Una gran lucha

Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Básica Incondicional en la Comunidad Autónoma de Euskadi

Una gran lucha: Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Básica Incondicional en la Comunidad Autónoma de Euskadi

#ILPrentabasica

Iñaki Uribarri

Me han sugerido en la redacción de SP, que elabore una entradilla que permita informarse, a quienes lean los dos escritos que siguen, en qué ha consistido esta iniciativa sobre la Renta Básica Incondicional (RBI) que hemos desarrollado en los dos últimos años en la CAE.

La andadura institucional de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) ha tenido una duración de 15 meses. Comenzó el 18 de febrero del año pasado, cuando se presentó la iniciativa ante el Parlamento vasco, siendo aprobada por la Mesa del Parlamento el 2 de marzo. Tras pasar el trámite de la Junta Electoral, que debe convalidar el modelo de firmas presenciales y telemáticas, comenzamos la recogida de firmas el 6 de septiembre, durando este proceso, como establece la Ley de la ILP de la CAE, cuatro meses. El 4 de enero del año en curso, entregamos en el Parlamento vasco 22.075 firmas, más del doble de las 10.000 que marca la ley. El 22 de febrero, tras ser convalidadas las firmas por la Junta Electoral, la Mesa del Parlamento admitió que la ILP pasara a ser, como una proposición de Ley, debatida y votada en un Pleno del Parlamento Vasco.

Esto es lo que ha ocurrido el pasado jueves 5 de mayo. El Pleno del Parlamento vasco ha impedido, por 47 votos en contra (PNV, PSE/PSOE, PP+Ciudadanos y Vox) y 26 votos a favor (EH Bildu y Elkarrekin/Podemos-IU), que la ILP pase a ser tramitada como una ley ordinaria. Por lo tanto, así ha terminado su periplo institucional esta ILP, lo que no debe extrapolarse a la propia RBI, a la cual, tal como se expone en los textos que siguen, le espera un futuro indudable.

¿Por qué y cómo nos embarcamos en esta aventura de la ILP por una RBI? El origen de la idea fue tomando cuerpo, desde hace cuatro años, en ARGILAN-ESK, estructura organizativa del sindicato ESK, que desarrolla su actividad en el ámbito de la lucha contra la pobreza y la exclusión social desde hace más de 25 años. Quienes trabajamos en ARGILAN-ESK, habíamos tomado conciencia de que las tareas de asesoría que veníamos haciendo con las personas perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), defendiendo su derecho subjetivo a estas dos prestaciones condicionadas e insuficientemente dotadas económicamente, frente a la gestión agresiva y excluyente que hacía de ellas Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, era insuficiente. Como también lo era las críticas y movilizaciones que veníamos haciendo contra ellas. Nos parecía que, si seguíamos criticando la incapacidad que tienen para acabar con la pobreza los subsidios para pobres implantados en la CAE desde 1989, sin confrontarlos a otro modelo, como el de la RBI, idea que habíamos asumido en ESK desde hace tres décadas, no llegaríamos a ningún sitio.

De ahí que nos planteáramos la necesidad de llevar adelante una iniciativa de defensa de la RBI que tuviera estos componentes: que fuese duradera en el tiempo; que fuese ambiciosa, en el sentido, de aspirar a tener una proyección institucional de primera magnitud; que asumiera una defensa radical de la idea de la RBI; y que, intentase buscar el agrupamiento de personas y organizaciones dispuestas a integrarse en la iniciativa.

Todos los componentes citados encajaban perfectamente en un proyecto de ILP. Por ello, nos decantamos por esta alternativa, comprobando que la misma encontró, desde un principio, eco suficiente entre personas provenientes de distintos movimientos sociales, cuyas aportaciones para mejorar los documentos iniciales presentados por ARGILAN-ESK, resultaron fundamentales. Tan es así, que la conformación de las estructuras que se crearon a nivel provincial y de la CAE, permitió generar agrupamientos que, aunque estaba previsto que tuvieran una vida coyuntural, han constituido una experiencia de trabajo, en la que la diversidad de procedencias, experiencias e ideas, ha resultado enormemente enriquecedora, siendo un patrimonio con proyección de futuro.

