20-12-25.-El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que un grupo de presos políticos permanece sometido desde hace siete semanas a un régimen de castigo en la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda, bajo condiciones que calificó como tratos crueles, inhumanos y degradantes.
De acuerdo con lo referido por la organización mediante sus redes sociales, los detenidos acumulan 49 días consecutivos sin derecho a visitas ni a recibir paquetería con alimentos, artículos de aseo o medicamentos, una medida que, según el OVP, es utilizada como mecanismo de castigo y amedrentamiento.
El organismo recordó que, durante al menos cuatro semanas, los presos políticos fueron mantenidos en el piso 4 de Rodeo I, un área destinada a sanciones disciplinarias.
Sobre el origen de las represalias, el OVP señala que existen dos versiones no confirmadas oficialmente: una apunta a un intercambio verbal tras comentarios intimidatorios de un custodio, mientras que la otra indica que el conflicto se produjo luego del uso de gas pimienta dentro de las celdas y en el patio del penal, lo que derivó en una discusión con funcionarios penitenciarios. Hasta el momento, no hay información oficial que esclarezca lo ocurrido.
Durante este período, los detenidos han permanecido esposados las 24 horas del día, desnudos y con acceso limitado a alimentos y agua potable. El OVP advirtió que estas condiciones representan un riesgo grave e inmediato para la vida y la integridad física y mental de los presos políticos.
Las personas sometidas a este "régimen de castigo" fueron identificadas como Henryberth Rivas, Antonio Sequea, Juan Carlos Monasterios, Rafael Castro y otra persona conocida como Franco, cuyo apellido aún no ha sido precisado. Todos ellos, dice la ONG, son presos políticos
El OVP recordó que desde 2008 la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas provisionales a favor de todas las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios Rodeo I y II, debido a la situación de extrema gravedad y al riesgo de daño irreparable a la vida e integridad personal.
Sin embargo, la organización denunció que, pese a la vigencia de estas medidas, el Estado venezolano no ha iniciado una investigación penal a través de la Dirección General de Protección de los Derechos Humanos del Ministerio Público ni de la Defensoría del Pueblo.
