Constituyente, unifica al Estado con el pueblo o lo desmagtriza

Franquear los muros de la Asamblea Nacional, es el verdadero objetivo del presidente Nicolás Maduro Moros. La imagen de Julio Borges, contradice los planes de la futura república bolivariana de Venezuela en su expansión al socialismo democrático. Aunque, nuestra Constitución debe ser reformulada en algunos de sus articulados, la manera de lograrlo, no es lo más conducente posible y, lo más importante es en la actualidad una estabilización de la economía y los precios del mercado consumidor.

Además, se debe revisar el sistema electoral, poco se ha hecho para renovar los poderes y asegurar los controles que implican este largo proceso que comienza con la legalización de los partidos políticos.

Pero, qué hacer con la inflación estratosférica que viene asolando el país, lo que era un comportamiento pacífico, se ha convertido por esta razón en hechos de violencia en ambas partes. Al presidente Maduro, solo le interesa el control en su totalidad del gobierno y, abrir un tercer camino, es muy difícil en éste tiempo. Ha sido difícil descifrar este juego de ajedrez, donde se enmascara los principios democráticos, puestos en vigencia desde 1958. Todo, se ha convertido en un problema, tanto para el movimiento opositor y al gobierno, en sí.

Exigirle a la población un acto de obediencia resulta difícil, cuando los argumentos públicos y el discurso han sido dos elementos muy deprimentes y pocos persuasivos. Pero, el Estado esta obligado a alcanzar y asumir decisiones acordes con la ley y, el tiempo para dialogar debe ser permanente.

El camino democrático, tiene que ser permanente y por lo tanto, el campo diplomático debe ofrecer versiones claras, sobre cualquier procedimiento jurídico. Pero, hay pretensiones de darle un golpe al Estado, vía constitucional y el pueblo, debe estar consciente de esa realidad, lo importante es revisar los ejercicios narrativos en cada planificación de las jornadas trabajadas en función de imponer una narrativa legal, ajustada a los hechos y principios de la justicia social. Las banderas del socialismo deben respetarse junto al hilo presidencial, esperando que el Consejo Nacional Electoral señale los procesos en una verdadera defensa de los derechos humanos.

La fiscal Luisa Ortega Diaz, no piensa desviarse de su ruta legal y menos comprometer su prestigio ante la opinión pública. Sin duda que la Fiscal se sintió identificada plenamente con la revolución, sobre todo la liderada por Hugo Chávez. Trató de darle prestigio a la Fiscalía y de alguna manera lo logró. Pero no es ella una mujer que se deje manipular fácilmente. Era una convencida de la revolución y por eso la defendió hasta que empezó a surgir el punto de quiebre.

Dirigentes opositores dudan de su llamado a respetar la Constitución Bolivariana increpándola a que inicie un proceso contra los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Otros consideran que debe renunciar para crear una crisis. Todo indica que la Fiscal no renunciará, dará la pelea si tiene que darla.

Por supuesto que el TSJ va a legislar recreando inconstitucionalmente los fundamentos de la Ley cubana 72 de 1992, y nuevamente decir que la Constitución de 1999 redactada "en ejercicio del poder originario representado por la ANC mediante el voto libre y en referendo democrático" es nada en comparación a la Ley Electoral de Fidel. Digo que no había otra forma de terminar, porque no faltará el militar que habiendo jurado defender la Constitución y las Leyes salte a vociferar que la Independencia de Venezuela pasa por cumplir las leyes cubanas. Porque el socialismo es bueno para los venezolanos, siempre y cuando esos pocos políticos armados, con su sueldo de 200 euros al mes, puedan mantener a sus hijos en Madrid, otros en Brickell, en Weston, Paris, o en North Carolina. En fin, que no es precisamente por la Constitución que esos pocos militares velan.

Pero el resto de los militares, la inmensa mayoría saben que esa Constitución de 1999, que a muchos les costó incluso sangre, dice que Venezuela es un "Estado democrático que propugna como valores superiores (..) la democracia y el pluralismo político" (Art. 2). Que el pluralismo significa que un solo partido no puede imponer a lo cubano, las condiciones electorales, ni postular a todos los candidatos. Saben muy bien que: El Estado tiene como fines esenciales el ejercicio democrático de la voluntad popular" (3), que " La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y la ejercemos mediante el sufragio" (4). Porque "Todos los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y del sufragio (5).

