Relatora de la ONU y el Derecho Humano a la Comunicación en Venezuela

" … Me centraré en particular en cualquier impacto negativo que las sanciones puedan tener en el disfrute de todos los Derechos Humanos en Venezuela … "
Relatora especial de la ONU en Venezuela

En visita oficial a Venezuela se encuentra la Doctora Alena Douhan, relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), para conocer el impacto que sobre los Derechos Humanos (DDHH) de las Venezolanas y Venezolanos han ocasionado las sanciones contra Venezuela, ello en función de diferenciarlos de la violación a los DDHH que, por complacencia o inacción conveniente, permitiendo la corrupción junto a la desidia, la negligencia y la indolencia en la Administración Pública, practica el Gobierno Nacional sobre la población venezolana en violación a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Para sustentar la denuncia, evitando la generalidad que el Estado Venezolano puede cuestionar como no documentada (aunque lo denunciado es público, notorio y comunicacional), en el escrito se presentan datos de una denuncia específica, corroborando que el Estado Venezolano ha sido informado oportunamente de esta violación al Derecho Humano a la Comunicación.

Entrando en materia, en esta nota se presentan datos de cómo actualmente en Venezuela se practica la violación al Derecho Humano a la Comunicación (artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos) con efectos negativos extremadamente drásticos en la población Venezolana, muy particularmente en las Personas con Discapacidad.

A esta violación al Derecho Humano a la Comunicación por parte del Estado Venezolano YA se hace referencia en el párrafo 28 del informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela (A/HRC/41/18 de fecha 5 de julio de 2019), donde se menciona que "Internet y las redes sociales se han convertido en los principales medios de comunicación e información de la población, limitando aún más el acceso a la información independiente de las personas que no tienen acceso a internet".

Así, en consonancia con lo anterior y como consecuencia de mantener una hegemonía (por precio, alcance y cobertura territorial) en la prestación de los servicios de telefonía fija e Internet, el Estado Venezolano ha ignorado denuncias sobre la carencia y falla de estos servicios que, sin lugar a dudas, son de vital importancia para (facilitando el requerir asistencia médica oportuna) garantizar el Derecho Humano a la Vida y a la Salud (artículos 43 y 83 de la CRBV) además de (atendiendo eventos formativos y de recreación vía Internet) garantizar el Derecho Humano a la Educación, Cultura y Trabajo (artículos 81, 87, 98, 99, 100, 101, 102, 103 y 110 de la CRBV), particularmente a quienes no pueden (por algún impedimento de movilidad) ejecutar la plena realización de estos Derechos en forma presencial.

Nuestro drama se inicia como consecuencia de actos terroristas practicados por grupos financiados por una oposición criminal en Venezuela aupando las sanciones contra el país. En al año 2017 estos grupos sabotearon el sistema de comunicación de CANTV, empresa del estado que, teniendo tarifas comercialmente racionales y con cobertura de todo el territorio nacional, nos proporcionaba a la mayor parte de la población venezolana telefonía fija e Internet. Este hecho impulsó en la empresa CANTV un estado de corrupción (denunciado oportunamente) que desde entonces ha favorecido a quienes pagan comisiones para recibir el servicio de telefonía fija e Internet (a quienes evitan pagar tales comisiones se les dice que por tener el sector donde se habita una falla masiva no pueden recibir el servicio de telefonía fija e Internet, ignorándose el hecho contradictorio que en tal sector con supuesta falla masiva, como es el caso del sector La Matica, Los Teques, Estado Bolivariano de Miranda, ya otros usuarios cuentan con el servicio).

Como venía ocurriendo con la distribución y venta del gas doméstico, otro servicio público básico que, siendo denunciado oportunamente el estado de corrupción existente, NO se actuaba y, gracias a Dios, convenientemente, estando la relatora de la ONU en el país, se acciona al respecto, por inacción conveniente y complaciente, permitiendo que la desidia, la negligencia y la indolencia predominen en el ejercicio de la Administración Pública, violando el Derecho de Petición establecido en el artículo 51 de la CRBV, el Gobierno Nacional ha permitido que estos hechos de corrupción que afectan los Derechos Humanos se mantengan en el tiempo, ello a pesar que el hecho se ha denunciado reiterativamente antes los entes competentes, como pasamos a resumir.

