Frente a la discusión y aprobación express en primera discusión por parte de la fracción madurista de la Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, el Bloque Histórico Popular se pronuncia ante el país en los siguientes términos: Esta reforma, es una Ley, que prevé contratos y convenciones para vestir la entrega y garantizarles a las corporaciones extranjeras privadas una nueva forma “segura” para administrar libremente nuestros recursos, como si el país entero, se tratara de un campamento petrolero de la época gomecista. Es una reforma que lejos de reivindicar que la República es la propietaria indiscutible de los recursos que yacen en el suelo y subsuelo de nuestro territorio, entrega de forma descarada la operación y control de la explotación y comercialización de nuestros recursos petroleros contraviniendo lo establecido en la Constitución y en la propia Ley Orgánica de Hidrocarburos vigente, es decir, es una reforma regresiva que nos pone en condiciones deleznables frente al neo imperio petrolero global, lesionando de muerte lo que quedaba de soberanía Los "nuevos contratos" son los llamados "convenios de producción a riesgo bajo esquema de ganancias compartidas" es un tipo de contrato anglosajón usado en el siglo pasado por las corporaciones. Que entregaban todo el proceso y otorgaba el PEG convenido al Estado. PEG es participación del Estado en las ganancias. Ese tipo de convenio fue el que demandó el doctor Agustín Calzadilla y Ali Rodríguez Araque ante la Corte Suprema de Justicia el pasado siglo y ganaron. Éso fue lo que detuvo la "apertura " dañina que querían imponerle al país y NO PASÓ. La reforma no garantiza que cada gota de petróleo en nuestro subsuelo sigue siendo propiedad inalienable de los venezolanos, blindando nuestra soberanía constitucional, pues con la excusa de la modernización de su extracción, reducen no sólo las regalías, sino renuncian al principio constitucional de juzgar los asuntos resultado de contratos de interés público, o litigios relacionados con daños ecológicos en que incurran las transnacionales-por ejemplo-, en tribunales nacionales. Esa cláusula referente a dirimir conflictos en tribunales internacionales es la lápida del ataúd de la soberanía de Venezuela, además es inconstitucional. Es cierto, que un país con recursos sin explotar es vulnerable, pero la verdadera soberanía se ejerce produciendo. La Soberanía es tener la capacidad de transformar nuestras reservas en bienestar para el pueblo. Esta reforma propone acelerar la producción para que nuestra riqueza no se quede bajo tierra, pero nos reduce la participación y ganancias evitando con ello, que estas regalías e ingresos petroleros se conviertan en escuelas, hospitales, salarios justos, infraestructura y desarrollo. Nos venden que la reforma busca “la apertura al sector privado para lograr financiamiento y tecnología sin comprometer financieramente al Estado”, sin embargo, en ninguna parte de la misma se obliga a la transferencia tecnológica, ni existe mención alguna de la participación de los trabajadores petroleros y su experiencia en estas labores, como tampoco dice nada acerca de la protección de los trabajadores con la figura de “trapasar operaciones y comercialización a inversionistas extranjeros” ni tampoco menciona nada acerca de que dicha transferencia, produzca despidos masivos en razón de “aumentar la productividad” pero sacrificando mano de obra venezolana. Defendamos nuestra soberanía petrolera de forma inteligente: la inversión privada es necesaria, incluso para que asuma los riesgos y financie la tecnología. Pero esto no puede ser excusa para rebajar regalías, exponernos al antiguo modelo de saqueo por parte de las trasnacionales que operó durante la época de Gómez y que había sido superado, pues mantener el control estratégico de las operaciones, la fiscalización, las auditorías constantes y la rectoría de la industria no se puede dejar al libre albedrío de los inversionistas, que lo único que quieren es el retorno de su inversión y ganancias de forma express, incluso en detrimento de nuestros ingresos. La administración de la renta es asunto serio y nos compete a todos los venezolanos. Actualizar nuestras leyes contra el criminal bloqueo no puede significar que bajo coacción desmontemos PDVSA y la plena soberanía petrolera que prescribe la Constitución, la Ley de Hidrocarburos del 2001 y los procesos de negociación del 2006. Crear un marco legal robusto y flexible que nos permita comerciar con el mundo no puede hacerse en detrimento de los ingresos de todos y mucho menos asfixiando al Estado propietario. La reducción de regalías (hasta un 15%) con la excusa de atraer capital en el entorno geopolítico actual, implicará una drástica reducción de los ingresos ya mermados por el bloqueo, lo que incidirá en la calidad de vida de los venezolanos y el deterioro acelerado del país por desinversión como sucedió en el pasado, cuando las petroleras aumentaban sus costos sin control alguno, mientras el Estado recibía migajas. Exigimos, por tanto, mantener el piso de regalías logrado cómo base de cálculo en a LOH del 2001, negociar inversión y operación donde ninguno pierda, en condiciones donde se respete la soberanía del país en el manejo de sus recursos y establecer mecanismos eficientes y eficaces de control gubernamental para evitar la corrupción de los privados nacionales y extranjeros, sino esta reforma sólo servirá para terminar de saquearnos. Le recordamos no sólo a los Diputados que aprobaron esta reforma, sino a las transnacionales petroleras que, en el marco del Estado democrático, social de derecho y de justicia vigente, existe la prohibición constitucional de adoptar medidas, ya sean legislativas o judiciales, que impliquen un retroceso en el nivel de protección de los derechos humanos. La propiedad y la renta sobre los recursos petroleros venezolanos son derechos intergeneracionales irrenunciables. Toda ley que contrarie la constitución es nula de nulidad absoluta sobre todo en el marco de una vulgar coacción. No podemos permitir que, bajo la excusa del bloqueo y la coacción, se entregue la joya de la corona que tanto costó recuperar. Una reforma que no fiscaliza, que no protege al trabajador y que reduce la participación del Estado no es una reforma soberana: es un desmontaje de la SOBERANÍA PETROLERA. ¡Y La soberanía petrolera no se negocia, se defiende! BHP DIRECCIÓN NACIONAL Caracas 24 enero 2026