Un vacío conceptual que limita la acción climática y territorial

La degradación forestal y la deforestación son dos de los procesos más críticos que afectan la integridad ecológica de los bosques tropicales, especialmente en países en desarrollo. En la actualidad se estima que los bosques tropicales en diferentes escalas de perturbación cubren 540 millones de hectáreas, incluyendo bosques en recuperación (bosques secundarios). A pesar de su magnitud, la degradación forestal ha sido históricamente subestimada en los balances globales de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), aunque en regiones como la Amazonía brasileña representa hasta el 20% de las emisiones totales (Asner et al., 2005). En Indonesia, entre 1990 y 2005, la degradación fue responsable de dos tercios de la pérdida de stock forestal, mientras que la deforestación directa solo explicó un tercio (Marklund & Schoene, 2006). En África, la tasa anual de degradación equivale al 50% de la tasa de deforestación (Lambin et al., 2003). El Taller de la UNFCCC sobre REDD (2006) reconoció que en algunos países las emisiones por degradación pueden ser tan o más significativas que las de la deforestación (UNFCCC, 2006a).

En Venezuela, el enfoque tradicional sobre la Amazonía ha estado limitado por la definición institucional del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA, 1978), que reconoce como parte de la cuenca amazónica nacional solo unos 5 millones de hectáreas en el extremo sur del estado Amazonas, drenadas hacia el río Amazonas. Esta región, de altísima conservación, presenta niveles mínimos de deforestación y está protegida por regímenes legales y territoriales que restringen cualquier tipo de intervención. Por tanto, los términos deforestación y degradación forestal no aplican con pertinencia en esa zona.

Sin embargo, al limitar el análisis a esa porción amazónica formal, se invisibiliza la realidad de los bosques del sur del Orinoco, la Orinoquia venezolana, donde sí se registran procesos activos de perturbación, degradación y deforestación. Esta región incluye vastas extensiones de bosques húmedos, sabanas arboladas y ecosistemas de transición en los estados Amazonas, Bolívar y Apure, y es donde se concentran las presiones extractivas, la expansión agropecuaria, la minería y la apertura de caminos. Ignorar esta zona en los marcos de monitoreo y contabilidad climática representa una omisión crítica.

La degradación forestal en Venezuela es una variable ignorada en las estadísticas, a pesar de tender a duplicar las emisiones por deforestación. Un territorio boscoso puede perder hasta el 80% de su biomasa forestal sin que tal destrucción sea incluida ni en las estadísticas de deforestación ni en la contabilidad de emisiones de CO₂. Ni la perturbación ni la degradación de bosques es objeto de atención en el país, ni en términos del nivel de afectación de la resiliencia del ecosistema, ni en términos del tiempo de recuperación, ni en términos de la degradación de la biodiversidad, ni en términos de reducción de biomasa o de emisiones de gases de efecto invernadero. Tampoco se investiga si la recuperación de los ecosistemas perturbados o degradados conduce a un ecosistema similar al original, o si deriva en una variación significativamente diferente. Esta omisión representa una anomalía técnica, política y ética que merece un llamado de atención urgente.

La literatura científica está plagada de definiciones que abordan la degradación forestal como cambios parciales en el dosel, con variaciones según el objetivo, las condiciones biofísicas, las causas y las escalas espaciotemporales del estudio (Simula, 2006; Thompson et al., 2009). Esta falta de consenso ha llevado a múltiples formas de medirla, especialmente mediante teledetección. Más recientemente, el término "perturbación forestal" ha ganado relevancia para describir cambios más sutiles en la estructura y función del bosque, como la tala selectiva, los incendios o eventos naturales localizados, que no implican deforestación total pero sí alteran la composición del bosque y sus servicios ecosistémicos (Goetz et al., 2015).

En este análisis, la degradación forestal puede definirse como una condición de sucesión interrumpida debido a las acciones humanas, lo que lleva a una severa reducción de los servicios del bosque durante un cierto período. Es un proceso temporal en el que los servicios forestales disminuyen y puede ser causado por incendios forestales, tala selectiva ilegal y efectos de borde, entre otros. Por el contrario, la perturbación forestal se refiere a cualquier evento abrupto y localizado, natural o antropogénico, que altere la estructura o función del bosque, como la tala selectiva legal, las purgas tropicales, las tormentas o incluso los incendios forestales, sin causar necesariamente una degradación a largo plazo. Mientras la degradación implica una pérdida sostenida de servicios ecosistémicos, la perturbación puede ser temporal y, en algunos casos, parte de la dinámica natural del bosque.