Que la imposición de la Ley cubana no puede violar el hecho de que nuestro sistema electoral sea "siempre democrático, participativo, electivo, pluralista y de mandatos revocables" (47). Que "Todos tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes" (62) que Usted tiene derecho a votar y a postular a quien le venga en gana y que el sufragio es un derecho que se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas.

Porque el sufragio es un derecho y la Constitución garantiza la personalización del sufragio, que usted tenga a su representante o que usted pueda representar a la gente que vote por Usted, que tantos votos tengan a tantos representantes proporcionalmente y que esos representantes le rindan cuentas a Usted. (62,63,65,66) porque la soberanía, esa tan cacareada por los felones se "ejerce" constitucionalmente en lo político, a través de la elección de cargos públicos"

Pero ante semejante Golpe de Estado, mucho peor que el propinado a la Asamblea. Siempre hay que tener en cuenta, que saldrán algunos "opositores", los mismos de siempre, a decir que frente a semejante farsa constitucional, debemos participar, aunque seamos una exigua minoría buscada con pinzas (o más bien con expedientes penales) para darle alguna legitimidad al Golpe Constitucional. Allí veremos de qué están hechos algunos de nuestros políticos y si realmente son "demócratas".
Thays Peñalver
Blog de Thays Peñalver

Nicolás Maduro, desesperado porque el poder se le esfuma entre la humareda tóxica de los gases lacrimógenos que a mansalva lanza contra el pueblo, no halla qué más inventar; en su empeño por terminar de disolver la Asamblea Nacional se radicaliza, quema sus últimos cartuchos y consuma su autogolpe de Estado al convocar la trampajaula de una asamblea nacional constituyente comunal, cuyos asambleístas serían designados por unas comunas que ni siquiera existen en la Constitución, lo que constituye de por sí un tremendo fraude y un gran atropello frente a la disidencia que representa más de un apabullante 80% y que exige la salida de Maduro, frente a 17% del chavismo.

Quién puede creer a estas alturas que esos constituyentes comunales actuarán libremente, cuando esos acólitos estarán allí para seguir órdenes. Maduro está obligado a convocar a un referendo consultivo para preguntarles a los venezolanos si desean realizar esa constituyente tramposa.

Debemos recordar que en 1999, cuando Hugo Chávez asumió la Presidencia de la República, juró sobre la Constitución de 1961 –a la que calificó de "moribunda"–, y ese mismo día llamó a una asamblea nacional constituyente. En julio de ese año, a través de un sistema electoral fraudulento, obtuvo 97% de los miembros y pudo someter entonces al resto de los poderes constituidos del Estado, fue en ese momento cuando uno de los cinco constituyentes electos nominalmente, Jorge Olavarría, denunció que eso significaba un golpe de Estado.

Esa ANC eliminó el Congreso Nacional, las asambleas legislativas, los concejos municipales, intervino el Poder Judicial y suspendió las elecciones municipales, designó a un nuevo fiscal y a otro procurador de la República y nombró nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, ¡una pelusa! Fue una tremenda embestida al Estado; para más inri, el Tribunal Supremo de Justicia le dio a la constituyente facultades originarias y Hugo Chávez pudo barrer todas las instituciones, adueñarse cómodamente del país hasta su muerte, y nos dejó como heredero a Nicolás Maduro, su verdadero legado, para que impusiera el Plan de la Patria y consolidara un período dictatorial.

En este punto estamos. Depende de la firmeza que demuestre la dirigencia opositora, apoyada en la voluntad de cambio exhibida en las calles por la mayoría de los venezolanos, que esta situación ignominiosa no desemboque en un callejón sin salida. Esa constituyente comunal anunciada para las próximas semanas es una artimaña para burlar la voluntad popular e investir de legalidad constitucional a la dictadura.

