No son muchos los extranjeros que comprenden por qué el más reciente
sufragio general en Cuba fue considerado un gran éxito cuando resultó
en la aprobación de todos los candidatos.
Cuando triunfó la revolución cubana en enero de 1959, había en las
masas identificadas con la revolución victoriosa una clara conciencia,
prácticamente unánime, acerca de las cosas que habría que demoler.
Entre ellas estaba el sistema electoral.
El de Cuba era un sistema electoral que se anunciaba como copia al
carbón del estadounidense, aunque en verdad era una parodia de éste.
Se había implantado tras el cese de la ocupación militar que sufrió la
Isla de 1898 a 1902 y se mantuvo vigente durante toda la etapa
neocolonial, hasta el último día de 1958.
Las elecciones en Cuba, como las estadounidenses, estaban
estructuradas de manera tal que favoreciera a aquellos candidatos que
dispusieran de más recursos económicos para su campaña, lo que
garantizaba que fueran sus compromisos con los sectores más
acaudalados los que determinaran que se gobernara en beneficio de los
ricos.
En períodos de normalidad, la ciudadanía disfrutaba cada cuatro años
del derecho a escoger a la máxima autoridad de la nación entre
candidatos propuestos por partidos políticos que eran controlados por
sectores de la oligarquía doméstica estrechamente ligados a Estados
Unidos, lo que aseguraba el ejercicio real del poder por una cúpula
que no se sometía a elección alguna.
Cuando las condiciones lo permitían, podían participar en los comicios
fuerzas discrepantes que no significaran un peligro real para el
control de la situación y, si se apreciaba una amenaza grave, se
recurría al golpe de estado por parte de una oficialidad de las
fuerzas armadas cuya fidelidad a los intereses de Washington estaba
garantizada. Los golpistas habrían de ejercer el poder hasta que se
pudiera regresar a la “democracia representativa”.
Las campañas electorales de los partidos políticos integrados en el
sistema costaban muchos millones de dólares, casi todos aportados por
los oligarcas y por grupos económicos que se disputaban mejores
posiciones para incrementar sus ganancias, apoyando a uno, algunos o
todos los aspirantes para garantizarse compromisos con los
triunfadores y una mayor influencia en las decisiones del gobierno,
dentro de la continuidad del régimen.
Se llenaban de pasquines las fachadas, postes, puentes, tendidos
eléctricos y telefónicos de todo el país, al igual que de anuncios
electorales las vallas, la prensa, la radio y la televisión.
Estos enormes gastos, tan desproporcionados respecto a la miseria que
sufría la mayoría de la población, eran posteriormente retribuidos por
los políticos a sus magnánimos contribuyentes mediante favores
salidos de la corrupción más impúdica.
Con la nueva institucionalidad que tomó forma en 1976, se puso en
práctica el actual sistema electoral que promueve una activa
participación popular que se manifiesta en la facultad ciudadana de
escoger, postular, elegir, controlar y revocar a sus represen¬tantes.
En el sistema político cubano no participan partidos electorales. Las
Asambleas Municipales, integradas por delegados postulados y electos
directamente en la base, acuerdan las candidaturas de delegados a las
Asambleas Provinciales y de los diputados a la Asamblea Nacional del
Poder Popular que serán votadas por la población, también de manera
directa, secreta y voluntaria.
Otra singularidad del sistema político cubano es que ningún
representante, diputado o delegado de cualquier nivel, recibe
remuneración alguna —salario, dieta o cualquier otra pres¬tación o
beneficio— por el desempeño de la labor para la que fue elegido.
En Cuba, no se admiten campañas electorales. La comisión electoral de
cada circunscripción lleva a cabo la divulgación sobre los candidatos
en pie de igualdad. Para cada cargo ha de haber un mínimo de dos
candidatos.
El voto es enteramente voluntario, pero se estimula y promueve la
mayor concurrencia posible a las urnas, algo que ha hecho una
tradición la entusiasta participación masiva de la ciudadanía en cada
acto electoral.
Cada elector que concurrió a las urnas el 3 de febrero de 2013, lo
hizo para dar su aprobación o no al proceso profundamente democrático
que culminó con la nominación de los candidatos a diputados y a
delegados a las Asambleas provinciales, completando así un proceso que
comenzó poco tiempo antes en su barrio, del cual se había mantenido al
tanto a través de su delegado.
Fue ciertamente notable que más del 90% del electorado cubano
ejerciera el voto y que, respecto a la elección de diputados, apenas
un 4,62% de las boletas fueran depositadas en blanco y un 1,21% fueran
anuladas.
Ha sido una enérgica demostración de aprobación del sistema político cubano.
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