A propósito de ser ciego

¿Logrará el diálogo evitar la muerte de la República?

Se retoma una nueva agenda de diálogo desde República Dominicana entre los sectores del gobierno y parte de la oposición conformada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el cual si efectivamente quiere avanzar, debe incluir a otros sectores del país, incluyendo un grupo más amplio de quienes adversan al madurismo, pero no pertenecen a la MUD y se identifican de tendencia izquierdista. De la misma manera, consideramos que factores de la iglesia, universidades, gremios profesionales, trabajadores y empresarios deberían ser consultados sobre  la situación y sus posibles salidas ante la profunda crisis política, económica y social que vivimos en el país.
 
¿Por qué se origina esta nueva mesa de diálogo? Es evidente que las recientes sanciones impuestas al gobierno venezolano desde la administración de Donald Trump han golpeado severamente las alicaídas finanzas del gobierno madurista. Asimismo, el hecho que Luisa Ortega Díaz se haya abierto como una especie de embajadora del Estado con la anuencia de diversos países, probablemente los más importantes en el ámbito de la influencia y las decisiones internacionales, los cuales no sólo la siguen reconociendo como fiscal general de la República, sino que demuestra que se ha multiplicado su credibilidad, especialmente por las denuncias que según ella, están acompañadas de pruebas que demostrarían sendos hechos de corrupción en la cúpula madurista, es otra variable que se suma a la necesidad de dialogar. 
 
Del mismo modo, la reciente gira del presidente de la Asamblea Nacional donde se reunió con los más importantes Jefes de Estado y representantes de Europa, entre los cuales destacan el presidente de Francia, cuyas declaraciones a través de su cancillería asomaron la posibilidad de nuevas sanciones, esta vez,  contra miembros del gobierno venezolano en el contexto de la Unión Europea, encendieron las alarmas de éstos, que no sólo los obligó a aceptar el diálogo, sino que han tenido que ceder, inicialmente sobre la conformación internacional en quienes pueden colaborar con las conversaciones políticas entre el madurismo y quienes les adversan.
 
Ahora bien, ¿Qué podemos esperar los venezolanos de esta nueva ronda de diálogo? La verdad es que intentar abordar todos los problemas sería divagar sobre muchos contrastes porque tenemos una crisis política muy profunda, que si no es resuelta en lo inmediato y mediato, imposible será salir del atolladero económico. Por eso, considero que deben existir tres escenarios: agenda política y electoral, ayuda humanitaria y financiera, y por último, escenario de respeto constitucional e institucional, entendiendo que los tres espacios son complementarios e interdependientes; o sea, no podemos avanzar en un sentido, rezagando a los otros, porque con el transcurrir del tiempo, tendríamos otro fracaso de acercamiento entre los factores en disputa, y eso sólo agravará la crisis hacia otra confrontación, de la cual no dudo, sería más violenta y sangrienta de lo que hemos sufrido en los últimos tiempos.
 
Sobre la agenda política y electoral, el madurismo y la oposición se comprometen a aceptar los resultados electorales de las venideras elecciones regionales del 15 de octubre. Pero dejando claro, sobre todo el gobierno, que si el pueblo es quien otorga el mandato, no puede venir una “constituyente”, alegando que cómo el gobernador electo no se ha “subordinado”, entonces será destituido. Eso es una praxis de chantaje anti – democrático, y que además no reconoce al soberano, en este caso los venezolanos de cada estado quienes han decidido su destino. Tácito sería afirmar que debe existir observación internacional en estas elecciones que sea aceptada por todas las partes, como sentido de lograr aproximaciones políticas en el ámbito electoral. Además eso legitimaría la pulcritud del proceso eleccionario.
 
En esa misma agenda, debe fijarse, antes de que concluya el 2017, la fecha de las elecciones presidenciales de 2018, independientemente que Maduro por vía constitucional, si no renuncia antes (que considero lo más acertado), podría entregar el poder en el primer trimestre de 2019. Si no es posible establecer la fecha de las elecciones presidenciales en este período, de entrada pronostico, el fracaso de este diálogo, y por ende, el país terminaría por hundirse en el caos económico y social. Este tiene que ser un punto de honor para ambas partes, sí efectivamente hablan de tener vocación democrática.
 
Por supuesto, que el madurismo si tiene sindéresis en sus apreciaciones, debe comprender que su ilegítima “constituyente” no puede cohabitar después de unas elecciones presidenciales, sea cual sea el resultado. Es incongruente que si un pueblo ordena un mandato, entonces haya un sector que sin el reconocimiento nacional e internacional intente “controlar y subordinar” a un presidente o presidenta recién electo. Así que esta “constituyente”, más allá de lo que pueda hacer en el plano político venezolano, lo cual considero es nulo, también debe quedar fijada su fecha de conclusión de funciones, es más, sobre lo cual me atrevo a decir que no debería funcionar en el 2018, porque su implicación solo tendría dilatado el panorama de campaña electoral por la carrera presidencial de 2018.
 