¿Qué ha dado de sí esta iniciativa? En el documento de la rueda de prensa que sigue a estas notas, se explica con claridad la proyección de futuro que consideramos que ha imprimido la ILP a la RBI. La interlocución ciudadana lograda con la recogida de firmas, la enorme cantidad de charlas realizadas, la difusión en redes y medios de comunicación y el impacto institucional conseguido, no hubiéramos podido conseguirlo por otros medios.

Era bastante evidente que la ILP no pasaría el corte de la votación del Parlamento vasco y, por tanto, no se convertiría en una ley ordinaria, incluso descafeinada hasta extremos irreconocibles en el proceso de tramitación. Lo que no resultaba tan evidente es que partidos como PNV y PSE/PSOE no fueran capaces de criticar la propuesta de RBI de la ILP y se tuvieran que ceñir a defender el modelo de la RGI, como un modelo de éxito, por muy cínica que resulte esta expresión a la luz de unos datos de pobreza, que no se han doblegado durante las tres décadas de existencia de este modelo.

Y también nos llamó la atención, a quienes seguimos las intervenciones del 5 de mayo, en sede parlamentaria, las posiciones de Elkarrekin/Podemos-IU y de EH Bildu, bastante más favorables a la idea de la RBI, que las que conocimos en las semanas anteriores en que mantuvimos reuniones con todos los grupos políticos, además de con los sindicatos.

Mi conclusión es que tras la experiencia que hemos hecho de la ILP por una RBI en la CAE, hemos salido fortalecidos y fortalecidas las personas que defendemos la RBI, le hemos dado a esta idea una proyección institucional de la que carecía, hemos hecho un acopio de ideas provenientes de movimientos sociales que enriquecen la visión que teníamos de la RBI, hemos tejido relaciones personales y organizativas que pueden tener una proyección futura y, en definitiva, hemos situado en mejores condiciones la difusión de la RBI en proyectos que podamos plantear, como, por ejemplo, el de la realización de un Plan Piloto similar al que han iniciado en Cataluña.

Iñaki Uribarri, miembro de la Comisión Promotora de la ILP

 

Exposición de Itziar Guerendiain, en nombre de la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular por una Renta básica Incondicional en la Comunidad Autónoma de Euskadi, en el pleno del Parlamento vasco del 5 de mayo de 2022

Señorías:

Nos encontramos hoy ante una oportunidad crucial en el desarrollo legislativo de la CAE. Este Parlamento tiene en sus manos la posibilidad de acoger un debate y tomar una decisión esencial para el futuro: la de garantizar desde las administraciones públicas, el derecho de toda la población a contar con los recursos necesarios para el disfrute de una vida digna. En un contexto donde la pobreza y la desigualdad social no dejan de crecer, donde el empleo es cada vez más precario, y donde los viejos modelos asistencialistas de política social hace tiempo que se han demostrado insuficientes; esta toma de posición se ha vuelto ya impostergable, aún más teniendo en cuenta las terribles secuelas de la pandemia y de la enorme inflación y correspondiente incremento del coste de vida.

Esta ILP plantea la implantación de una Renta Básica Incondicional en la CAE. En concreto, se propone un ingreso en cantidad, al menos igual al umbral de la pobreza, aportado desde la Administración Autónoma, de forma incondicional e individual a todas las personas que residan en nuestra Comunidad. Esta renta sería compatible con cualquier otro ingreso o prestación contributiva, así como con las ayudas o subsidios en materia de vivienda, hasta que el acceso universal a este derecho sea una realidad en nuestro territorio.

Si hoy podemos presentar esta propuesta aquí, antes ustedes, es gracias a las 22.075 firmas de apoyo que reunimos entre la ciudadanía vasca durante los meses de septiembre a diciembre del pasado año, una cantidad que duplica las 10.000 firmas exigidas por la ley. Un empeño logrado gracias al trabajo voluntario de docenas de activistas, que han sostenido la recogida de firmas en más de un centenar de mesas colocadas en numerosos pueblos y ciudades de toda la CAE. Igualmente debemos agradecer las más de 80 adhesiones a esta ILP recibidas por parte de organizaciones y colectivos sociales de diversa índole, así como el apoyo de los sindicatos vascos para que esta iniciativa pueda ser hoy admitida a trámite en este Parlamento como una proposición de ley.

