¿Hacia dónde marcha la Transición?
La intervención militar y el golpe de Estado perpetrado el pasado 3E por el ejército de EEUU para deponer al gobierno de Nicolás Maduro, violando el derecho internacional, se hizo con el propósito de tomar el control directo del país para imponer a la Nación venezolana sus intereses geoestratégicos y geoeconómicos. Nunca estuvo en la agenda internacional de EEUU promover una “transición a la libertad y la democracia” en Venezuela. Su único propósito es, y ha sido siempre, garantizar la permanencia en Miraflores de un gobierno “amigable”, dócil y sumiso, que privilegie los intereses económicos y geopolíticos de EEUU por encima del interés nacional. Un gobierno que facilite la entrega incondicional al gran capital transnacional depredador, de manera exclusiva y preferente, del petróleo y demás minerales estratégicos que posee el país en abundancia y hoy demanda con urgencia el decadente imperio estadounidense, para estar en mejores condiciones de competir la supremacía global a China y los BRICS. Ese es el papel que esperan cumpla bajo coacción el gobierno de la presidenta encargada Delsy Rodríguez.
Más allá de controlar la economía extractivista venezolana y su mercado de consumo, lo que históricamente ha perseguido el imperio estadounidense es horadar la soberanía y la independencia de la Nación para someternos a una relación colonial plena en el siglo XXI. Ese dominio no se agota en el control del petróleo, el oro, la bauxita, el coltán y las tierras raras, a través de los tradicionales contratos leoninos y los términos de intercambio viles, porque hoy su alcance está fuertemente determinado por el nuevo orden geopolítico multipolar emergente, del que da cuenta la nueva “doctrina de seguridad nacional” de EE UU, que por cierto no es nada original porque es solo una ampliación de la vieja “doctrina Monroe” (1823).
Al pretender aplicar esa doctrina imperialista en el caso venezolano, el gobierno de EE UU no solo busca garantizar el acceso privilegiado y a precios de gallina flaca de las reservas petroleras y mineras venezolanas, sino también, limitar, condicionar o excluir la participación directa de inversiones procedentes de China, Rusia, India, Irán o cualquier otro país que considere que chocan con sus intereses económicos o geopolíticos. Bajo la aplicación de éste modelo de tutelaje, facilitado por la reciente reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, se conculca la facultad del Estado venezolano de ejercer la soberanía en materia de política petrolera, al cederle a las empresas operadoras transnacionales la facultad de manejar la gestión, producción y comercialización del petróleo; utilizando la armada de EE UU, violando flagrantemente el derecho internacional, para ejercer el control del tránsito marítimo internacional con el fin de garantizar que solo circulen los tanqueros, con crudo y productos venezolano, que sean permitidos por ese país o en caso contrario, serán abordados y confiscarlos por no tener la “autorización legal de EE UU”. Según la Casa Blanca, "el único petróleo que entrará y saldrá de Venezuela será a través de canales legítimos y autorizados, de conformidad con la ley estadounidense y la seguridad nacional". Para cerrar con broche de oro negro el circuito de acumulación por desposeción (Harvey) a través de la rapiña y el saqueo de la renta petrolera, Trump anunció: “el acuerdo petrolero incluye que Venezuela va a comprar unicamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero". Pagan y se dan el vuelto.
Lo cierto es que la nueva redistribución del poder global tiende a limitar el área de influencia hegemónica de EE UU al hemisferio occidental y dentro de éste, juega un papel fundamental América Latina y El Caribe. Ese nuevo escenario del tablero geopolítico convierte como nunca a “Nuestra América” en el “espacio vital” de EE UU, del cual depende en buena medida su sobrevivencia como potencia global. Esa realidad se está traduciendo aceleradamente en un mayor despliegue de su capacidad de control político y militar en la región, para imponer sus designios reviviendo las políticas del “gran garrote” (T. Roosevelt) y la “diplomacia del dólar” (H. Taft). En éste contexto, el alcance de las nuevas relaciones de EE UU con la región latinoamericana y caribeña, tienden a estar determinadas por su intensión de lograr el alineamiento irrestricto de los Estados que están al sur del río grande, con su política exterior y de “seguridad hemisférica”, asumida ésta como el eje central de su “seguridad nacional”. Es la urgencia de un imperio decadente que intenta mantener manu militari su hegemonía en el hemisferio occidental y a esos efectos está aprovechando la grave crisis político-institucional y el fraccionamiento interno del país para iniciar por Venezuela un proceso de re-colonización de América Latina y el Caribe en el siglo XXI.