La oposición luce en este momento unida en el objetivo de sustituir el régimen. El contundente llamado a la rebelión que hizo el lunes el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, debe comprometer a todos los factores políticos en la aplicación del artículo 350 de la Constitución –el primero que será eliminado si se instala la constituyente comunal–, que consagra el derecho natural del pueblo a la desobediencia y la resistencia contra la opresión.

La resistencia no violenta es el mecanismo para enfrentar el asalto que pretende perpetrar el ilegítimo narco-régimen. Con su discurso, en el cual hace un llamado a la Fuerza Armada Nacional a no respaldar el golpe de Estado y a que se pronuncie en defensa de la Constitución, Borges se coloca de cara a la historia, porque el desenlace final no se producirá sin su concurso. La ambigüedad del discurso en algunos dirigentes opositores en la MUD, que rechazan la participación de la FAN en el complejo proceso de transición que se avecina ha retrasado la aparición de esos actores que serán fundamentales para la restauración democrática y que esperaban una señal como la de Julio Borges. Es el momento, ¡ahora o nunca!

Nicolás Maduro promueve una asamblea constituyente "electa directamente por el pueblo para elegir unos 500 ‘constituyentistas’… electos por las clases obreras y los movimiento sociales… para derrotar la oposición y para que sea el pueblo con su autonomía quien decida la paz y el destino del país… Quiero una constituyente ciudadana; de campesino, de indígena, obrera, comunal, de jóvenes, de estudiantes".

Esta maniobra postrera de Maduro confirma que el cadáver sigue siendo cadáver, que la Constitución ya ni siquiera era el librito sino un compendio agusanado de normas violadas o sencillamente inútiles, salvo en lo que se refiere a la consagración del poder de los poderosos.

La protesta opositora ha sido unánime. Y, por fortuna, lo que la calle ha unido no parece que Maduro lo pueda disolver, ni siquiera con la trampa jaula de diálogo que todavía agita el Cuarteto Libertino encabezado por Zapatero. El llamado a la rebelión hecho por Julio Borges, presidente de la AN, reitera el de enero pasado, y es un alerta para que ahora no haya incautos que le quieran encontrar alguna "ventaja" al espantajo articulado por los jurisconsultos del Reich.

Esta operación es la muerte del voto. Es oportuno recordar cómo el proyecto de reforma constitucional de Chávez en 2007 contenía en su artículo 136 el siguiente principio: "El pueblo es el depositario de la soberanía y la ejerce directamente a través del Poder Popular. Este no nace del sufragio ni de elección alguna, sino que nace de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población. El Poder Popular se expresa constituyendo las comunidades, las comunas y el autogobierno de las ciudades, a través de los consejos comunales, los consejos obreros, los consejos campesinos, los consejos estudiantiles y otros entes que señale la ley".

La liquidación del sufragio mediante el sufragio ya la hizo Hitler en su momento.

Este adefesio constituyente requeriría pasos que Maduro quiere eludir, como el referéndum que lo autorice. Las elecciones generales, regionales o locales en el marco de un "paquete" de exigencias opositoras dirigidas al cambio de régimen han sido rebasadas por esta brutal maniobra. Parece claro que lo que estaba claro está claro: Maduro y su gabinete no se van a medir ni siquiera en las condiciones ventajistas de 2015 en las que fue derrotado. Maduro ya no gana ni una elección secreta dentro del gabinete o del Alto Mando. Lo que queda es la desobediencia civil que solo producirá el cambio de régimen cuando los militares se coloquen a su lado.

Siempre nos sumamos a los detractores de la idea de que una nueva constitución sería la solución a la problemática venezolana, la Asamblea Nacional Constituyente fue consigna desde el 2013 para importantes sectores de la oposición y eminentes figuras políticas como: Freddy Guevara, María Corina Machado, Antonio Ledezma, y otros juristas como Cecilia Sosa, Duque Corredor y Blanca Rosa Mármol, quienes opinaron que era la mejor forma de acabar con el gobierno chavista y purgar las instituciones del Estado.

