Caracas, 9 de mayo de 2025

La organización política Vanguardia Ciudadana por la Democracia (VCD) se dirige al país y a la comunidad internacional para expresar su posición firme y ética frente a las elecciones regionales convocadas para el próximo 25 de mayo de 2025, en las que no participaremos. Nuestra ausencia no responde a un cálculo político ni a una decisión voluntaria. Fuimos excluidos por un sistema electoral degradado, que dejó de ser transparente, plural y democrático.

Desde el 30 de noviembre de 2023, conjuntamente con el movimiento MOPROVEN, solicitamos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) nuestra inscripción como organizaciones con fines políticos, cumpliendo con todos los requisitos de ley. A pesar de nuestras insistencias, recursos legales y gestiones públicas, el CNE nunca nos respondió. Ni aprobó, ni rechazó nuestras solicitudes. Nos arrojaron al silencio administrativo, esa forma pasiva de represión que elimina sin violencia física, pero con eficacia política.

Esta conducta no fue casual ni aislada. Ocurrió también con otras expresiones de la izquierda crítica, como el PCV-Dignidad, el MPA, UPP89 y Marea Socialista, así como con organizaciones de oposición democrática como Centrados. Ninguno de estos sectores fueron habilitados para competir.

Paradójicamente, mientras esto ocurría con miles de ciudadanos que luchamos con honestidad por abrir caminos democráticos reales, el gobierno levantaba inhabilitaciones de manera selectiva y discrecional a figuras como Henrique Capriles Radonski y Tomás Guanipa, luego de negociaciones opacas tras bastidores, fuera de todo conocimiento público, sin garantías ni reglas transparentes. No solo se les rehabilitó, sino que se les otorgó una nueva tarjeta electoral de manera exprés, mientras se cerraban las puertas a organizaciones como la nuestra, que por años hemos defendido el derecho a la participación política desde la legalidad, la coherencia y la transparencia.

Mientras tanto, figuras públicas de la izquierda crítica como la doctora María Alejandra Díaz y el doctor Andrés Giussepe Ávalo son objeto de persecución política sistemática. Ambos han sido víctimas de medidas arbitrarias: bloqueo e inmovilización de sus cuentas bancarias sin orden judicial, prohibiciones de ejercer su profesión en el territorio nacional, inhabilitaciones administrativas vencidas pero no levantadas, y lo más grave, restricciones ilegales de salida del país, sin notificación ni fundamento jurídico alguno. Estos hechos constituyen violaciones flagrantes al debido proceso, al derecho a la defensa y a la libertad de tránsito, lo que demuestra que el uso del aparato institucional como mecanismo de castigo político sigue activo contra quienes disienten dentro del campo popular y bolivariano.

Esto evidencia que el sistema electoral ya no se rige por el Estado de derecho, sino por la lógica de las alianzas, los favores y los pactos secretos, donde el gobierno decide quién puede competir y quién debe callar. Ya no se trata solo de una falta de transparencia electoral en los resultados, sino de un problema estructural que comienza mucho antes de que se emita el primer voto.

Con más de 36.000 postulaciones permitidas por el CNE y distribuidas entre 54 partidos controlados o permisados, se intenta simular una democracia que ya no existe. El pluralismo ha sido anulado, la crítica convertida en delito, y el voto reducido a una liturgia vacía que legitima a quienes reprimen, excluyen, niegan la progresividad y el fortalecimiento de la democracia participativa y protagónica constitucional.

No podemos llamar “elecciones libres” a un proceso donde el gobierno escoge quién compite. No se puede hablar de soberanía popular cuando dirigentes políticos izquierda son inhabilitados eternamente, con dirigentes sociales perseguidos, abogadas con títulos anulados por exigir transparencia electoral y jóvenes son reprimidos por ejercer su derecho a la protesta.

¿Y si nos hubieran permitido participar? ¿Cuántos votos hubiéramos obtenido si toda la izquierda disidente hubiera ido unida? ¿Cinco, siete, diez diputados? ¿En serio eso es una amenaza para un Estado que controla todos los poderes públicos, los medios, los tribunales, el sistema electoral y las fuerzas armadas bolivarianas? 

¿Cuál era el temor real? ¿O es que no toleran ni una voz crítica, ni siquiera una que se reclama heredera del pensamiento de Chávez? ¿Tan inseguros están que no aceptan la mínima disidencia interna? ¿O es simplemente una forma de pasar factura a quienes no se arrodillan? ¿Será que ya no les importa la democracia, sino solo el control social, la sumisión del pensamiento, la obediencia ciega? ¿Ese es el proyecto revolucionario que soñaron al principio? ¿Una democracia amputada, que solo tolera lo que no les incomoda?

La exclusión no es democracia. Es autoritarismo.

Por eso, no participamos. Y no por resignación, sino porque no nos permitieron participar. No participamos por rebeldía sino por exclusión. Porque participar en este contexto sería validar una estafa política al futuro de la democracia en Venezuela y engañar a un pueblo que ya no cree en simulacros. Nuestra posición es de denuncia ética, de resistencia política y de fidelidad a los principios democráticos. No nos arrodillamos por más limitaciones que nos impongan la nueva forma de pacto político que se ha develado.

Mientras se anuncian "comandos comunales" para administrar presupuestos bajo control partidista, nosotros reiteramos que el verdadero poder popular es autónomo, crítico y participativo, no subordinado al clientelismo y a las órdenes del partido hegemónico.

Desde VCD, llamamos al pueblo venezolano a organizarse desde abajo: en los barrios, en las comunas, en los sindicatos, en los colectivos, en cada espacio de lucha por la dignidad y la justicia. No necesitamos permiso del poder para ejercer ciudadanía.

Llamamos a los organismos internacionales, a los movimientos democráticos del mundo y a las organizaciones de derechos humanos, a no dejar solos a los millones de venezolanos silenciados, que no aparecen en las boletas, pero que resisten con dignidad en cada rincón del país.

Porque mientras no exista transparencia, igualdad de condiciones y respeto al pluralismo político, no se vota en democracia. Se vota en simulación.

Y nosotros no seremos parte del engaño.

¡Por la democracia verdadera, por la justicia social, por un país donde todas las voces cuenten!

VANGUARDIA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA (VCD)
Caracas, Venezuela – Mayo 2025