Sería un error considerar que la intervención militar de EEUU del 3E y los efectos de la consiguiente derrota político-militar que sufrió el gobierno-PSUV serán breves o transitorios y que solo afectará al régimen madurista y no traerá consecuencias graves de largo aliento para la Nación venezolana y el resto de los países de la región e incluso del mundo. Lo primero que dijo sin eufemismos el presidente Trump, alardeando del éxito de la intervención que ejecutó fue: “gobernaremos el país hasta que se complete allí una transición segura, apropiada y juiciosa”. También dejó abierta la posibilidad de ordenar una nueva incursión del ejército estadounidense y colocar tropas en el terreno para “garantizar que el país se gobierne adecuadamente”, no sin antes advertir amenazante que vienen por el botín : “Haremos que nuestras enormes compañías estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, gasten miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura gravemente dañada, la infraestructura petrolera, y comiencen a ganar dinero para el país, y estamos listos para organizar un segundo ataque si es necesario”. Así mismo dijo cínicamente Trump, refiriéndose a las reservas de petróleo de Venezuela: “Una ocupación estadounidense no nos costará ni un centavo porque Estados Unidos sería reembolsado con el “dinero que salga de la tierra”.
Otra perla que soltó Trump que define claramente la nueva relación colonial que pretende imponer EEUU a Venezuela, es que los ingresos petroleros del país serán administrados, desde una cuenta offshore en Catar, directamente por el “emperador” Trump y su “Capital General” Marcos Rubio y a esos fines harán el reparto de lo que le toca a EEUU y lo que entregarán, según su “criterio tutorial”. a la dueña del petróleo que es la nación venezolana. No sería un disparate suponer que, como lo anunció el propio Trump, una parte importante de esos ingresos petroleros lo destinarán a pagar el enorme costo, causado y por causar, del despliegue militar en el Caribe del Comando Sur y la operación de intervención del 3E. Además no solo controlarán indefinidamente los ingresos y la producción del petróleo, también tendrán en sus manos la facultad de decidir a quien se le vende y a que precio. Por donde quiera que se mire éste oscuro panorama, estamos en presencia del despojo de la principal y prácticamente única fuente de ingresos en divisas del país, de la cual depende además la economía y el funcionamiento del Estado venezolano.
A través de su Secretario de Estado Marcos Rubio, Trump delineó su “plan de conquista” indicando que se ejecutará en las siguientes tres etapas: estabilización, recuperación y transición.
La estabilización tiene como objetivo la prevención y contención de las posibles reacciones de rechazo de la población a la intervención extranjera, garantizando la estabilidad y el funcionamiento del Estado. A diferencia de otras intervenciones, en el caso venezolano el gobierno estadounidense optó por “permitir” la sucesión constitucional temporal de la Jefatura de Estado, por la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delsy Rodríguez, con el fin de evitar la deriva hacia una guerra civil como ocurrió en casos emblemáticos como el de Libia e Irak, lo que obviamente no le convendría a EEUU. Sin embargo, como ya dijimos en ésta etapa y hasta nuevo aviso, el control y manejo discrecional de los ingresos petroleros y su destino presupuestario, se lo reservó el magnate “emperador” Trump y para garantizar el cumplimiento de sus órdenes mantendrá indefinidamente controladas las costas venezolanas, con paso discrecional, a través de la megabase militar flotante desde la cual tiene acceso inmediato al territorio nacional, no sin antes amenazar a la presidenta provisional advirtiéndole que “si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que el de Maduro”.
