Derechos laborales conculcados

El estado Democrático, Social, de Derecho y de justicia previsto en nuestra Constitución, es el marco político-jurídico de referencia permanente de los trabajadores, en su lucha por alcanzar el justo y equitativo reparto de los ingresos.

Beneficios que producen con el sudor de su frente, generándole al país junto a los otros factores que intervienen en los distintos procesos de extracción, producción y distribución de bienes y servicios, la riqueza nacional. Ésa es la contribución de la clase trabajadora, desde que se organizó jurídica y políticamente.

Estos beneficios de carácter estratégico y de consumo vital, principalmente son provenientes de la explotación y/o transformación de nuestras energías y recursos naturales: actividades petroleras, petroquímicas, metalúrgicas, ferrominera, gasíferas, pesqueras, aeronáuticas, portuarias, terrestres, hidroeléctricas, hídricas, mineras, agro productivas y agroecológicas; y se han logrado pese a los bloqueos y sanciones, con talento y/o mano de obra pública y privada organizada en la industria, el comercio y la manufactura.

A éstas se le suman otras actividades y servicios neurálgicos para el pueblo contemplados como derechos en nuestra Carta Magna que prevé una vida digna con ingresos que apunten a mejorar y garantizar la calidad de vida de la población toda, servicios y actividades tales como: la salud, la educación, distribución de energía eléctrica, gas doméstico, agua potable y la construcción de obras civiles (viviendas e infraestructura) en todas las instancias de la administración pública y la empresa privada; y en actividades manufactureras: elaboración de insumos y de bienes finales en la rama de la confección textil y el calzado que se materializan en bienes de primera necesidad; a las cuales se suman también las retribuciones de los profesionales, académicos, profesores, maestros, artesanos, empleados públicos, obreros, artistas, cultores, poetas, técnicos y científicos; amen de las tareas complementarias que requieren también de la transformación de materia prima a nivel altamente tecnológico e industrial; cuya sumatoria total de factores productivos empleados, constituyen la Renta Nacional que ayuda a medir el crecimiento económica de una Nación.

El trabajo productivo que se realiza hoy como base del desarrollo y crecimiento económico del país, comenzó a consolidarse a partir de la organización social de millones de trabajadoras y trabajadores venezolanos, al menos con las centrales obreras y sindicales creadas en los años 60, que cuantifican infinitas horas, días, meses y años de esfuerzos físico e intelectual, que sirvieron y aún tienen vigencia por su valor, constancia y trascendencia muy determinantes en la creación de la riqueza nacional.

Durante el desarrollo de los dos (2) últimos modelos de organización político/constitucional en 67 años de "vida democrática", desde el derrocamiento del General Marcos Pérez Jiménez en 1958, hasta este año 2025; hemos atravesado desde la democracia representativa, con su modelo político/económico excluyente, direccionado y dominado por el bipartidismo AD/Copei, al cual se adhirieron centrales obreras y sindicales como un componente más, y un modelo establecido en el acuerdo mayoritario que asumimos desde 1.999, que buscaba romper con la comodidad e injusticia laboral -así lo prevén sus derechos y garantías laborales desarrolladas en el cuerpo legal constitucional, en la LOTTT y demás leyes relacionadas a este ámbito- que garantizan una equitativa y justa distribución de los beneficios o frutos del trabajo por parte de los trabajadores.

Sin embargo, después del 2013 la mal llamada "dirigencia sindical" que acompaña al nuevo poder ejecutivo a Miraflores para cumplir la Constitución y profundizar los derechos conquistados especialmente los laborales, han deshonrado con su comportamiento complaciente, el contenido y espíritu humanista, solidario y de avanzada, la lucha por sus derechos y lograr más y mejores conquistas para los trabajadores, siendo la principal; reducir la brecha de la desigual distribución de los beneficios y procurar una mayor o justa asignación de salario, suficiente, digno e integral, que garantice DIGNIDAD Y CALIDAD DE VIDA siempre acorde a las necesidades reales del trabajador sin descuidar los niveles de la productividad nacional y la reposición de la empresa, fábrica o industria, después de calcular en cada factor que interviene en la producción, su desgaste físico y/o humano y el tiempo en horas de dedicación a las tareas.

Este pseudo liderazgo complaciente y entreguista que no está a la altura política y conciencia necesarias, se olvidó de su tarea fundamental: defender a la clase trabajadora, sus reivindicaciones, aquellas que, por mérito al esfuerzo laboral y justicia social, estaban y siguen pendientes sobre la mesa, sino que por el contrario, la clase dirigencial de los trabajadores permitió el despojo, violación sistemática de derechos conquistados y el conculcamiento de los derechos laborales desconociendo la letra de nuestra Carta Magna y de la LOTTT que abogan por la equidad, una justa remuneración en la distribución de los beneficios generados por la producción social para garantizar lo que llamaba Bolívar la "libertad social".


