolanos se han alejado de la política y han dado la espalda a toda la clase política, tanto al sector gubernamental como a la oposición. Es posible que muchos hayan votado por la oposición en 2024, pero principalmente con la determinación de votar en contra del gobierno y no para apoyar a la oposición, y mucho menos su programa político.
Vale la pena señalar que este es un claro ejemplo de la falacia del argumento, planteado por algunos izquierdistas, de que debemos apoyar políticamente a cualquier gobierno en conflicto con el imperialismo. Por supuesto, debemos seguir oponiéndonos a las intervenciones imperialistas que buscan socavar a los gobiernos extranjeros. Pero no podemos hacer la vista gorda ante las acciones de esos gobiernos, que debilitan fundamentalmente el sentimiento antiimperialista en su propio país. La falta de respuesta a la intervención imperialista del 3 de enero es el resultado directo de las políticas antidemocráticas y contrarias a los intereses de los trabajadores que ha implementado el gobierno de Maduro, que han alienado precisamente a la base social necesaria para resistir al imperialismo.
Hoy en día, la mayoría de los venezolanos creen que las cosas no pueden seguir como hasta ahora. Eso explica tanto la falta de movilización como la sensación de esperanza ansiosa entre una parte significativa de la población de que las cosas podrían mejorar, ya que aparentemente no podrían empeorar, aunque la intervención imperialista solo empeorará las cosas en última instancia.
La falta de respuesta del pueblo venezolano contrasta fuertemente con el anterior intento de golpe de Estado contra Chávez. Entonces, el pueblo se levantó y lo restituyó en el cargo. ¿Por qué la respuesta es diferente esta vez?
La diferencia refleja cómo veían la clase trabajadora y la gente pobre al gobierno de Chávez en 2002, en comparación con el gobierno de Maduro en 2026. Cuando Chávez fue derrocado, había una sensación real de que se les estaba quitando su gobierno y sus derechos, lo que provocó movilizaciones organizadas y espontáneas generalizadas.
En 2026, la mayoría considera, con razón o sin ella, que el gobierno de Maduro es el principal problema. Esto no significa que todos apoyaran el ataque militar; muchos sintieron una profunda oposición o una profunda sensación de desmoralización ante este ataque imperialista. Sin embargo, no se movilizaron en contra. En cambio, en su mayoría prefirieron quedarse al margen, como lo han hecho durante la mayor parte de la última década, y ver qué pasaba, con la esperanza de que algo bueno saliera de esta tragedia.
Es evidente que el régimen se ha transformado desde los días de Chávez, cuando parecía ofrecer una gran esperanza no solo al pueblo venezolano, sino también a América Latina y, en general, a la izquierda internacional. ¿Qué ha cambiado y por qué? ¿En qué medida es esto resultado del colapso de los precios del petróleo? ¿En qué medida es resultado de las sanciones de Estados Unidos? ¿Y en qué medida es resultado del propio régimen?
En cuanto a la última parte de la pregunta, es resultado de todo ello, a lo que yo añadiría un cuarto factor importante: las acciones antidemocráticas y violentas de la oposición de derecha, sobre todo de figuras como Machado, que contribuyeron a la crisis política y a una profunda despolitización. El peso que se debe dar a cada factor y el orden en que comenzaron a afectar a la situación son una parte importante del debate entre la izquierda dentro (y fuera) de Venezuela a la hora de hacer balance del gobierno de Maduro. Pero cualquier evaluación que ignore alguno de estos factores conduce inevitablemente a conclusiones erróneas.
Es importante destacar que estos factores explican el cambio más importante: el del carácter del gobierno de Maduro. Como he mencionado anteriormente, en algún momento durante el gobierno de Maduro, entre 2015 y 2017, quedó claro que el sector de la sociedad para el que gobernaba estaba cambiando. Una combinación de circunstancias y decisiones lo llevó a romper con la mayoría pobre y la base de la clase trabajadora que había apoyado al gobierno de Chávez y constituía la columna vertebral de la revolución bolivariana. En su lugar, consolidó una nueva base entre los militares, las fuerzas de seguridad y la nueva clase capitalista, e inició un proceso contrarrevolucionario.
Por eso sostengo que, aunque las sanciones pueden no haber tenido éxito en términos de cambio de régimen ‒si entendemos esto como un cambio en el personal que dirige el Estado‒, sí lograron favorecer el cambio de la base de clase y el proyecto político del régimen.
