Ley de amnistía: bufonada con propósitos insurreccionales

El campeón Ramos

Así como existen laureados economistas identificados con los intereses de los sectores económicamente poderosos, es decir, en el caso venezolano, con los de la burguesía parasitaria proimperialista también pululan, tal vez, en mayor cuantía, laureados juristas que se la juegan a favor de esos mismos intereses. Y fueron estos sesudos jurisconsultos los que se exprimieron la sesera para redactar el proyecto de ley de amnistía aprobado, en primera discusión, por la Asamblea Nacional, presidida por el cada vez más ineludible y campeón de la inepcia, el diputado Ramos Allup.

Ese proyecto de ley de amnistía, si no fuera por las consecuencias que su aplicación traería, pasaría a la historia del parlamentarismo nacional como una obra monumental de la picaresca criolla, pues su contenido y despropósitos escapa, realmente, a la posibilidad de poder hacer una consideración de tenor jurídica, seria y ponderada de la propuesta de amnistía promovida por la bancada opositora, que ahora sustenta la mayoría de la Asamblea Nacional.

Teniendo claro que quien suscribe no es abogado ni cosa que se le parezca, el común entendimiento que poseemos, al analizar esta mala pieza que como proyecto de ley fue presentada ante la Asamblea Nacional, nos lleva a concluir que su disparatada redacción y desproporcionada naturaleza, sólo puede ser superada en espíritu y naturaleza por el nefasto decreto, aquel, a través del cual, Pedro Carmona, el breve, se autoproclamó presidente de la república, el 12 de abril de 2002, por menos de 48 horas, decreto del que nadie, al cabo de 14 años, quiere asumir su paternidad, ni siquiera los laureados juristas, esos que a sotto voce se rumorea por allí, algunos de los cuales, ahora, son flamantes asesores de la MUD y de la nueva Asamblea Nacional. Es posible que quien, efectivamente, concibió tal adefesio sea el espíritu burlón que, según se comenta, se pasea por los blancos pasillos del Palacio Federal.

Aberrante y anticonstitucional

Sólo basta una ligera mirada a este proyecto de ley, que lleva el pomposo título de Ley de Amnistía para la Reconciliación Nacional, para observar el contenido aberrante que encierra. Es tal la desfachatez y cinismo que se desprende de él que pareciera que fue concebido, precisamente, para evitar la reconciliación nacional y propiciar la impunidad de quienes cometieron gravísimos delitos, incluido el del intento de llevar al país a una guerra civil, movidos sólo por la intención aviesa de derrocar al gobierno bolivariano legítimamente constituido.

Es un proyecto de ley, que está estructurado en 8 capítulos, contentivos de 45 artículos con los cuales se pretende dejar sin castigo y premiar a personas responsables de violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, como los ocurridos durante la movida insurreccional conocida como la Salida, entre febrero y junio de 2014, que causaron la muerte de 43 personas, 878 heridas o lesionadas y la afectación a otras miles de personas en sus derechos humanos a la salud, a la educación, a la alimentación, al libre tránsito, entre otros; denotando con ello su carácter anticonstitucional dado que el Artículo 29 de la CRBV, de manera expresa señala que dichos delitos no prescriben quedando por tanto "…excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía".

Delitos, estos, cometidos y auspiciados, por dirigentes y activistas de la derecha venezolana, algunos de los cuales están procesados o condenados por la justicia venezolana, quienes alentaron a sus seguidores y propiciaron que instalaran barricadas, estados de sitio, ambientes de zozobra, toques de queda, incendios a edificios públicos, centros educativos y de salud, y demás atentados contra los derechos humanos de personas que incluso militan o simpatizan con la oposición venezolana; responsabilidades que, a pesar de ser públicas y notorias, nunca han tenido el coraje y la valentía de reconocerlas; pero que ahora, a la chita callando, sí tienen la desvergüenza de admitirlas para ser sujetos de amnistía, tal cual lo solicitan en el artículo 2 del referido proyecto de ley, que reza "se otorga la más amplia amnistía de todos los hechos punibles, delitos o faltas mencionadas en la presente ley en las condiciones que esta precisa, cometido o que puedan haberse cometido en el país desde el 11 de abril de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2015″.

Es evidente que ese instrumento jurídico que propone la derecha política en la Asamblea Nacional, además, de aberrante y anticonstitucional, es incongruente con la doctrina universal que rige la figura de la amnistía que sólo aplica a delitos políticos o conexos, pues, se pretende favorecer a responsables de delitos comunes, tales como difamación, injuria y ofensas a funcionarios públicos (artículo 8); corrupción (artículo 16); especulación, boicot y acaparamiento (artículo 19); tráfico de drogas (artículo 30) estafa y usura vinculada a la construcción de viviendas (artículo 31) y cualquier delito imputado a un "dirigente político de la oposición" (artículo 18).

Va a ser objetada

Con esta ley, al ser sancionada, como efectivamente va a suceder, con la aprobación en segunda discusión, se pretende que los propios victimarios se autoperdonen, sin escuchar, siquiera, a las víctimas, que es como se procede según la doctrina universal de la amnistía, pues, son estas las que deben perdonar. Está claro que no es reconciliación lo que se pretende sino exculpar a un grupo de delincuentes y echarle más leña, con esta bufonada, a la candela de la insurrección que la derecha opositora viene atizando, ahora, con mayor empeño, sin medir las consecuencias de sus irracionales acciones. El gobierno, como ya lo ha anunciado y le corresponde, va a objetar este exabrupto jurídico, de manera que el choque de trenes se torna inevitable y se acerca cada vez con mayor velocidad.



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Miguel Ugas

Miembro de la coordinación nacional del MoMAC

 miguelugas@gmail.com

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