Recibida sin número de registro, el 25 de Julio de 2017 se consignó la denuncia respectiva por falta de telefonía fija e Internet en la oficina regional de CANTV en el centro comercial La Hoyada en Los Teques, Estado Bolivariano de Miranda. Luego, al no recibir respuesta, registrada con el número CRP17110006, el 1 de noviembre de 2017 se consigna la denuncia ante el despacho del ingeniero Manuel Fernandez, para ese entonces Presidente de CANTV, y en reiteradas oportunidades la denuncia es ratificada ante ese despacho a partir de ese entonces. Según lo faculta la CRBV en su artículo 285, numeral 5, además de solicitar actuaciones para solventar lo planteado, se consignó denuncia por violación al Derecho de Petición por parte de CANTV ante el Fiscal General de la República, ciudadano Tarek William Saab, el 23 de noviembre de 2017 (registrada con el número 003965) y ratificada con el número N-1116 en el libro de sistema computarizado el 16 de julio de 2019.

Por completitud y, además de solicitar actuaciones para solventar lo planteado, para dejar constancia que la denuncia se había hecho ante los entes competentes, la misma se presentó ante el Gobernador del Estado Bolivariano de Miranda, ciudadano Héctor Rodriguez, el 26 de abril de 2019 y ante el despacho del Secretario de Gobierno, ciudadano Rodulfo Sanz, el 30 de abril de 2019. Igualmente, Además de carta pública dirigida al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, la denuncia ha sido consignada por ante la Dirección del Ministerio del Despacho de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela reiteradamente a partir del 1 de noviembre de 2017.

Considerando las nefastas consecuencias de lo antes expuesto para la población venezolana, el Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna … la preeminencia de los derechos humanos … (consagrado en el Artículo 2 de la CRBV) ya ha debido activarse y responder a estas denuncias para garantizar la protección de los Derechos Constitucionales que se están violando en Venezuela. No obstante, motivado a que ninguno de los recursos interpuestos anteriormente ha recibido respuesta oportuna, Doctora Douhan, como lo exige el Derecho a Petición consagrado en el artículo 51 de la CRBV, esta violación al Derecho Humano a la Comunicación fue denunciado por escrito formal ante la oficina en Venezuela del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dirigido a la Doctora Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el 6 de junio de 2019 y ratificado el 17 de junio de 2019.

Aunque sería extremadamente descarado desconocer que las sanciones tienen una influencia importante en los Derechos Humanos de la población venezolana, también sería descarado ignorar que, como hemos descrito, la corrupción aupada por la desidia la negligencia y la indolencia en la Administración Pública, favorecida por el Gobierno Nacional que no actúa al respecto, son también la causa de la violación a los Derecho Humanos en Venezuela, donde se llega al extremo de violar el Derecho Humano al agua como ocurre en Delta Amacuro y demás regiones del país, siendo público, notorio y comunicacional cómo desde la Gobernación de ese estado se tiene la desfachatez de decirle a la población que "si tienen hambre, coman pumalaca con mango" además de "si carecen de recursos, entierren sus muertos en bolsas negras".

Ignorando estas y otras denuncias el Gobierno Nacional, Doctora Douhan, favorece la violación a los Derechos Humanos en Venezuela y además alienta en la ciudadanía el que las denuncias de nada sirven y que, en todo caso, se usan para intensificar el control social, identificando a los denunciantes y sancionándolos mediante privación del o los servicios por los cuales han presentado denuncia alguna.

Es nuestra esperanza que la relatora de la ONU tenga una mejor visión para contribuir a evitar que estas violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela se sigan cometiendo impunemente. Para cumplir con tan importante misión (que ha de tener un impacto reparador en hacer prevalecer los Derechos Humanos en Venezuela) la Doctora Douhan debe buscar maneras (bien sea recopilando aportes escritos, agendando programas radiales con micrófonos abiertos ó activando un buzón de correo email) para escuchar directamente a la población Venezolana, actualmente silenciada tanto por la acción Gubernamental como por la Oposición.

Si existe un Dios, que ilumine nuestros pensamiento para entender el misterio de su existencia salvando nuestras almas, si alguna tenemos. Nitimur in vetitum semper, cupimusque negata. Levantemos la cara y con ella nuestra mirada al infinito inspirador eterno nos guiará a que juntos hagamos que Nazca lo que tenga que nacer y se destierre la maldad de la oposición en Venezuela.



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Sergio Rojas


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