¿Cuál era la naturaleza del régimen de Maduro antes de que fuera secuestrado? ¿Qué intereses de clase representaba? ¿Hasta qué punto se había vuelto represivo y dictatorial?
A diferencia del gobierno de Chávez, el gobierno de Maduro era innegablemente un gobierno procapitalista. Representaba tanto los intereses de la nueva clase capitalista, que se había enriquecido gracias a sus conexiones con el Estado bolivariano (la llamada burguesía bolivariana que Chávez denunciaba), como los de la clase capitalista tradicional. El gobierno de Maduro acabó ganándose el apoyo de Fedecámaras, mientras que el director de la Bolsa de Caracas afirmó tras las elecciones presidenciales de 2024 que el gobierno, y no la oposición, era el que mejor representaba la estabilidad económica.
El gobierno de Maduro también fue decididamente antiobrero. A menudo, sectores de la izquierda excusan al gobierno, diciendo que sus decisiones políticas se debieron a las sanciones. Pero esto pasa por alto que las políticas gubernamentales condujeron a una dramática redistribución ascendente de la riqueza incluso antes de las sanciones. Además, incluso bajo las sanciones, no es cierto que el gobierno de Maduro no tuviera otras opciones. A partir de 2018, eligió deliberadamente trasladar la carga de la crisis a la clase trabajadora.
La izquierda favorable a Maduro responde a esto afirmando que el gobierno no ha privatizado los servicios públicos, proporciona subsidios y apoya la construcción de comunas, lo que significa que sigue siendo progresista. Esto ignora las privatizaciones (totales y parciales) que se han producido en diversos sectores, sobre todo en la agricultura, pero también en la estratégica industria petrolera, donde se ha llevado a cabo una privatización encubierta bajo el pretexto de la Ley Antibloqueo.
Al mismo tiempo, aunque durante el mandato de Maduro se han creado empresas estatales, especialmente en el sector minero, estas se crearon como vehículos para incorporar al ejército a los circuitos de acumulación de capital y han sido responsables de la destrucción del medio ambiente y del despojo de tierras indígenas, no de la redistribución de la riqueza. La historia está repleta de ejemplos de empresas estatales que benefician a los capitalistas, empezando por PDVSA, que fue de propiedad estatal durante todo el período neoliberal que precedió a Chávez.
Lo mismo ocurre con políticas como los subsidios a los alimentos, el transporte y los combustibles, que incluso mantienen gobiernos reaccionarios como los de Egipto e Indonesia. En la mayoría de los casos, sirven de medios clientelares para mantener cierto nivel de apoyo social (como ha hecho el gobierno de Maduro con sus paquetes de alimentos distribuidos por los dirigentes locales del partido gobernante). En otros casos, son demasiado difíciles de revertir sin enfrentar una resistencia sustancial. En general, el impacto de estos subsidios ha sido superado con creces por la política deliberada de pulverizar los salarios de los trabajadores como medio para hacer frente a la hiperinflación.
En cuanto a la promoción de los consejos comunales y las comunas como prueba de la naturaleza progresista del gobierno de Maduro, estos izquierdistas ignoran los propios datos del gobierno, que muestran que, lejos de haber promovido miles de comunas como vehículos para el autogobierno, el gobierno presidió su cooptación y su declive. Las cifras del Ministerio de Comunas muestran un descenso pronunciado y constante en los últimos cuatro años del número de consejos comunales que reeligen a sus autoridades (de unas 19.000 en 2022 a poco más de 2.000 el año pasado). Mientras tanto, de las casi 4.000 comunas que se han registrado en la última década, menos del 20 % han podido mantener al menos un órgano en funcionamiento, como un gobierno comunal o un banco comunal. Un factor importante para ello han sido los intentos del gobierno de subordinarlas poniéndolas bajo el control de los dirigentes locales del partido.
La realidad es que las políticas que señala la izquierda favorable a Maduro son en gran medida legados de la era Chávez, que desde entonces se han transformado en canales de corrupción, clientelismo y acumulación de capital; han quedado completamente anulados por la depresión de los salarios de los trabajadores; o siguen vigentes porque el costo político de revertirlos sería demasiado alto, aunque, como indica la reforma propuesta para la industria petrolera, incluso las medidas que ayer se consideraban tabúes pueden dejar de ser sagradas mañana.
Por supuesto, tal giro en la política económica tenía que ir acompañado de un aumento de la represión. Fuera de Venezuela, oímos hablar de la represión contra la oposición de derecha, aunque nunca de las acciones antidemocráticas, violentas e ilegales del gobierno. Pero las fuerzas de izquierda y de la clase trabajadora en Venezuela han sufrido, posiblemente, una represión aún mayor.