En cuanto a la ayuda humanitaria y financiera, el gobierno debe aceptar que en Venezuela están muriendo muchos venezolanos por falta de medicamentos e insumos médicos. Eso es un crimen de lesa humanidad. ¿Por qué negar que las farmacias se convirtieron en ventas de galletas, refrescos y chucherías? Han muerto más venezolanos, incluyendo niños porque no disponen de sus medicinas, que por las propias protestas llamadas “guarimbas”. Quienes fallecen por no tener a tiempo un medicamento o material indispensable para su salud, o porque el equipo asistencial estuvo dañado, como el caso de la quiebra  o contaminación por bacterias de los quirófanos o salas de hospitalización o cuidados intensivos, terminan siendo los muertos del silencio. Urge un plan asistencial inmediato, pero para lograrlo, el madurismo debe apartar la soberbia y la arrogancia. SI lo acepta el país se lo agradecerá, en especial aquellas madres que tienen niños pequeños en condiciones muy graves en distintos centros hospitalarios del país.
 
Por supuesto que esa crisis humanitaria, ojalá pueda nombrarse una comisión institucional en cada estado, en cada municipio, en cada escuela y liceo que organice, controle y supervise el programa de alimentación escolar (PAE). No puede seguir el gobierno administrando de manera centralizada los recursos del PAE, máxime cuando tenemos una inflación desbocada y severos problemas en la distribución de alimentos, incluyendo déficit de transportes y de gas doméstico. No podemos continuar con niños o adolescentes que se nos desmayen del hambre. Si el gobierno quiere escucharnos del cómo resolver esta situación, podemos presentar una propuesta junto con otros organismos e instituciones de la sociedad.
 
Es claro que para el cumplimiento de la ayuda humanitaria necesitamos ayuda financiera. Aquí la Unión Europea y aquellos países de la región tienen que ayudarnos. Los primeros con el otorgamiento de algún préstamo por vía excepcional, por lo menos durante lo que queda de 2017 y para 2018. Sin ello, esto sería un saludo a la bandera. Los países de la región pueden enviarnos medicinas y comida con precios acordados que nos permitan satisfacer nuestras necesidades inmediatas. Entre la Unión Europea y los países latinoamericanos que se unan en esta dinámica política, económica y social, pudieran establecer los mecanismos de pago, de manera tal que sea más transparente la asignación de recursos financieros y no financieros, lo que evitaría la posibilidad de desviación de dichos insumos y comestibles, los cuales serían supervisados por las comisiones designadas entre gobierno, sectores antimaduristas y de la sociedad.
 
El escenario de respeto constitucional e institucional está dado por la voluntad de reconocimiento político de las partes en conflicto. El gobierno debe aceptar que tiene una población importante del país que le adversa y que si no puede combatirla por la vía electoral, deberá confrontarla por las ideas. La oposición por su parte tiene que reconocer que existe un presidente de la República.  En consecuencia, el discurso vehemente y violento de empleo de las armas, o de inhabilitaciones, acusaciones y detenciones fraudulentas tiene que desaparecer del contexto político. Así que ni la “constituyente”, ni las decisiones de los tribunales y menos de órganos como la contraloría,  pueden ser usados como instrumentos de retaliación política para detener el avance de candidaturas o el ejercicio de funciones de Estado que han sido otorgadas por el pueblo. Tan legítimo es el presidente de la República como el alcalde de municipio más pequeño o más grande del país.
 
En este punto deben ser liberados de inmediato los presos políticos con sobreseimiento de sus causas. ¿O no fue eso lo que ocurrió con los militares que se levantaron en armas en 1992? En la misma medida, la oposición debe comprometerse a evitar las manifestaciones en donde confluya la violencia, tomando como referencia, que el gobierno no reprimirá las marchas o protestas en su contra usando la fuerza a través de bombas lacrimógenas, perdigones, armamento de guerra o cualquier otra herramienta que vaya contra la población civil. Pudiera ser que los países amigos,  a través de sus embajadas, sean garantes de la pacificación, orden en las rutas y finalidad de cada manifestación cuando éstas por alguna razón sean convocadas por factores de oposición. Demás está decir que el gobierno se compromete a controlar a los llamados colectivos armados, quienes en esencia, está comprobada su participación violenta, como han sido los hechos que se han suscitados en dos oportunidades en la Asamblea Nacional.
 
Como venezolano, dejo claro que el gobierno para garantizar paz social, debe evitar el chantaje que para acceder a una vacuna, un bono social, un cupo universitario o una vivienda,  debe suspender de inmediato la utilización del llamado “carnet de la patria” para acceder a tales beneficios. Eso es inconstitucional, denigrante, humillante y si lo digo con honestidad, es un apartheid político que conduce al odio y la confrontación. 
 
El país nos reclama sindéresis, tolerancia y entendimiento. No hacerlo, pues quien no quiera verlo, nos acerca hacia una confrontación de guerra civil con mayores calamidades económicas y sociales. Esperamos que el diálogo en esta oportunidad  nos lleve hacia un espacio de superación de la crisis política. 
 
¿Logrará el diálogo evitar la muerte de la República? A propósito de ser ciego. Quien tenga ojos que vea. 


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Javier Antonio Vivas Santana

Lic. en Educación en las menciones de Ciencias Sociales y Lengua (UNA) Maestría en Educación mención Enseñanza del Castellano (UDO) Dr. en Educación (UPEL) Profesor de la Misión Sucre (2003 -2012)

 jvivassantana@gmail.com      @jvivassantana

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