Todo ello viene a demostrar una realidad constatable: ha llegado el momento de abordar el debate político sobre la RBI. Es el momento de implantar nuevas políticas públicas capaces de acabar con la pobreza en nuestro territorio, de redistribuir la riqueza que generamos entre todas y todos, y de garantizar una vida digna, más allá de fiarla en exclusiva a un mercado de trabajo que es cada vez más desequilibrado, más precario y más injusto. Nos preguntamos, señorías, si no es ahora el momento de acabar con la pobreza en la CAE, cuando según el Informe Foessa publicado a principios de este año, una de cada seis personas a nuestro alrededor vive en situación de exclusión social (un 17.6% más que en 2018). Nos preguntamos si no es momento de repartir la riqueza, cuando la diferencia entre quienes más ganan y quienes menos ganan ha aumentado un 18% desde la crisis de 2008. Cuando las rentas más altas han seguido creciendo un 20%, mientras las más bajas se han reducido un 3% (un grupo donde estamos fatalmente sobrerrepresentadas las mujeres, las familias con menores a cargo, las personas jóvenes y las personas migrantes). Nos preguntamos si hoy, cuando 115.000 hogares en la CAE (el 10.3% de la población) dependen de una persona que sufre inestabilidad laboral grave, no es ya el momento de buscar nuevas medidas de política económica que puedan garantizar el derecho a una vida digna, más allá de la ocupación, o no, de un puesto de trabajo.

El Gobierno Vasco, en su dictamen desfavorable a la toma en consideración de esta ILP, ha eludido entrar en el debate sobre la propuesta de RBI que se propone en esta iniciativa, manifestando que "Euskadi tiene ya un modelo de éxito en esta materia", en referencia al Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social. Las razones esgrimidas por el Gobierno para justificar su criterio desfavorable a esta ILP, además de suponer de facto un desprecio a uno de los escasos medios vigentes de participación democrática, son también un burdo escaqueo para evitar la confrontación entre ambos modelos, limitándose a "hablar de su libro" y defender la RGI. Nos sorprende –y sobre todo, nos preocupa– que el Gobierno Vasco hable de la RGI como un "modelo de éxito", cuando según la última Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales de 2020, un 30% de la población vasca en riesgo de pobreza no consigue acceder a las prestaciones de RGI, porque la cantidad de requisitos exigidos se lo hacen imposible y, de entre las personas que sí lo logran, apenas un 47%, menos de la mitad, consigue salir de su situación de pobreza. Llamar a esto "modelo de éxito" no es una simple hipérbole: es una ocultación cínica de la realidad.

Ha llegado el momento de atreverse a explorar nuevas vías. El viejo paradigma de los subsidios condicionados no sólo se ha demostrado incapaz de erradicar la pobreza en la CAE, tras más de 30 años de funcionamiento, sino también en todos los países del continente europeo y en todos los territorios del Estado español en los que se ha venido implantando desde los años ochenta del siglo pasado. Paralelamente, la idealización del empleo como vía de acceso a derechos, y la centralidad del salario como medio de obtención de los recursos que posibilitan una vida digna, se topan con una realidad donde cada vez el riesgo de exclusión es más cercano para más personas. En los últimos años, hemos visto cómo las altas tasas de desempleo conviven con una precariedad e hiper-explotación laboral cada vez más lacerante, y donde es compatible tener más de un empleo y no llegar a fin de mes. En un contexto donde el empleo ocupa la centralidad de nuestra vida, las tareas de cuidados (esenciales para el sostenimiento de la misma) se soportan ocultadas mediante la explotación laboral de, fundamentalmente, las mujeres migradas. La participación política y la vida comunitaria se han visto fragmentadas y desintegradas, en una (mala)vida en la que no tenemos tiempo para pensar. Y todo ello, en un momento de crisis civilizatoria global -de la que la reciente pandemia es apenas uno de los síntomas- en el que nos enfrentamos a un futuro de emergencia climática y escasez de materiales que agudizará aún más las actuales condiciones de pobreza y desigualdad.