En cuanto a los derechos de los trabajadores, hay cientos de sindicalistas en la cárcel por protestar, no se pueden registrar nuevos sindicatos, las huelgas son ilegales y la negociación colectiva está prácticamente prohibida. En cuanto a la izquierda, todos los partidos de izquierda del país han sido despojados de su registro electoral o se les ha negado el derecho a registrarse para las elecciones. Las últimas elecciones presidenciales fueron las primeras desde la caída de la dictadura militar en 1958 en las que se prohibió completamente a la izquierda presentar un candidato.
Si a esto le sumamos que al pueblo venezolano se le negó el derecho a que se contaran y verificaran sus votos (posiblemente uno de los derechos democráticos más básicos, pero que algunos en la izquierda parecen querer negar al pueblo venezolano, alegando que no ocurrió nada anormal en esas elecciones), nos hacemos una idea de hasta qué punto se ha retrocedido en materia de democracia. No solo en comparación con la era Chávez (cuando la izquierda señalaba acertadamente a Venezuela como líder mundial en elecciones transparentes), sino incluso con los derechos mínimos de una democracia burguesa.
Hay otro componente que es preciso tener en cuenta: el uso de las fuerzas de seguridad para aterrorizar a la clase trabajadora y a las comunidades pobres. A medida que aumentaba el descontento con el gobierno entre los sectores que tradicionalmente votaban a Chávez, el gobierno de Maduro intensificó la vigilancia policial de estos barrios mediante la Operación Liberar al Pueblo y la creación del escuadrón de la muerte de élite, las FAES (Fuerzas de Acción Especial).
El resultado fue un aumento espectacular de los asesinatos policiales de hombres negros, en su mayoría jóvenes, en esos barrios: de unos 1.500-2.500 al año en 2014-2015 a 5.000-5.500 al año en
2016-2018, lo que convirtió a las fuerzas de seguridad de Venezuela en las más mortíferas de la región en términos per cápita. Aunque no se trataba estrictamente de una operación política, esta represión policial tuvo el efecto de aterrorizar a las comunidades que habían comenzado a pasarse de la raya.
Teniendo en cuenta todo esto, no es de extrañar que incluso las zonas que habían votado mayoritariamente a Chávez acabaran volviéndose contra Maduro y no salieran a la calle a defenderlo tras su secuestro.
Está claro que Trump no ha terminado de imponer la Nueva Doctrina Monroe en la región. ¿Qué intentará hacer en Colombia, Cuba y, especialmente, en Groenlandia? ¿Cómo responderán los países afectados? ¿Cómo responderá China, que tiene inversiones y relaciones comerciales masivas en todo el hemisferio occidental? ¿Cómo responderá Rusia? ¿Y Europa? ¿Augura esto nuevas rivalidades interimperiales por la división del capitalismo global, a pesar de su profunda integración, en nuevas esferas de influencia?
Es difícil dar una respuesta exhaustiva a una pregunta tan amplia, pero en términos sencillos, el impacto probablemente será doble.
Por un lado, se ha enviado un mensaje claro a los países más pequeños: si se atreven a pasarse de la raya, serán los siguientes. Por lo tanto, la respuesta más probable de países como Colombia y México será tratar de negociar las mejores condiciones posibles con Estados Unidos para evitar un destino peor. La probabilidad de intervenciones imperialistas estadounidenses contra países pequeños ha aumentado drásticamente.
Por otro lado, las acciones de Trump en Venezuela han enviado un mensaje a las grandes potencias, como China y Rusia, de que así es como funcionará el mundo a partir de ahora. Esto solo les animará a actuar en consecuencia en sus propias esferas de influencia. Por supuesto, Rusia ya lo estaba haciendo, especialmente en Ucrania. Pero China podría intentar hacer lo mismo con Taiwán.
La última pregunta es sobre la izquierda internacional. Gran parte de la izquierda se puso, por decirlo de forma generosa, unas gafas de color de rosa con respecto a Maduro y su régimen. Lo defienden como antiimperialista e incluso socialista, a pesar de su naturaleza represiva y antiobrera. Tal postura, si se adopta como punto de unidad para un movimiento contra la guerra, alienará no solo a la clase trabajadora de diversos países, sino también a los trabajadores y refugiados venezolanos que son víctimas del régimen. Entonces, ¿qué postura debería adoptar la izquierda internacional respecto al régimen de Maduro y Rodríguez? ¿Y qué postura deberíamos defender como lema central del movimiento contra la guerra?
