Yo Dr. JOSE AGUSTIN REVERON ORTA, abogado en ejercicio de la República Bolivariana de Venezuela, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.229.562, e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 39.339, debidamente acreditado por Leyes Internacionales y por ley de la Corte Penal Internacional, determiné, prudentemente, que la República viene siendo objeto de ataques producto de un interés oscuro de los EEUU, y por violaciones a estatutos internacionales, la propia Constitución de los EE UU, y la de mi país, me vi obligado a presentar denuncia en contra del Presidente de los Estado Unidos de Norte América DONALD TRUMP así mismo en contra de su Secretario de Estado MARCOS RUBIO, y su Secretarios de Defensa, por el cometimiento de delitos enmarcados en leyes nacionales e internacionales y en contra de políticos de la oposición desesperados en búsqueda de notoriedad sin importarles lo que significaría para el pueblo un ataque con esos instrumentos bélicos .
En un acto que desafía los principios más elementales del derecho internacional, el gobierno de los Estados Unidos, bajo la administración del presidente DONALD TRUMP, ha desplegado una operación militar frente a las costas venezolanas. Submarinos, destructores, helicópteros y más de 4.000 marines han sido movilizados con el pretexto de combatir un supuesto cartel de narcotráfico liderado, de acuerdo a sus intereses, por el presidente constitucional, Nicolás Maduro, sin que exista una sola sentencia judicial, resolución de la ONU o prueba verificable que respalde tal acusación.
Este despliegue unilateral no solo constituye una amenaza directa contra la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, sino que podría configurar un crimen de agresión, según el artículo 8 bis del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), que define como tal "el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado".
La CPI, de la cual Venezuela es Estado Parte, tiene plena jurisdicción para investigar este tipo de crímenes. El Estatuto de Roma permite que cualquier ciudadano, organización o Estado remita información al Fiscal (art. 15), y establece que la calidad oficial —incluso la de jefe de Estado— no exime de responsabilidad penal (art. 27). En este contexto, tanto el presidente TRUMP como el secretario de Estado MARCO RUBIO y el secretario de Defensa podrían ser investigados por ordenar o facilitar esta operación sin base legal.
Pero la complicidad no termina allí. Diversos actores políticos venezolanos en el exilio han celebrado públicamente esta intervención, agradeciendo a Trump por "identificar la amenaza del chavismo" y pidiendo abiertamente la ocupación militar del país. Estas declaraciones violan la Constitución venezolana, que prohíbe la instalación de fuerzas extranjeras (art. 13), exige respeto por la soberanía (art. 152) y reserva a la Asamblea Nacional la autorización de misiones militares extranjeras (art. 187, numeral 11). Solicitar una invasión extranjera no es política: es traición.
La comunidad internacional no puede permanecer indiferente. La agresión militar sin mandato judicial, sin respaldo del Consejo de Seguridad y sin pruebas concretas representa una regresión peligrosa hacia la ley del más fuerte. Venezuela tiene derecho a defender su soberanía, y los pueblos del mundo tienen el deber de denunciar esta violación.
Como ciudadano, voy a presentar, esta denuncia formal, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, invocando los artículos 5, 13, 15, 25 y 27 del Estatuto de Roma. Solicitaré que se abra una investigación preliminar y que se pronuncien los organismos internacionales competentes. Cada país debe solucionar sus problemas internos y no permitir que un ente ilegal internacional, como en este caso, pueda perturbar el orden interno de una República que transita por la paz y que se ha defiendo de atroces ataques por los cuales ha pasado. Solo me motiva ser venezolano para ejercer esta acción. La paz no se impone con misiles. Se construye con justicia.
