Mientras los países del ALBA buscan la manera de lograr que el sistema de salud pública en sus países sea cada día más eficiente e inclusivo, y la gratuidad de la salud es parte del marco constitucional y de las aspiraciones de los que aún no lo han logrado; desde las guaridas de las corporaciones farmacéuticas se desarrolla una ofensiva destinada a echar por tierra todas las justas reivindicaciones de los pueblos, por medio de sus sistemas de propiedad intelectual, con el fin de que todo aquel que necesite un remedio, se baje de la mula con la corporación que se ha apropiado de la idea, de la fórmula o el procedimiento.
Hay una diferencia diametral entre los intereses de los pueblos y los intereses de las empresas transnacionales, debido a que, mientras los países progresistas y soberanos de ALBA buscan eliminar las trabas que hemos padecido durante décadas, destinadas a drenar ingentes recursos a las arcas de los invisibles propietarios de tales corporaciones, en éstas se empuja para restringir el acceso a los medicamentos, a menos que se les pague a ellos. De ese forcejeo han surgido dos propuestas:
Por un lado, los gobiernos progresistas proponen la gratuidad de la salud, procuran que se fabrique en sus países todo medicamento que se necesite para que el pueblo lo obtenga cuando sea pertinente, preferiblemente gratis, o a un costo accesible. Las licencias obligatorias es uno de los pocos instrumentos que permite el sistema de propiedad intelectual, pero para eliminar todas las restricciones, es necesario que se implemente una nueva legislación, que beneficie a los pueblos.
Por otro lado, las corporaciones hacen lobby para lograr que se aprueben leyes “o al menos una cláusula que dé acceso a la propiedad intelectual” (así le dijeron los negociadores de la OPS a Carlos Velasco, legislador de Ecuador y presidente de la Comisión de salud de la AN del país hermano). La propiedad intelectual, concretamente las patentes de medicamentos, otorgan el monopolio de la fabricación de las medicinas a un determinado fabricante, y sólo a éste. El monopolio permite que esos negociantes pongan a esos productos el precio que les dé la gana, y por tanto restringen el acceso de la mayoría de los pueblos a los medicamentos patentados. Mientras más urgente sea la necesidad de la fórmula, y más peligro corra la gente de morir si no la utiliza, mayor será el precio que deberán pagar.
ESTA REALIDAD CONTRADICE LO QUE HIPÓCRITAMENTE ANUNCIAN LAS CORPORACIONES Y SUS NEGOCIADORES, COMO LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD.
“Jaime Vidal, uno de los representantes de la OPS, Washington DC, aseguró que de crearse una ley o al menos una cláusula que dé paso a la Propiedad Intelectual, permitirá al Ecuador producir medicinas a bajo costo e incrementar el acceso universal a la salud (...)”. (Fuente: http://asambleanacional.gov.ec/blogs/carlos_velasco/2010/04/20).
Es todo lo contrario. La propiedad intelectual, las patentes de medicamentos, restringen el acceso universal a la salud, obstaculizan a los gobiernos la fabricación de fórmulas de ingente necesidad y sólo enriquecen a los dueños de las grandes corporaciones transnacionales, que no tienen patria, y a cuyos propietarios no les importan los pueblos en lo más mínimo.
De la misma manera que los negociadores de las transnacionales, en este caso la OPS, está haciendo lobby en Ecuador para que se apruebe una ley que limite o derrote el proyecto del Presidente Correa, miembro del ALBA, de otorgar mejor calidad de vida al pueblo hermano de Ecuador, probablemente en nuestra propia Asamblea Nacional, y en otros países hermanos, exista la misma campaña intensiva para mantener un status quo favorable a las corporaciones y contraria a los intereses de los pueblos y del proceso revolucionario bolivariano.
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