Sin embargo, después de veintiséis constituciones desde que somos República (1811), es claro que el problema no es la carta magna, ni refundar el país, el conflicto venezolano lo generamos porque los gobiernos han aplicado la ley como mejor les ha parecido y los ciudadanos lo hemos tolerado, y cuando la constitución deja de ser acomodaticia a los intereses políticos, pues nace el discurso mesiánico de la nueva patria, la naciente república y de nuevo otra constitución.

Es imperativo recordar que la Constitución de 1961, que logró superar décadas de estabilidad política, no tenía mecanismo previsto para su supresión y la instauración de una nueva carta política, y fue el Presidente Chávez con la venia de la Sala Político-Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, quien requirió al antiguo Consejo Supremo Electoral, una elección popular para que mediante el voto se consultara si debía o no convocarse una Asamblea Nacional Constituyente.

Indudablemente, los constituyentes de 1999 establecieron mecanismos para reformar su propio texto y la convocatoria a una nueva Asamblea Nacional Constituyente si fuere necesario, aun y cuando Chávez juró en varias oportunidades que era la mejor constitución del planeta, y que la protegería por encima de su vida misma.

No podemos negar que la misma constitución de 1999, le otorga al Presidente de la República en Consejo de Ministros la competencia para iniciar la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente (Art. 348), pero teniendo como vértice que el único depositario del poder constituyente originario es el pueblo, lo que hace vinculante la consulta en sufragio para determinar si es necesaria e idónea en estos momentos políticos una nueva constitución.

No obstante, se hace necesario abundar sobre la propuesta que hiciera Nicolás Maduro sobre la Asamblea Nacional Constituyente, que pareciera una estrategia para ganar tiempo y eludir la presión política tanto interna como internacional, donde se le exige convocar elecciones libres a sabiendas que sufrirá una derrota mucho mayor que la generada en las parlamentarias del 2015, donde la oposición arrasó con los cargos de diputados a la Asamblea Nacional.

En primer término, lo propuesto por el Presidente no es una transformación del Estado y del orden político interno, por lo tanto, no debe ser discutido en Asamblea Nacional Constituyente, porque no modifica ni la parte orgánica ni dogmática del texto constitucional, entre varias cosas destacó lo siguiente: 1) otorgar rango constitucional a las misiones como programas sociales, 2) imponer reglas estrictas contra el narcotráfico y el terrorismo, 3) incluir las comunas y consejos comunales como mecanismos de participación política, 4) crear secciones especiales para los derechos de los jóvenes y del derecho ambiental, además de otros elementos que parecieren más de relleno que sustanciales.

A simple vista, la iniciativa no tiene cabida para la Asamblea Nacional Constituyente, se hace inoficiosa, y hasta contradictorio querer afirmar que se convocara una constituyente para incluir puntales asuntos, que mediante una breve enmienda, o por desarrollo legislativo pudieran formar parte de la estructura jurídica del Estado, lo que desnuda la intención de querer congelar las calles y distraer la atención en un mecanismo tan peligroso como la constituyente, que detendría las demás elecciones, removería a la Asamblea Nacional, o a otros funcionarios como algunos Magistrados o a la Fiscal General, que están poniéndole freno al desenlace tirano del gobierno.

En otro sentido, el Presidente indicó que todos los constituyentes no serán elegidos mediante consulta por sufragio general, sino mediante mecanismos corporativos de elecciones, es decir, a través de la escogencia por medio de Consejos Comunales, Comunas (cuyas elecciones están detenidas desde 2012 por FUNDACOMUNAL), Sindicatos (los cuales proliferan en competencia entre los creados por el gobierno para desconocer a los originales controlados por la oposición), y otras instancias desconocidas de sectores de la población (indígenas, campesinos, comerciantes).

Con esta fórmula el gobierno intenta dividir la cualidad de los ciudadanos, y establecer instancias superiores al voto como mecanismo de participación popular, que es la de mayor jerarquía y relevancia, reconocido así por el artículo 70 de nuestra constitución, y lograr controlar esta innecesaria Asamblea Nacional Constituyente para apaciguar los ánimos nacionales e internacionales, y redactar un texto constitucional a la medida de su proyecto, la represión y miseria que hoy gobierna el país, debemos evaluar esta gran verdad, si resulta o no, una constituyente para el país.



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Emiro Vera Suárez


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