Revolución y solvencia laboral

Hoy en día identificar quién esta comprometido con nuestro pueblo, es una tarea sumamente complicada, y lo es más cuando los que están sometidos a la observación, se encuentran al frente de cargos de elección popular. Claro está, todo se complica un poco más, debido al desconocimiento de la teoría revolucionaria, por parte de la población. Razón por la cual algunas veces aceptan el gato en vez de la liebre.

Pero hay un dicho que siempre repite el Presidente, y dice: “por más que se tongonee siempre se les ve el bojote”.

En la política regional, en estas últimas semanas hemos visto algunas acciones que revelan cuál es la posición que los define.

Nuestro Poder ejecutivo regional, elegido con los votos del pueblo comprometido con la creación de la Venezuela Socialista, emitió hace poco un decreto Regional que intenta desconocer el Decreto presidencial emitido el 30 de Enero de 2006, que reglamenta la necesidad de la Solvencia Laboral. Este decreto Presidencial va dirigido especialmente, a la protección del trabajador venezolano y obliga a que las empresas y sus patronos se pongan al día con los derechos laborales de estos. Ya que abundan las empresas que no pagan al menos un salario mínimo, la cesta ticket, vacaciones y muchos otros beneficios laborales, a los cuales se han hecho merecedores nuestros trabajadores, en sus luchas, a través de los años.

Si el principal insumo utilizado por nuestros dirigentes, a la hora de arengar al pueblo, es lo concerniente al socialismo, resulta totalmente incongruente y contrarrevolucionario, ir en contra de este decreto Presidencial. Fundamentalmente, porque las revoluciones en el mundo, siempre han estado orientadas hacia la búsqueda de la justicia social. Y los principios socialistas buscan, además de justicia social, acabar con la explotación del hombre por el hombre, a través de la socialización de los medios de producción. Además de ir en contra del sistema de acumulación capitalista, que hace ricos a unos pocos y miserables a las grandes mayorías.

En gobiernos que hablan de implementar un sistema socialista, es inaceptable, el sostenimiento de testaferros, la contratación con empresas de maletín, que no cuentan con infraestructura, maquinarias y mucho menos con obreros y empleados, y que lo que hacen finalmente, es sub-contratar.

Contratar con el estado, se ha convertido en un gran negocio, donde nadie arriesga nada. Es de esas operaciones donde todos ganan, menos el país. Este funge simplemente como un gestor y protector de ilegalidades, donde se entregan obras por encima de su valor, que permita llenarles los bolsillos a todos los que participan, y donde se protege finalmente al que hace la obra, cuando esta, en menos del tiempo previsto se desmorona, por haber hecho uso del peor de los insumos. Pero se hace merecedor de la protección gubernamental, por el hecho de haber realizado una “buena repartición”.

En este estado tenemos que definir, si estamos en presencia de un proceso neoliberal corruptor o si vamos rumbo hacia la Venezuela socialista, porque en este tipo de sistema, en primer lugar, no existen los patronos y mucho menos se le da preferencias, sobre el proletariado.

La revolución que impulsa el Comandante de este proceso, va dirigida a proteger y a beneficiar a los más débiles, el estado debe fungir como un equilibrador, entre el patrono opresor y el trabajador. Ir en contra del decreto Presidencial, es colocarse de espaldas al pueblo. Colocarse al lado de los patronos, en la situación en la que se encuentran los trabajadores de este estado, resulta un total descaro. Y no hay nada en el mundo que lo justifique, porque por encima de cualquier obra que pueda realizarse, está el bienestar, siempre pateado, del trabajador sucrense.

Hace poco salieron en la prensa defendiendo el decreto regional que desconoce el decreto Presidencial, los señores Ayad Jazzan y Valentino Alterio. Quienes junto a Manolo Alonso y otros empresarios, contados todos con los dedos de una mano, vienen siendo señalados de ser testaferros de altos funcionarios en este estado. Uno de ellos posee más de 30 empresas.

En la mayoría de las oportunidades que son sometidas a licitación, las obras del Estado, son los que finalmente resultan beneficiados, sobre todo cuando son declaradas desiertas, que es casi siempre. Es la razón por la cual, los señores de Fedeindustrias, aparecen defendiendo a brazo partido, el patronista Decreto Regional.

Sería bueno que la Inspectoría del Trabajo, determine cuales de las empresas favoritas de la gobernación, paga un salario justo a sus trabajadores, está solvente con el seguro social, con la Ley de Política Habitacional, con el Ince, con el Seguro de Paro Forzoso, entre otros. También resulta interesante saber; cuál de éstas, cumple con el pago de Cesta Ticket y cancela los beneficios del que se han hecho merecedores los trabajadores, al finalizar su contrato laboral.

El pueblo debe darse cuenta, de quiénes lo favorecen con el discurso, pero en los hechos le clava la puñalada.

Es normal y hasta comprensible que los empresarios salgan defendiendo este decreto regional. Hace algunos días la gobernación dió a uno de ellos, un contrato de más de 800 millones, para distribuir computadoras a liceos y escuelas, sin pasar por un proceso de licitación y sin demostrar su solvencia laboral, con sus trabajadores. Esta Acción gubernamental los motiva, a que le den su total respaldo.


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Pedro Figueroa


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