En Venezuela, la ley es estricta con las competencias profesionales. Un médico debe estudiar siete años para tomar un bisturí y salvar una vida; un ingeniero debe formarse un lustro para garantizar que un edificio no colapse sobre sus habitantes; un abogado requiere casi una década de especialización para defender la libertad de un ciudadano en un tribunal. Existe una lógica de responsabilidad civil elemental: a mayor riesgo, mayor debe ser la preparación.
Sin embargo, en la cúspide de nuestra estructura institucional, nos enfrentamos a una contradicción alarmante. Para el cargo de Presidente de la República, quien tiene bajo su responsabilidad la economía, la seguridad, la integridad territorial, la soberanía y el futuro de 30 millones de venezolanos, el único requisito real parece ser la voluntad política. ¿Es lógico que la gestión de una nación entera sea el único oficio de alto riesgo que se pretenda ejercer mediante la improvisación?
Una distinción necesaria: El Presidente como garante
Es fundamental aclarar que esta propuesta no busca limitar la participación democrática de base. Los cargos de elección popular concejales, alcaldes e incluso gobernadores de estado deben seguir siendo espacios de libre participación y representación directa. Es en las regiones donde el liderazgo social y la cercanía con el pueblo deben prevalecer, funcionando como la escuela natural de la política.
Pero la Presidencia de la República es un caso excepcional y único. Como máxima autoridad civil y garante de la constitucionalidad, el Jefe de Estado no puede llegar al cargo a "aprender sobre la marcha". La complejidad de un mundo hiperconectado exige que quien ocupe la primera magistratura posea una formación técnica y académica mínima.
El "Propedéutico de la Nación"
La propuesta es concreta: Nuestras universidades nacionales deben abrir un espacio académico obligatorio para la preparación de quienes aspiren a la Presidencia. No se trata de un curso opcional, sino de un requisito académico sine qua non para inscribir una candidatura presidencial.
Un aspirante a dirigir el destino de Venezuela debería demostrar conocimientos certificados en áreas críticas tales como:
1- Hacienda Pública y Macroeconomía: Para administrar el erario con rigor científico.
2- Derecho Constitucional Profundo: Para que el respeto a la ley y la democracia no dependa de un capricho personal.
3- Geopolítica y Seguridad Internacional: Para insertar al país en el mundo con estrategia y dignidad.
4- Ética Pública y Gerencia de Crisis: Para responder con método ante las emergencias nacionales.
En fin debe existir un filtro de responsabilidad, no se trata de excluir por origen, sino de incluir por capacidad. Si exigimos excelencia para quien opera a una sola persona en un quirófano, ¿por qué no exigir excelencia para quien toma decisiones que afectan a 30 millones de almas?.
Las universidades venezolanas, como faros de luz, deben ser las guardianas de este estándar. Al profesionalizar exclusivamente la Presidencia blindamos la institución más importante del país y garantizamos que el próximo timonel tenga la brújula del conocimiento en sus manos o al menos la mínima capacidad de maniobra institucional. Gobernar es una ciencia, y Venezuela ya no puede permitirse mas el lujo de ser un laboratorio de errores e improvisaciones simpáticas.
