26-12-25.-En un movimiento judicial que reactiva los procesos estancados desde hace meses, 71 ciudadanos que permanecían privados de libertad en el contexto de las manifestaciones poselectorales de 2024 fueron liberados desde la madrugada de este jueves. La información fue confirmada y difundida por el Comité de Madres en Defensa de la Verdad.
Según el balance ofrecido en una nota de prensa por el colectivo, el grupo de beneficiados con las medidas incluye a «71 personas -65 hombres, 3 mujeres y 3 adolescentes-». La organización detalló la procedencia de los excarcelados, indicando que el contingente masculino se encontraba recluido en el centro penitenciario de Tocorón, situado en el estado Aragua, mientras que las mujeres salieron del Centro Penitenciario Femenino La Crisálida, en la entidad mirandina, y los menores de edad se encontraban bajo custodia en La Guaira.
La veracidad de estos procedimientos fue corroborada paralelamente en la red social X por otra organización no gubernamental, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, ente conformado también por parientes de los reclusos.
Exigencia de amnistía general
Aunque el Comité de Madres en Defensa de la Verdad saludó el retorno de estos ciudadanos a sus hogares, la organización fue enfática al calificar este logro como «insuficiente». La demanda central del grupo se mantiene firme: exigen «la libertad plena» para la totalidad de los arrestados tras los comicios, solicitando para ello la aplicación de una amnistía general.
«La injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país», sentenció el colectivo, haciendo hincapié en que aún queda un número significativo de personas tras las rejas por motivos políticos.
Este lote de liberaciones se produce luego de meses de incertidumbre. En octubre pasado, las madres habían alertado que el mecanismo de excarcelaciones permanecía suspendido desde marzo de 2025, situación que las llevó a exigir con insistencia la revisión de los expedientes de sus hijos.
El rastro de la crisis de 2024
Las detenciones en cuestión son consecuencia directa de la crisis política desatada tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. La convulsión social estalló a raíz de la proclamada reelección de Nicolás Maduro por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la inmediata denuncia de «fraude» por parte de la Plataforma Unitaria Democrática, que reclama la victoria para su abanderado, Edmundo González Urrutia.
La respuesta del Estado ante las protestas derivó en el arresto de más de 2.400 personas. Aunque la mayoría ha sido excarcelada progresivamente, la Fiscalía General ha imputado a los detenidos bajo calificativos de «terroristas». En contraposición, diversos partidos opositores y ONG sostienen que son inocentes y deben ser reconocidos bajo el estatus de presos políticos.
La narrativa oficial, sin embargo, niega esta categorización. El Ejecutivo de Maduro asegura que el país está «libre de presos políticos» y defiende que las personas que permanecen en prisión lo están debido a la «comisión de terribles hechos punibles».
*Con información de EFE.
