Los factores polarizados y enfrentados en un juego perder-perder, cerraron los espacios democráticos y soluciones políticas. Mientras el país, en la más completa incertidumbre se juega su destino en manos de estos factores irresponsables. Por un lado, un gobierno ilegítimo que cumplió con su palabra de quedarse "por las buenas o por las malas" desconociendo la voluntad popular, que ahora amenazado por la mayor potencia militar global pide unidad frente a las agresiones externas, mientras mata a su pueblo de hambre y sigue persiguiendo, encarcelando, torturando y clausurando la democracia. Y por la otra, los factores que se asumen ganadores y han promovido una ofensiva militar, liderada por María Corina Machado; de este modo, el pueblo venezolano noble y trabajador no solamente queda atrapado entre dos proyectos igualmente nefastos sino a las puertas de una peligrosa situación de violencia generalizada. Por ello insistimos: ninguno de ellos garantiza una salida a la crisis, mucho menos sienten alguna legítima preocupación por el futuro del país ni el rescate de la democracia, si así fuera, dieran demostraciones de ello.
Ante este panorama desde el BHP reafirmamos que el pueblo venezolano no tiene por qué escoger entre verdugos y reitera que no queremos ni el plan injerencista y guerrerista de MCM ni el autoritarismo entreguista de Maduro, como salidas válidas para el país, pues ambos están dispuestos a rematarnos si es necesario, para su permanencia o para la toma del poder.
Comprendemos que este escenario de suma negativa en que han sumido al pueblo venezolano, toda negociación que pudiera darse es una posibilidad menos para la guerra, lo primero para nosotros como movimiento de movimientos, es preservar la vida de venezolanos y la paz. Es imprescindible en estos momentos aciagos, hacer todos los esfuerzos necesarios para volver a la política, pero la política con P mayúscula, cuyo objetivo es regular el poder, resolver conflictos pacíficamente, orientar los recursos y las acciones para el bien común y en beneficio colectivo, en el marco de una Estado de Derecho, democrático, social y de justicia como plantea nuestra Constitución.
Estas negociaciones no deben ser de espaldas a los intereses del pueblo mayoritario, que el destino de la Nación no se negocie en manos de cúpulas y a escondidas como hacen los mafiosos y el último en enterarse sea el pueblo. No estamos dispuestos a permitir que se negocie o hipoteque el futuro de nuestros hijos, nietos y las demás generaciones de venezolanos que vendrán a esta tierra bendita, sin levantar nuestras voces.
El escenario de que vale todo para salir de la crisis y todo es permitido con tal de salir de un pésimo gobierno no es válido. No es viable, la guerra, ni la entrega de soberanía o negociar el poder a cambio de hipotecar los recursos del país, a costa de las riquezas de ésta y las próximas generaciones. No es viable aceptar bases militares extranjeras en nuestro territorio, ni mantener el poder sin respetar la democracia y la soberanía popular, ni seguir pasándole por encima a la Constitución y a los derechos humanos y mucho menos, mantener a sangre y fuego, salarios de hambres ni vale la represión. Hay líneas rojas que no pueden ser desconocidas en ninguna negociación. Los derechos del pueblo, la patria, la democracia y la constitución no se negocian.
Por ello, planteamos que tratar de negociar soluciones sin el pueblo, tarde o temprano traerá graves consecuencias para la Nación, la democracia y el futuro del país. Por eso, una salida a la gravísima crisis de legitimidad, violencia instaurada, caos, persecución, hambre, miseria, violaciones de derechos humanos, desinstitucionalización, destrucción del Estado Social de derecho y de Justicia, violación de la Constitución, amenazas de intervención, y entreguismo, pasa por recuperar el protagonismo del pueblo y articular fuerzas sociales en torno a una agenda democrática, popular, constitucional y pacífica. Desde el BHP, ratificamos nuestro aporte a lo que consideramos debe ser esa agenda:
1. Defensa irrestricta de la soberanía e integridad de la Nación, lo que no implica reconocer el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro. No queremos como solución una agresión militar extranjera, ni la entrega de recursos naturales a cambio de mantener o tomar el poder; ni permitir la posibilidad de instalar bases militares -de ningún gobierno extranjero- en nuestro territorio y menos, la continuidad de sanciones unilaterales que vulneran los derechos humanos en general.
2. Rescatar la Constitución: derogar todas las leyes y revisar todas las sentencias ilegales e inconstitucionales decretadas tanto por la ANC, como por el gobierno de Maduro, y por el TSJ que menoscaban, violan, o suspendan de manera excepcional y de facto nuestra Carta Magna, incluyendo abandonar cualquier intento de reforma del texto constitucional de espaldas al país.
3. En el marco de las negociaciones para abrir cauce a una solución pacífica, deberían renunciar a sus cargos todas las cabezas de los poderes, y en el marco del 333 de la CRBV, nombrar como se hizo en el pasado una Junta de Emergencia con personas de solvencia moral, ética y compromiso con el país, que permita decretar una "Emergencia Constitucional", convocando inmediatamente al poder originario, a los fines de llenar cualquier posible vacío en el poder, de forma constitucional, en el marco de una Asamblea Constituyente que debe tener como tarea principales, entre otras: reinstitucionalizar al Estado, profundizar los derechos y garantías constitucionales de manera progresiva y nunca regresiva, desmontar leyes inconstitucionales, recuperar la majestad de los poderes públicos, convocar elecciones generales y garantizar la participación amplia de todos los sectores independientes, movimientos sociales, pueblo organizado en la toma de decisiones respecto al nombramiento de los poderes, mediante votaciones directas universales y secretas de tal forma que con ello se garantice la independencia en estos cargos y su revocatoria, volver a la postulación limitada para cargos de presidente, gobernadores y alcaldes como garantía de la alternabilidad democrática, paridad electoral entre partidos y movimientos sociales organizados, blindaje de la propiedad de los recursos del suelo y subsuelo que le pertenecen a la República, entre otros aspectos a considerar.
4. Libertad para los presos y perseguidos políticos detener la represión y promulgar una Ley de Amnistía que garantice libertad plena.
5. Restitución del salario y mejora de las condiciones de vida del pueblo, aumentando los ingresos de la población, a través de un aumento general de sueldos y salarios, o bien sea asumiendo como salario las bonificaciones, tal y como lo dicta la ley y la jurisprudencia al respecto, derogando decretos, leyes y sentencias dictadas al margen de la Constitución y la LOTTT que contrarían sus principios, derechos y garantías laborales.
6. En el marco de la Emergencia Constitucional debe llamarse a la repetición de elecciones presidenciales de la AN, Gobernadores y Alcaldes, con un CNE legítimo y condiciones electorales, pues la concertación de los poderes públicos para desconocer no sólo la soberanía popular expresada el 28 J, sino la no publicación de resultados desagregados en las elecciones de la AN, Gobernadores y Alcaldes, sigue siendo una herida abierta y un acta de absoluta ilegitimidad. La alternativa a la violencia es la negociación en torno a la realización de elecciones creíbles, enmarcadas en la Constitución, restitución de los partidos intervenidos, otorgamiento de partidos políticos que han sido negados sin razones, participación paritaria de partidos e independientes como candidatos uninominales, elecciones sin persecución, sin amenazas, sin cooptación, con plenas garantías democráticas para candidatos y candidatas, y para electores y electoras.
Dirección del BHP
Caracas, 2 de diciembre de 2025.