La recuperación, entendida como la reintegración de Venezuela al mercado global o más explícitamente, para “garantizar que las empresas estadounidense, occidentales y de otros países tengan acceso al mercado venezolano de forma justa” (Rubio). Esta etapa no se refiere a la recuperación o reconstrucción de un país empobrecido y afectado por un largo conflicto interno, por la ineficiencia y corrupción del gobierno, un prolongado e implacable bloqueo económico y duras sanciones económico-financieras que terminaron de derrumbar la economía venezolana a partir de 2019. Se refiere al cambio radical de las condiciones que el Estado exije a las empresas extranjeras interesadas en invertir en el país, especialmente en el sector petrolero y minero. Pero también, al otorgamiento obligatorio de prioridad a las empresas estadounidenses y occidentales en el negocio petrolero y minero, respecto de las empresas Chinas, Rusas e Iraníes y otras. Esa nuevas “condiciones de inversión” impuestas por la fuerza, revocan conquistas históricas muy sensibles en materia de ejercicio de la soberanía petrolera y en general de la soberanía nacional tales como son el control por el Estado de la gestión, administración y libre comercialización de la actividad petrolera, la reducción significativa de la participación fiscal en el usufructo del recurso, la renuncia a la inmunidad de jurisdicción y al control por la Asamblea Nacional de los contratos petroleros. La reforma fast track por la AN de la Ley Orgánica de Hidrocarburo recoge en buena medida, las “nuevas condiciones de Inversión” demandadas por la Empresas Transnacionales estadounidenses al “emperador” Trump, las cuales nos retrotraen a los tiempos de la dictadura gomecista. Además de condiciones de inversión “soñadas”, Trump y Rubio en su nuevo rol de “conductores” del país ofrecieron también “seguridad total” a las empresas estadounidenses interesadas en invertir en la industria petrolera venezolana. Extrañamente ésta idea no surgió de una demanda de las compañías petroleras, muchas de las cuales han estado instaladas en Venezuela por mucho tiempo y conocen el terreno, quizás porque nunca han sido víctima de alguna agresión, ataques o sabotajes a sus instalaciones. Fueron Trump y Rubio quienes plantearon la necesidad de establecer un pie de fuerza militar privado (mercenarios), gestionado por contratistas especializados, con independencia de la seguridad del Estado, supuestamente para garantizar la seguridad en la etapa de “reconstrucción de la infraestructura energética”, aplicando otras experiencias desastrosas como la de Irak, cuyo financiamiento provendría del beneficio de la actividad petrolera. El verdadero propósito parece ser sustituir la permanencia prolongada de tropas del pentágono en territorio venezolano, pero en la práctica estamos en presencia de un ejército extranjero, actuando con autonomía e independencia, sin el control del Estado y fuera del marco legal venezolano, ocupando la seguridad de nuestra industria estratégica vital fundamental, manejada enclaves en el amplio territorio que ocupa la basta infraestructura petrolera del país. La presencia de esas milicias privadas bajo la protección de Washington rompe la integridad y soberanía territorial de la Nación.
La transición concebido como un proceso de diálogo y negociación entre el gobierno de Delsy y el Trump para avanzar hacia la democratización y reinstitucionalización del país, lo que significa realmente para éste último es garantizar que en Miraflores se instale un gobierno funcional a los intereses de EEUU, en el entendido de que ésta etapa como las dos anteriores forman parte de un “paquete” impuesto por la fuerza y tutelado desde Washington. Eso significa que todo el proceso, incluyendo las elecciones y sus resultados, deberá correr a satisfacción del imperio como una “democracia tutelada” sip, porque para los que aún no han caído en cuenta de que la dura realidad que surgió a partir del 3E es, que la relación entre EEUU y Venezuela ya no es entre dos estados independientes y soberanos, sino entre una potencia colonial y una colonia subordinadas. Si las cosas siguen así y el gobierno de Delsy Rodríguez decide plegarse completamente al “plan Trump”, la “transición” marchará por inercia hacia la conversión de Venezuela en una colonia estadounidense. Ante esta cruda y compleja realidad, las venezolanas y los venezolanos estamos obligados a organizarnos para luchar unidos, como una sola Nación, por el rescate de la Constitución, la independencia y la soberanía nacional. !La lucha es larga y compleja, comencemos ya!
