Pildoritas 30 (año VII)

Se deben detectar los proveedores de dinero y/o droga de los supuestos “estudiantes” para neutralizarlos

...y así desactivar la conducta violenta y a todas luces influenciada por ambos agentes

Si no me equivoco, y lo que yo percibo como que es algo que ya se nota en las opiniones de mucha gente, la actitud de nuestro gobierno contra los criminales que están destruyendo todo lo que encuentran a su paso, es apostar al desgaste, a que por cansancio o falta de plata, y apoyo de la gente que ya se cansa de ser víctima indirecta de tantos desmanes, unas acciones alocadas, sin propuestas, sin mensajes, sin bases doctrinarias, sino impulsados por el odio bien aprovechado por tres irresponsables encabezados por Leopoldo López, quienes les pagan, por lo que no se les puede llamar de otra manera que mercenarios, se vaya extinguiendo como sucedió con quienes en el 2002 tomaron la plaza Altamira como epicentro de sus fechorías y fracasaron de manera rotunda.

El problema es que no sabemos a que costo en vidas y bienes materiales del Estado y de particulares y cuánto tiempo más va a durar ésto.

He oído criticas sobre las estrategias de poner en libertad tan rápidamente a quienes han sido detenidos en plenas acciones vandálicas, a quienes por ejemplo deberían practicarle un prueba toxicológica, pues no es descartable que la especie de que una de las tácticas de los actores intelectuales de lo que sucede, es utilizar la droga para lograr los desmanes que hemos visto y que son típicos de alguien que no controla su conducta y que actúa sin medir las consecuencias, lo cual puede ser producto del consumo de estupefacientes

Lo de esa prueba serviría para que quienes resulten positivos, confiesen quien los proveyó de la droga e incluso establecer el origen de la misma.

Ahora bien una de las tácticas utilizadas por los operadores de la violencia es la incendiaria y no se explica la razón por la cual los incendios se dejan progresar en número e intensidad sin que actúen los cuerpos de bomberos, ni vehículos cisternas de las empresas hídricas para apagarlos, pues el hecho de que permanezcan, trae un problema adicional que son las consecuencias para la salud, sobre todo en niños y ancianos.

Una de las consecuencias que por ejemplo estamos viviendo, al menos aquí en San Cristóbal es que la prestación del servicio de gas doméstico se ha reducido prácticamente a cero porque los tarifados que están en la calle, más paramilitares que estudiantes, amenazan con incendiar los vehículos repartidores, por esa razón y consecuencialmente en algunas instituciones educativas, también se paralizo el PAE, al terminarse el gas y no poder recibirlo y por supuesto las clases.

Lo que aquí sucede es algo que seguramente se repite en muchos otros sitios del país y que de alguna forma debe ser enfrentado y reducido al mínimo sin necesidad de violar los derechos humanos de nadie, sino que, aplicando la inteligencia detectar, desactivar y neutralizar a quienes son los proveedores de dinero y/o droga, dos ingredientes que son el único estímulo de los violentos.


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Saúl Molina


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