Pregúntemonos de entrada: ¿Quién, en su sano juicio, podrá negar de algún modo coherente que la oposición ultrareaccionaria, antinacional y racista, portadora de tintes fascistoides, viene cometiendo una consecutiva, impune, radical y deliberada transgresión de la Constitución y de todo el marco legal democrático de Venezuela, impulsada por el desesperado deseo de acabar de raíz con el chavismo y asumir el poder para siempre, en una permanente demostración de disonancia cognitiva que parece agudizarse aún más, a medida que transcurre el tiempo y no consigue su objetivo?. Lo más sensato sería responder que pocos le prestan atención. La mayoría razonable sabe que a la oposición ultrareaccionaria simplemente no le importa nada la gravedad de sus acciones en contra de las grandes mayorías de nuestro país al pedir reiterativamente que se incrementen las medidas coercitivas adoptadas por el régimen de Estados Unidos y sus aliados a fin de causar el colapso definitivo de la economía nacional y, con ésto, provocar el descontento popular que le pondría fin -según sus malévolos cálculos- al mandato de Nicolás Maduro, olvidándose del hecho de que el pueblo de Venezuela ya no es el mismo que controlaban las castas políticas, económicas y sociales de la época puntofijista. Ahora el pueblo, de una manera distinta a la imaginada por María Corina Machado, Leopoldo López, Antonio Ledezma, Julio Borges, Juan Guaidó y su títere «presidencial» Edmundo González Urrutia, aspira a vivir en paz sin los sobresaltos provocados por su voluntad de apropiarse de los derechos soberanos de la mayoría de los venezolanos y las venezolanas. Simultáneamente, a pesar de la avalancha de noticias falsas que los presentan como salvadores de la patria, el pueblo entiende que semejantes personajes están más que dispuestos a servirle en bandeja de plata el petróleo y demás riquezas naturales que aquí se hallan al imperialismo estadounidense, sin considerar en lo más mínimo la pérdida de la soberanía nacional ni el sometimiento servil que esto supondría a un poder extranjero como el de Estados Unidos.
Por eso es necesario que los sectores populares estén alertas ante la difusión de noticias falsas con la pretensión de desencadenar un terrorismo mediático, aprovechando el uso cotidiano de redes sociales y la complicidad de los grandes medios informativos foráneos, con la idea de mantener un estado de zozobra entre la población y la sensación de que no se podrá vivir en paz mientras gobierne Nicolás Maduro. Éste sería el primer frente de batalla que les corresponde asumir a aquellos que se identifican plenamente con el chavismo, pero también a quienes -sin estar, como se dice, en la acera de enfrente, aupando a los grupos de oposición; ni son aduladores de oficio- siguen planteando desde hace mucho tiempo una transformación estructural real del modelo de sociedad venezolano. Para lograr dicho objetivo es preciso producir una serie de debates serios, pluralistas e inclusivos, así como la difusión masiva de análisis escritos, nacionales o extranjeros, en torno a las diferentes perspectivas que se le presentan a Venezuela en el marco de la construcción colectiva de una revolución socialista.
Como elemento de importancia, se deben profundizar los diferentes cambios (legislativos, socio-culturales y prácticos) que han tenido lugar durante estos veinticinco años de haberse iniciado el proceso revolucionario bolivariano. En especial, los que están orientados a establecer un verdadero poder popular y una verdadera democracia participativa, consensual y protagónica, sin la exclusión ni la desigualdad social y económica a la cual nos condenaría, de tomar el poder, la dupla Machado-González Urrutia y su combo fascistoide de resentidos sociales. De postergárseles, se estará contribuyendo a la erosión moral de millones de ciudadanos venezolanos que siguen aspirando a que la revolución socialista bolivariana sea una realidad palpable y no una mera pieza discursiva.
Un elemento adicional digno de tomar en cuenta es el robo hecho a los fondos millonarios que destinaron los gobiernos yanquis por intermedio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) -según algunos cálculos, más de 2.800 millones de dólares- a los principales representantes de la derecha reaccionaria para, supuestamente, cubrir la emergencia sanitaria y alimentaria que ellos mismos provocaron, así como para financiar organizaciones no gubernamentales y partidos políticos afines con el propósito nunca desahuciado de derrocar al gobierno. El mismo gobierno de Trump está determinando el desfalco protagonizado por Juan Guaidó, Carlos Vecchio, Julio Borges, Antonio Ledezma, Leopoldo López, su esposa Lilian Tintori y otros más, lo que termina por definir su perfil hamponil, de un modo que no deja lugar a dudas; cuestión que no habría ocurrido si en la Casa Blanca no se les hubiera dado tal cantidad de dinero, creyendo en sus promesas de acabar, de manera inminente, con el régimen chavista. A esto se le agregarían los delitos de robo de activos (Citgo, el oro retenido por Reino Unido y Monómeros), usurpación de funciones, conspiración, promoción de actos de terrorismo y traición a la Patria, según lo informó el Fiscal General de la República. Con todos esos antecedentes a la vista de todos, resulta irónico y absurdo que todavía pueda haber alguien «desprevenido» dispuesto a prestarle algún tipo de atención a la derecha reaccionaria en Venezuela sin que se le considere desquiciado o, en el peor de los casos, tarado (aunque esta condición sea una discapacidad y no simple ignorancia o una propensión a creer en realidades alternas o alteradas).