Necesitamos, en consecuencia, nuevas herramientas capaces de combatir la pobreza de manera efectiva; de ir más allá del sistema de el-trabajo-y-la-familia (como dice Kathi Weeks) y de desmercantilizar el derecho a una vida digna. Se trata de ampliar el marco de lo que es posible. De combatir la pobreza, pero no aceptándola y subsidiándola, sino atendiendo sus causas y evitando su aparición. De dotar a las personas de una mayor capacidad de negociación dentro del mercado laboral, que permita decir no a los empleos basura, y elegir, con libertad, donde invertimos nuestro tiempo de trabajo. Es momento de garantizar el derecho a vivir más allá del empleo, para poder cultivar nuestros vínculos y redes afectivas, participar políticamente en nuestras comunidades y repartir equitativamente las tareas de cuidado, en una transición para decrecer y reducir los ritmos de producción y consumo. Es pues el momento de empezar a construir un futuro diferente.

Frente a la idea de que una RBI es una utopía financiera y socialmente insostenible, los variados proyectos piloto que se han llevado a cabo en todo el mundo, así como los modelos de financiación que se han desarrollado en diversas investigaciones (incluso alguno con datos a nivel de la CAE), demuestran que la implantación de una RBI sería perfectamente asumible para nuestra Comunidad. Sin duda, su financiación exigirá una reforma radical de nuestro sistema fiscal, reorientándolo hacia un modelo más justo y con un mayor efecto redistributivo, algo que también recomendó en 2018 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en su Observación Final 16, al último Informe sobre el Estado español. Seguir desacreditando la RBI por utópica, con el fraude fiscal y la asimetría impositiva que padecemos, sólo responde a una obstinada intención de evitar repartir la riqueza y seguir concentrándola en unas pocas manos. Como decimos desde esta ILP, y coincidiendo con otros autorizados agentes sociales, no se trata de si se puede o no se puede. Se trata de si se quiere o no se quiere.

Y son muy diversas las voces que concuerdan con nosotras en que ha llegado el momento de la RBI. Diversas instituciones a nivel internacional, desde la Organización Internacional del Trabajo, a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, pasando por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, han defendido que la RBI es una medida que las instituciones debieran considerar y valorar. También se han pronunciado a su favor multitud de profesionales de distintos sectores (desde el educativo, al de Trabajo Social), referentes en el campo de la cultura, personas provenientes del movimiento feminista y LGTBQ, etc. Recientemente, el Manifiesto por una Economía Ecológica en la Euskal Herria Post Covid19, impulsado desde la UPV/EHU, y firmado por más de 4000 personas y 191 organizaciones, proponía, entre otras medidas, el establecimiento de una renta básica incondicional. Es evidente que, a estas alturas, no sirven ya las excusas para eludir el debate político sobre esta propuesta: únicamente es cuestión de voluntad política.

La RBI, sea cual sea su decisión hoy, va a ser una realidad que continuará reclamando su espacio como una medida de política económica y social, absolutamente factible aquí y ahora. Hoy, tienen ustedes en su mano la posibilidad de avanzar hacia nuevos modelos de ampliar y fortalecer los derechos sociales en nuestra Comunidad, o, por contra, de seguir repitiendo viejas fórmulas insuficientes, que empobrecen y excluyen a un sector considerable de la misma. Atrévanse a cumplir con lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, y progresar en políticas sociales que garanticen el derecho de toda persona a un "nivel de vida adecuado" y unas "condiciones de existencia dignas". Y atrévanse también a hacer realidad un enfoque donde los Derechos Humanos, el Desarrollo Humano Sostenible, la Agenda 2030, la Coherencia de Políticas para el Desarrollo, así como el Auzolan, sean realmente los parámetros que definan nuestras futuras estrategias, tal y como lo proponía en 2018 el Lehendakari, en el Prólogo del IV Plan Director de Cooperación para el Desarrollo.

Esperamos de ustedes, que hoy voten a favor de la admisión a trámite de esta ILP, pues con ello demostrarían, no solo su compromiso con la participación ciudadana en una gobernanza más democrática, sino también con la lucha contra la pobreza y la desigualdad, en aras de conseguir ese tan ansiado objetivo de poner la vida en el centro. Mila esker.

