La transnacional Mitsubishi Motors Corporation MCM., ubicada en el estado Anzoátegui, Barcelona, actualmente se dedica de forma conveniente a importar vehículos Hyundai de alta gama, obteniendo impresionantes ganancias, tras cerrar ilegalmente su ensambladora, acción que dejó en la calle a centenares de trabajadores junto a sus familiares.
Esta empresa, firmó un contrato colectivo por 3 años con sus trabajadores, documento presupuestado y liquidado en dólares, sin embargo los administradores nunca respetaron ni hicieron honor a las cláusulas acordadas. Posteriormente, en el año 2021, acordaron mediante un acta, junto al Ministerio del Trabajo que mediante un crédito pagarían los pasivos laborales.
Nos preguntamos: ¿Cómo es posible que todavía, ante los tribunales del estado Anzoátegui, nos encontremos más de 400 obreros demandando, "desde hace 9 años" de nuestras vidas, pasando trabajo, penurias, esperando que se cumplan las órdenes de los organismos del estado?. En total somos 850 padres y madres de familias afectados, en esta casi una década, dolorosamente, han fallecido trabajadores esperando por sus pagos, lo que ha significado un viacrucis. Hay trabajadores con años de servicio de 12, 20 y 33.
Esta agresión laboral de ultraje (robo) de nuestros derechos laborales económicos, nos ha perjudicado física y psicológicamente durante todo este periodo que hemos enfrentado el sabotaje, bloqueo y corrupción en el país. Que de haberse recibido los pagos como debió ser en su justo momento, nos hubiera ayudado mucho a sobrellevar la situación con menor afectación y sufrimiento.
Es inaceptable, que el patrono se pueda dar el descarado atrevimiento de incumplir, evitar pagar y no ser penalizado y/o judicializado. Caso contrario para los trabajadores que entregamos nuestras vidas laborando, para ahora quedar padeciendo de la salud por la explotación. Que injusta son las leyes y los tribunales de este estado contra el pobre obrero, que no le respetan el debido proceso, lo ignoran, amedrentan, hasta los procesan penalmente por reclamar y peor aún, lo encarcelan. ¡Esto no puede continuar!
Estamos demandando todo lo que esta empresa trasnacional, se comprometió a pagar tanto por contrato como en actas, y que el estado venezolano mediante providencia administrativa así como de las sentencias de los tribunales en varias instancias lo reconoció, ¿Entonces qué pasa con la autoridad de los jueces?. A continuación describimos nuestras exigencias de forma puntual:
1) Exigimos el reconocimiento de las Cestas Navideñas cómo lo ordena el TSJ, sentencia N° 328, de la Sala de Casación Social de fecha 02/08/2023.
2) Exigimos el reconocimiento y la entrega de todas las dotaciones de uniformes, botas de seguridad, toallas, jabones, crema dental, impermeable y botas caña alta, especificadas en el contrato colectivo, cómo lo deja claro el TSJ, sentencia N° 328, de la Sala de casación Social de fecha 02/08/2023.
3) Exigimos el total cumplimiento de manera íntegra del beneficio Cestas Ticket Socialista de Alimentación, como lo sentencia, el Tribunal Cuarto laboral del Edo Anzoátegui, en Noviembre 2023– N° Exp BP02-L-2019-027.
4) Exigimos el cálculo correspondiente de 150$ por año como prestaciones sociales, que se acordó con la empresa en acta convenio firmada en el ministerio del trabajo en 23 de julio del año 2021.
Los trabajadores estamos conscientes que para hacer valer nuestros derechos y dignidad, necesitamos del apoyo unitario de la clase trabajadora nacional e internacional, por eso pedimos toda la solidaridad posible de la clase obrera.
¡Basta de abuso de poder!
¡Basta de retrasos intencional, corrupción y clientelismo!
¡Basta de atropello contra la clase trabajadora y sus familias!