Aquí hay dos peligros. El primero es perder de vista el panorama general y creer simplemente que, como Maduro era malo y muchos venezolanos se alegraron de su marcha, debemos mantener una postura neutral respecto a su secuestro (y el de Flores).
Los y las antiimperialistas deben reconocer que las acciones de Trump han convertido el mundo en un lugar mucho más peligroso y representan una grave amenaza para los derechos humanos, el derecho internacional, la democracia y la soberanía en todas partes. Además, estas acciones no han contribuido en nada a restaurar los derechos democráticos en Venezuela (Trump ha dicho que cualquier elección se pospondrá hasta la tercera fase de su proyecto de recolonización, en un momento indefinido en el futuro).
Por lo tanto, debemos seguir condenando el asalto militar del 3 de enero y exigiendo la liberación inmediata de Maduro y Flores. Si han cometido un delito (como robar las últimas elecciones), entonces debería ser el pueblo venezolano quien los juzgara.
Sin embargo, es poco probable que un movimiento centrado únicamente en esta demanda movilice el tipo de movimiento amplio que necesitamos para hacer retroceder a Trump. Pocas personas de la clase trabajadora (dentro y fuera de Venezuela) consideran que un simple retorno al statu quo sea un gran paso adelante. Por lo tanto, hay otros elementos importantes sobre los que podemos hacer campaña.
Por ejemplo, es evidente que Venezuela está perdiendo rápidamente la soberanía sobre sus recursos naturales. Tenemos que denunciar esta violación de la soberanía de Venezuela y el robo descarado de sus recursos naturales. La campaña contra las sanciones y el bloqueo naval estadounidenses forma parte de ello, ya que estas herramientas se están utilizando para coaccionar aún más al gobierno de Rodríguez y someterlo por completo. También debemos exigir el fin del despliegue militar estadounidense en el Caribe, que se ha utilizado para presionar a otros gobiernos, no solo al venezolano.
La izquierda en su conjunto debería ser capaz de unirse en torno a estas demandas, independientemente de su posición sobre los gobiernos de Maduro y Rodríguez. Pero el movimiento debe separar esta defensa de la soberanía nacional de Venezuela del apoyo político al gobierno de Rodríguez. No hacerlo es el segundo peligro en el que puede caer la izquierda.
En lo que respecta a los derechos democráticos básicos en Venezuela, no podemos ser neutrales, ignorar que se han visto gravemente socavados o fingir que las acciones del gobierno son únicamente culpa de las acciones de Estados Unidos. Esto es obviamente falso y los trabajadores de nuestro país, con razón, no lo creerán, lo que nos dificultará aún más ganarlos para una posición antiimperialista.
Igualmente importante, como expliqué antes, es que las políticas antidemocráticas y antiobreras del gobierno han socavado el antiimperialismo en Venezuela. Defender esos derechos en Venezuela no solo nos ayuda a construir la respuesta más amplia posible en nuestro país, sino que también contribuye a crear un espacio para una movilización genuina de la clase trabajadora antiimperialista en Venezuela.
Por último, una parte importante de nuestra solidaridad debe consistir en establecer vínculos con los trabajadores venezolanos y la izquierda, y ver cómo podemos coordinar nuestras luchas conjuntas. Con demasiada frecuencia, los debates se centran exclusivamente en el gobierno y la oposición de derecha. Se excluyen las voces de la izquierda y de la clase trabajadora, o las voces de la mayoría, que no apoyan ni a Maduro/Rodríguez ni a Machado. Mientras que algunos izquierdistas prefieren negar su existencia o denunciarlos, nosotros deberíamos ayudar a que sus voces se escuchen, para que los trabajadores de nuestros países puedan conocer sus luchas y actuar en solidaridad con ellos.
Si creemos seriamente que solo los venezolanos pueden decidir su destino, entonces eso implica apoyar a los venezolanos en sus luchas por los derechos necesarios para que eso sea una realidad; es decir, los mismos derechos por los que luchamos en nuestros países. Eso incluye el derecho a elegir su propio gobierno, libre de injerencias extranjeras y fraudes.
04/02/2026
Traducción: viento sur
Federico Fuentes es un veterano activista de solidaridad con Venezuela. Vivió varios años en Caracas durante el gobierno de Hugo Chávez, donde trabajó de corresponsal para Green Left y de investigador en el Centro Internacional Miranda.