TEXTO ARTICULADO

Artículo 1. Ámbito. Mediante esta Ley se implanta en la CAE una RBI, que se regirá con arreglo a los artículos que siguen.

Artículo 2. Concepto, principios y naturaleza. La RBI es un derecho en favor de toda persona residente en el territorio de la CAE, consistente en una prestación monetaria mensual que le permita la satisfacción de sus necesidades básicas, sin que ello tenga como exigencia una contraprestación de ningún tipo e independientemente de su participación en el mercado de trabajo, siendo compatible con cualquier salario o prestación contributiva.

Los principios básicos de la RBI son:

  1. El carácter universal de la prestación económica.
  2. Su carácter individual.
  3. El carácter no condicionado a los ingresos económicos o rentas que se tengan, así como al patrimonio, ya sean personales o familiares, sin perjuicio de que estos ingresos o patrimonio estén gravados por los impuestos correspondientes que la normativa fiscal establezca, y de que la RBI sustituya a otras prestaciones no contributivas.

La RBI tiene carácter irrenunciable, inalienable, imprescriptible e inembargable y toda cesión que se hiciera de ella, cualquiera que sea su causa, será nula.

Artículo 3. Fines. Mediante la creación del derecho subjetivo a la RBI se persiguen las siguientes finalidades:

  1. Incrementar el grado de autonomía y libertad real de la ciudadanía, empoderándola en las elecciones laborales, de formación y de proyectos de vida, con el fin de que faculten y estimulen actitudes participativas y solidarias en actividades colectivas y sociales, que lleven a una sociedad más colaborativa.
  2. Acabar con las situaciones de pobreza y las condiciones que propician su ciclo de reproducción, dando plena efectividad al derecho humano a unas condiciones de existencia dignas.
  3. Superar y sustituir el sistema de rentas mínimas garantizadas y condicionadas, vigente hasta la fecha, proponiendo un sistema de prestaciones más integrado y coherente, que evite la estigmatización de aquella parte de la población que para subsistir depende total o parcialmente de las prestaciones asistenciales.
  4. Permitir un reparto más justo de la riqueza, contribuyendo a una mayor cohesión social, y calidad de la democracia.

Artículo 4. Requisito de residencia. Para tener derecho a la RBI habrá que demostrar tres meses de residencia efectiva e inmediatamente anterior a la solicitud, en cualquier municipio de la CAE. Dicho derecho se mantendrá, mientras lo haga la residencia efectiva en la CAE.

Artículo 5. Importe. La financiación de la RBI será responsabilidad del Gobierno Vasco. Su importe se fijará anualmente en la Ley de Presupuestos Generales de la CAE, aceptando el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1º. – Se respetará como importe mínimo 900 € mensuales para una persona adulta o una menor de 18 años emancipada y el 20% de la cantidad que se fije anteriormente, en este caso 180 €, para los y las menores de 18 años.

2º. – Se garantizará que, anualmente el importe de la RBI del año anterior, se incrementará en el IPC registrado en la CAE, siempre que este sea mayor que cero.

3º. – El importe de la RBI establecido en la Ley de Presupuestos de la CAE, nunca podrá ser inferior al umbral de pobreza relativa de la CAE.

Disposición Transitoria. Compatibilidad con otra prestación por vivienda.

En tanto la actual legislación de vivienda no garantice el derecho subjetivo a la vivienda en condiciones dignas, se garantizará la compatibilidad de esta RBI con aquellas prestaciones no contributivas que permitan a la ciudadanía sufragar el coste del alquiler medio, según los baremos fijados por el Gobierno Vasco.

Disposición Derogatoria.

A la entrada en vigor de esta Ley quedarán derogadas todas las disposiciones legales o reglamentarias que contradigan o se opongan a la misma.

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Iñaki Uribarri es miembro de la plataforma contra la pobreza y la exclusión Social ARGILAN-ESK. Es miembro de la Red Renta Básica y del consejo Editorial de Sin Permiso

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Fuente: www.sinpermiso.info, 8-5-2022



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La fuente original de este documento es:
Sin Permiso (https://www.sinpermiso.info/textos/una-gran-lucha-iniciativa-legislativa-popular-por-una-renta-basica-incondicional-en-la-comunidad)



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