Este marco conceptual ha sido incorporado en iniciativas como REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques), que busca combatir el cambio climático abordando tanto la pérdida como la degradación forestal. En este contexto, la deforestación se refiere a la eliminación permanente de bosques, liberando grandes cantidades de carbono (línea C), mientras que la degradación implica una disminución de la calidad del bosque y su capacidad de almacenamiento de carbono, sin pérdida total de vegetación (línea B). El signo "+" amplía el alcance del programa para incluir prácticas sostenibles como la conservación de reservas forestales y la gestión sostenible (línea A), donde las perturbaciones forestales —como la tala legal— deben ser mitigadas para garantizar la efectividad del enfoque (REDD+, 2010; FAO, 2015).

Figura 1. Fuente: adaptado de Simula (2006), Thompson et al. (2009), Goetz et al. (2015), REDD+ (2010).

El gráfico, figura 1, ilustra el impacto de las actividades humanas en los servicios ecosistémicos forestales en el contexto de REDD+ (letras rojas en el eje Y). La curva A (perturbación) representa las prácticas de conservación de las reservas forestales de carbono y la gestión forestal sostenible, donde las intervenciones forestales causan un bajo nivel de emisiones de CO₂ y variaciones favorables en los servicios forestales, representados por el símbolo "más" (+) de REDD+. La curva B (degradación) representa un bosque degradado por eventos antropogénicos como sequías extremas, efectos de borde, incendios y tala ilegal que persisten en el tiempo. La curva C (deforestación) representa la etapa máxima de intervención antropogénica y la ausencia total de servicios forestales, ya que en esta etapa la vegetación ha sido completamente eliminada (tala rasa), representada por la primera D en el acrónimo REDD+.

Proponemos, por tanto, una definición técnica y contextualizada de deforestación aplicable a los bosques del sur del Orinoco:

"Deforestación es la conversión directa, inducida por actividades humanas, de un ecosistema forestal a un uso del suelo no forestal, caracterizada por la pérdida permanente de cobertura arbórea por debajo del umbral del 10% del dosel, con interrupción de funciones ecológicas clave y sin capacidad de regeneración natural en el corto plazo."

Esta definición se alinea con los marcos de la FAO y el IPCC, permite distinguir entre deforestación, degradación y perturbación, y es aplicable a monitoreo satelital, restauración y gobernanza territorial.

La armonización de conceptos no implica uniformidad, sino coherencia. En territorios tan diversos y sensibles como los bosques del sur del Orinoco, avanzar hacia definiciones operativas, comparables y adaptadas al contexto es un paso necesario para proteger los ecosistemas, garantizar los derechos de los pueblos indígenas y cumplir con los compromisos climáticos globales. Pero, sobre todo, estas definiciones no pueden estar subordinadas a los intereses particulares de grupos de investigación, consultorías o agendas institucionales fragmentadas. La definición de lo que se entiende por deforestación o degradación no debe convertirse en una herramienta de poder técnico al servicio de intereses sectoriales, sino en un bien público epistémico, construido colectivamente, con base en la ciencia, la ética y la justicia territorial.

En este sentido, el llamado es a construir marcos conceptuales y operativos que respondan a las realidades ecológicas del país, que reconozcan la diversidad de sus bosques y que permitan visibilizar los procesos de degradación y perturbación que hoy permanecen ocultos en las estadísticas. Venezuela necesita avanzar hacia una contabilidad climática transparente, territorialmente justa y científicamente rigurosa, que reconozca la degradación forestal como un fenómeno real, mensurable y políticamente relevante. Solo así será posible diseñar políticas públicas efectivas, acceder a mecanismos de financiamiento climático y garantizar la integridad ecológica de sus territorios forestales.

Este esfuerzo requiere voluntad institucional, articulación científica y participación comunitaria. Pero, sobre todo, exige que las definiciones técnicas no estén subordinadas a los intereses particulares de grupos de investigación internacionales, plataformas tecnológicas de monitoreo ambiental que utilizan imágenes satelitales para detectar cambios en la cobertura del suelo, especialmente en bosques, consultorías o agendas fragmentadas.

La conceptualización de la deforestación, la degradación y la perturbación forestal debe ser un bien público epistémico, construido colectivamente, con base en la ciencia, la ética y la justicia territorial.

Avanzar hacia definiciones claras y operativas no es solo una necesidad técnica: es una responsabilidad histórica.