En un manifiesto, leído por el consejero universitario Octavio González, pidieron un «amplío alcance» de la ley de amnistía propuesta por Delcy Rodríguez el viernes 30 de enero, para que sean beneficiados todos los casos de personas detenidas por razones políticas –aún bajo arresto o con medidas cautelares– tras una revisión y análisis de cada expediente, en el que piden que participen los decanos de las facultades de ciencias jurídicas de las universidades.
Los estudiantes también solicitaron transparencia en la ejecución de este proceso, el restablecimiento de derechos civiles y políticos, la derogación de normativas como la Ley Constitucional contra el Odio, Ley Simón Bolívar o Resorte, así como garantías de no repetición y reparación «proporcional, oportuna» a todos los afectados por graves violaciones de derechos humanos.
«Delcy responde, los ucevistas no se esconden» y «ni uno, ni dos, libérenlos a todos» eran parte de las consignas voceadas por familiares y estudiantes. Diputados de la Asamblea Nacional o expresos políticos como Yandir Loggiodice, Carlos Azuaje y Javier Tarazona se acercaron a la concentración para brindar apoyo.
«La reconstrucción del país, el reencuentro del país, pasa no solo por la aprobación de una ley sino por la derogación de todos los instrumentos jurídicos que han sido creados para perseguir, para anular, para eliminar políticamente a quienes piensen distinto», expresó Javier Tarazona, director de Fundaredes.
Otros familiares protestaban por primera vez, como Antonio*, un joven que pidió mantener en anonimato su nombre. Su padre, un economista de 70 años de edad, fue detenido arbitrariamente el 24 de mayo de 2024 por funcionarios de la Dgcim en su casa en Chacao (estado Miranda). Su madre, administradora de 58 años, fue detenida en su trabajo cuatro meses después: el 9 de septiembre de 2024.
«Ellos alegaban un caso de corrupción en Fonden (Fondo para el Desarrollo Nacional), pero lo cierto es que nunca fueron funcionarios públicos y no recibieron dinero del Estado. Los metieron en una causa que en nada tiene que ver, intuyo que para robarnos bienes y nuestras empresas», afirmó.
Su padre permanece detenido en la cárcel del Rodeo I, su madre en el INOF. «Mi papá ha perdido alrededor de 20 kilos, está en una celda de dos por dos con otras dos personas, con una letrina en el medio. Solo lo dejan salir una hora al día. Las condiciones de reclusión son terribles. Anteriormente estuvo en la Dgcim de Boleíta y estuvo seis meses sin ver la luz del sol».
Los familiares de trabajadores petroleros de Anzoátegui, Carabobo, Zulia, Falcón y Distrito Capital también denunciaron el retardo procesal y la falta de información en sus casos. Calculan que son 170 empleados de la estatal Pdvsa y sus filiales quienes se encuentran detenidos por razones políticas.
Wilmary Hernández es esposa de Jesús Romero, lodymaster del terminal marino de la refinería de El Palito (estado Carabobo). Fue detenido el 21 de junio de 2025 y acusado de terrorismo. Junto a otros 11 trabajadores, detenidos el 18 y 21 de junio del año pasado, fueron presentados ante un juez y desde entonces no avanza el proceso.
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Credito: T.Cual |
Junto a 12 personas fueron arrestados por la Dgcim y acusados de terrorismo. Solo han tenido una audiencia de presentación. «A nosotros nos dicen que es un caso que se maneja bajo reserva legal, creemos que es terrorismo porque es la fiscalía que maneja el caso… Lo que exigimos es justicia».
Gilda Suárez es hermana de René Suárez, trabajador petrolero detenido el 20 de junio de 2025 en la refinería de Amuay. Denunció que son 24 trabajadores petroleros quienes fueron pasados a juicio por un “error humano”, debido a la falla de una válvula durante el trasiego de combustible.
Afirmó que los detenidos son de «diferentes guardias» y de sitios distintos, pues fueron arrestados no solo trabajadores del muelle de Amuay, como su hermano, sino también del área de suministro.
El pasado 24 de septiembre fueron enviados a juicio por el juez José García, a cargo del Tribunal 1 de juicio con competencia en terrorismo. Les acusaron de los presuntos delitos de retraso y omisión intencional de sus funciones, legitimación de capitales, daños a infraestructura crítica o a daños a bienes esenciales, asociación para delinquir y contrabando agravado de combustible.
La concentración terminó cuando Fanny Lozada, madre de Aliannis Araujo Lozada, se desvaneció mientras daba su testimonio durante una concentración la libertad de los presos políticos.
La mujer contó que su hija se encuentra en desaparición forzada desde hace siete meses, tras ser detenida el 11 de agosto de 2025 en Araya, estado Sucre, por su presunta vinculación en la colocación de explosivos en Plaza Venezuela. «No sé dónde la tienen, él (Diosdado Cabello) sí sabe. Necesito que me ayuden por favor».
Lozada también denunció que a su nieto de 15 años lo torturaron. «Le amarraron la cabeza con bolsas, le metieron corriente. Un bebé empezando la vida, cuarto año de bachillerato. No quiso seguir estudiando».