02-02-26.-Este viernes, en la sede del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvemal) del estado Lara se desarrolló una asamblea de docentes jubilados, quienes alzaron su voz de protesta ante lo que califican como una ofensa por parte del Estado venezolano respecto al pago de sus prestaciones sociales, las cuales fueron canceladas de acuerdo al salario mínimo actual.
Los educadores, que pasaron a la condición de jubilados en julio de 2024, denunciaron que el Ejecutivo Nacional tardó 17 meses en liquidar sus pasivos laborales, entregando montos que no cubren ni sus necesidades básicas como la compra de sus medicamentos, alimentos o ropa.
Hilda Peña, secretaria general de Sinvemal, seccional Lara, explicó que la lucha legal ahora se centra en el cumplimiento de la Constitución.
"El reclamo va en la exigencia del pago de los intereses de mora, tal como lo establece el artículo 92 de la Constitución, que dicta que el patrono debe pagar de inmediato las prestaciones al jubilar", señaló Peña.
La dirigente gremial destacó que los 2.880 docentes afectados sufrieron un doble desmejoramiento.
"Al ser migrados de la nómina estadal a la nacional, perdieron primas y beneficios de sus contratos colectivos originales. El retraso de casi un año y medio diluyó el valor adquisitivo del pago recibido", agregó Peña.
Los afectados alegaron que no es lo mismo recibir el pago de las prestaciones en el 2024, que recibirlas 17 meses después.
Según informó el sindicato, un docente con 35 o 40 años de servicio recibió un pago máximo de 150 dólares, una situación que afecta emocionalmente a quienes lo dieron todo por la educación.
Testimonios de la crisis: Ni pa’ los pasajes
 |
| Zulinde de Correa, docente jubilada |
Zulinde de Correa, docente jubilada, recibió su pago el pasado 30 de diciembre de 2025. Ella es uno de tantos casos que se vieron denigrados con las prestaciones que recibieron.
"Me dieron 135 dólares. Por una situación de salud tuve que acudir a la caja de ahorros para complementar y comprar medicamentos, porque para eso fue para lo que me sirvió", relató con frustración Zulinde.
Correa denunció que, debido a la migración administrativa, le eliminaron incluso su beneficio por nivel de profesionalización y maestría.
Asimismo, Correa relató que su situación económica es crítica. "De ingreso quincenal percibí 403 bolívares, que tras las deducciones quedan en 260 bolívares".
En gastos de transporte, Correa gasta en su trayecto de ida y vuelta desde Palavecino al municipio Iribarren, un aproximado de 200 bolívares al día.
"Sobrevivo gracias al apoyo de mi esposo e hijo, ya que la pensión no alcanza ni para los pasajes", subrayó la docente jubilada.
Desde Sinvemal en Lara advirtieron que la política de bonificación del salario, donde los aumentos se dan vía bonos que no inciden en beneficios laborales, ha destruido el patrimonio de los educadores.
"Desde marzo de 2022 no recibimos aumento salarial real. Estas bonificaciones no tienen incidencia ni en prestaciones, ni en aguinaldos, ni en bono vacacional", concluyó Peña.
Finalmente, los docentes larenses aseguraron que continuarán sus acciones legales hasta que se dignifique su labor y se cumpla con el artículo 91 de la Constitución, que hablar de garantizar un salario suficiente para vivir con dignidad.