Desde 2016 la perfidia contra la clase trabajadora avanza. La justicia social en materia laboral, ha sido olvidada y enterrada con la complicidad de estos sindicalistas complacientes. Y no habrá forma de cumplirla sino es con la consciencia y organización de TODO el pueblo más allá de ideologías de derecha o izquierda: Nuestra tarea fundamental hoy como movimiento social, no sólo es levantar nuestras voces, sino apropiarnos de la defensa de la Constitución y las leyes laborales a fines de que se reconozcan equitativamente entre sí, los factores de la producción: CAPITAL, MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO; especialmente este último, por ser el representante genuino de la fuerza de trabajo, y la preparación técnica y profesional, dedicación, sacrificio, voluntad, y valores de responsabilidad, esfuerzo propio, cantidad de manos, pies y cabezas disponibles, la intensidad en el esfuerzo físico y mental para incrementar el valor y el volumen de los bienes y servicios producidos, y la cantidad del tiempo en horas/hombre empleados; que requiere de una contraprestación salarial equitativa, y no las limosnas que ha recibido históricamente; es decir, una masa mayor de recursos económicos tangibles para la seguridad integral, que redunde en calidad de vida sostenida en el tiempo, para garantizar la Dignidad Humana.

No está de más recordar hoy que Venezuela es uno de los 5 países en el planeta, con las mayores reservas energéticas (petróleo, gas y minerales); con lo cual, dependerá de nosotros mismos (la clase trabajadora al frente), organizarnos política y económicamente para el aprovechamiento adecuado, transparente e inteligente de todos nuestros recursos económicos y haciendo honor a la Constitución referida a la imperiosa necesidad de construir un mejor modelo de distribución equitativa de los beneficios y/o excedentes.

La falta de atención y de reconocimiento de nuestros derechos constitucionales, no puede este gobierno seguir endosándoselas a las sanciones económicas ilegales y tampoco a la solicitud de invasión militar por parte de potencias extranjeras. Ya esa narrativa quedó en el olvido, tenemos pruebas suficientes de otros países sometidos a peores condiciones que las nuestras y sus gobiernos protegen a su población de los efectos y no sacrifican a los trabajadores y a la familia y el consumo para cargar sobre sus hombros el peso de la crisis inducida o no.

Desde el BHP denunciamos que desde el gobierno madurista se han y se siguen desmontando las estructuras del sistema de bienestar social general, desde el mismo año que asumió el poder en 2013. Para muestra un botón: el gobierno está violando desde hace 5 años el artículo 91 de la Constitución, y en su estrategia divisionista y fragmentaria logró lo que ya conocemos y que hoy en día sucede; en una masa laboral sin dirección, mucho menos organizada y que cada día está más empobrecida.

A partir de 2013 todas las decisiones respecto a la materia laboral tomadas desde el Ejecutivo, han sido para retrogradar los derechos de los trabajadores, colocándose al margen de la Constitución y fuera de sintonía, con el proceso de inclusión social y demostrando un absoluto desinterés por satisfacer las necesidades existenciales de nuestro pueblo y entre ellas, la de más de 10 millones de trabajadores que pronto arribarán a su 4to. año consecutivo sin aumento salarial; todo esto ocasionado por la desviación del rumbo político de la democracia protagónica y participativa y el estado Democrático, Social, de Derecho y de Justicia, para tomar el camino del neoliberalismo, violando para tal propósito, los frenos, pesos y contrapesos necesarios y que han resultado endebles en nuestra Constitución y prácticamente inexistentes para el equilibrio institucional, utilizando políticas monetaristas que favorecen y privilegian al gran capital transnacional financiero, tragándose con ello, el salario y las iniciativas de financiamiento para la inclusión social como lo son un salario digno y su incidencia en las prestaciones sociales, hoy desaparecidas.

Por ello nosotros; hombres y mujeres del pueblo trabajador digno, honesto, incansable y eficiente, movimientos sociales y trabajadores tod@s unidos, con nuestra conciencia e independencia, debemos organizarnos teniendo claro que los políticos mercenarios y oportunistas de turno, no colaborarán con esta enorme tarea y sólo desde nuestras propias fuerzas y en unión aún pensando distinto, tenemos el deber de construir frentes de batalla para hacer la tarea histórica que nos reclama la Patria.

De nada nos sirve tener representantes en las centrales gobierneras ni tampoco diputados como convidados de piedra y bozal de arepas que terminan vendiendo nuestras banderas de lucha al patrono oficial y a Fedecámaras.

Por tanto, hoy 1ero de mayo, nuestro llamado es a organizarnos desde abajo para de manera eficaz, enfrentar estos retos y luchar por la recuperación no sólo de la Constitución sino de la democracia participativa y protagónica que nos ha sido conculcada por un régimen autoritario, hambreador y neoliberal nuevo burgués.

Dirección Nacional del Bloque Histórico Popular.



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